ALICANTE. No hubo ni tanta unanimidad ni tanta transparencia sobre el plan hidrológico del Tajo, como este jueves se ha encargado de trasladar el Consejo de Estado a través de las agencias de información. En algunos aspectos del dictamen, se recogen reprimendas al Ministerio de Transición Ecológica por su manera de proceder por su transparencia, según ha denunciado la Generalitat Valenciana después de conocer en profundidad los 90 folios que componen el informe técnico que avalaría la aprobación del plan hidrológico del Tajo, y que supone una merca de recursos para el trasvase hacia el Segura.
Y en una de las cuestiones que es clave, como es la aplicación de caudales ecológicos en el Tajo a su paso por Aranjuez, en uno de los puntos del dictamen se recogen las reivindicaciones del Gobierno valenciano. Como que antes de aplicar esos caudales, previstos para 2027 y 2028, se deberían revisar la situación del río en 2026 del Programa Especial de Seguimiento. En concreto a partir del 1 de enero y someterlo a debate dentro de la Comisión Nacional de Agua. Y en función de esa evaluación incorporarlos de nuevo al plan hidrológico del Tajo, en su revisión, que está prevista dentro del ordenamiento jurídico.
"Los regímenes de los caudales ecológicos se aplicarán respetando los desembalses máximos admisibles desde la presa de Botarque hacia el río Tajo", refleja el dictamen, que añade que "esos caudales máximos de desembalse podrán ser modificados por el Gobierno central a través de reales decretos para garantizar la coherencia de los caudales ecológicos necesarios para el río".
En definitiva, el dictamen del Consejo de Estado admite una de las peticiones del Gobierno valenciano de dejar los caudales tal y como están en la actualidad -y que permiten más margen para trasvasar agua al Segura- y que se revisen en 2026, como en un principio habían pactado la Generalitat y el Gobierno central. Hay que recordar que ese acuerdo se modificó en pleno debate de la Comisión Nacional de Agua y la razón que aludió el Ministerio de Teresa Ribera es que no había consenso sobre esta materia. Finalmente, el consejo nacional acabó votando un texto diferente al que inicialmente se llevó a debate.
La Generalitat considera que el dictamen del Consejo de Estado sobre el real decreto del Gobierno que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas avala la posición de la administración valenciana e incide en apelar al ejecutivo central al diálogo, al tiempo que no descarta emprender la vía judicial.
Así lo ha explicado la vicepresidenta, Aitana Mas, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha apuntado que pese a que el dictamen es favorable al decreto, sí se advierte al Gobierno de la falta de coordinación que genera la eliminación de la disposición adicional novena, que era el punto de discordia que venía reclamando el Consell.
Mas ha indicado que este dictamen "refuerza" la posición de la Generalitat y ha instado al Gobierno a continuar dialogando, al tiempo que ha señalado que el ejecutivo autonómico está "estudiando legalmente las acciones que pueda realizar jurídicamente". Asimismo, ha señalado que el president, Ximo Puig, y la consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, están reunidos para valorar el Consell.
