ELCHE. Esta semana empezaba con la que está siendo una de las previsibles polémicas entre gobierno y oposición a cuenta del inicio del desmantelamiento de los carriles bici. El lunes una empresa empezaba a eliminar el carril de la avenida Juan Carlos I, lo que generó una espontánea protesta del colectivo ciclista y usuarios de la infraestructura, y el próximo paso será el de José María Buck. Ambos se eliminarán por una cifra algo superior a los 38.000 euros, mediante un contrato menor.
Concretamente, el coste de la eliminación será de 38.593,70 euros (con cargo a una partida de inversión del presupuesto), para lo cual se ha contratado a una empresa de Mutxamel, Cebreados SL, vía contrato menor de obras (modalidad que permite mayores importes que los contratos menores de servicios). El plazo para sendas actuaciones es de un mes, aunque presumiblemente será antes. Al menos con el caso de Juan Carlos I, está previsto que no se alargue más de la próxima semana. El siguiente carril será el de José María Buck.
Sendas actuaciones consisten en la retirada de los elementos balizadores, borrado de las marcas viales del carril bici y el desmontaje de los paneles complementarios de doble sentido, reposición de los carriles y estacionamientos a su estado original mediante señalización horizontal y vertical, y en el caso de que fuera necesario, desmontaje de los elementos semafóricos exclusivos de estos carriles. De la coordinación de Seguridad y Salud del contrato se encarga la murciana Imacapi, que tiene un contrato en vigor para actuaciones de este ámbito.
La memoria de la actuación se preparó en julio y ha empezado a ejecutarse esta semana, tras la fiestas patronales. Lo que ha generado críticas, además de quienes protestaban el lunes o en redes sociales, de PSOE y Compromís, pidiendo que se convoque la mesa de Movilidad o que se haya hecho en la segunda quincena de agosto. Por parte de Compromís, la portavoz Esther Díez apuntaba este viernes que los carriles bici segregados son más seguros, y estarían acorde a la guía más reciente del Ministerio de Movilidad. También disienten del informe de la policía local, el que ha utilizado el Ayuntamiento como aval para desmantelar estos carriles, ya que se indica que al ser bidireccionales generan un mayor estrés, y para Compromís se justifica en "costumbres de los conductores".
"Hemos pedido a la policía informe sobre las situaciones de inseguridad que genera en los propios niños y niñas la parada en doble fila de coches frente al colegio Santa María y también que aclare si se propone el cierre de las calles en la que existen retenciones de tráfico y se registran accidentes y en las que no existe carril bici, porque lo normal si se detectan elementos inseguros en una vía es reforzar la seguridad, en ningún caso proponer su cierre", decía Díez este viernes.
