ELCHE. En verano ya se había encarrilado el esperado alumbrado del residencial de Bonavista. Estaba ya en licitación antes de las elecciones, pero con los comicios y el proceso de cambio en la administración, era uno de tantos concursos públicos que quedaban pendientes. Ahora se ha adjudicado oficialmente, por lo que tan solo es cuestión de que empiece la ansiada instalación del alumbrado público para el vecindario, ya que son casi una veintena de calles, 18, las que llevan esperando para poder tener este servicio.
Se habían presentado cinco compañías y una UTE. Finalmente será Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (Sice), que pertenece al grupo multinacional ACS, quien se encargue de ejecutar la obra. Tiene un plazo de dos meses, por lo que este mismo año presumiblemente podría estar instalado el alumbrado público. Tendrá un coste de 693.994,91 euros. Un precio notoriamente inferior a los 850.000 de máximo que había establecido el Ayuntamiento, por lo que podía incurrir en una baja temeraria, pero la compañía lo ha justificado, por lo que ya tiene la vía libre para actuar tras formalizar el contrato.
Además de las farolas e instalaciones, se deberán ejecutar también distintas canalizaciones. Contará con iluminación LED. Será en las calles Mazarrón, Granja de Rocamora, Bolulla, Murla, Penáguila, Nogal, Cox, Pego, Gandía, Cipreses, Salinas, Orba, Paseo de Ronda, La Encina, Beniarrés, Relleu, Camino de Ferriol y Rafal.
La situación afecta desde 2008 (al menos en esa fecha se solicitó) a alrededor de 220 vecinos, que estuvieron negociando con la administración local para intentar forzarle a la instalación del alumbrado. En el mencionado año solicitaron la iluminación puesto que había bastantes quejas porque afectaba a muchas zonas oscuras, con los problemas de seguridad consecuentes. Ante la falta de receptividad, en 2016 pusieron el tema en manos de los abogados. El Ayuntamiento intentó certificar la titularidad privada de las calles referidas en la solicitud de la demandante, pero la jueza instructora resolvió que no se certificaba dicha privacidad. El anterior equipo de gobierno fue aplazando la sentencia de 2019 que condenaba al Ayuntamiento a su instalación, hasta este año que ya se activó el trámite.
