Los ediles de Alicante, en un momento del pleno extraordinario, celebrado de nuevo de forma telemática.ALICANTE. La ordenanza de convivencia de Alicante queda aprobada de forma definitiva. Como era previsible, la propuesta ha quedado refrendada por el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), con el soporte clave de los dos ediles de Vox: 16 votos, mayoría absoluta. Como también estaba anunciado, los tres grupos que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) han votado en contra (13 votos en contra) y han reiterado su compromiso de derogar la nueva norma en el caso de que accedan al gobierno tras las elecciones municipales de 2023, como ya había avanzado este diario.
En realidad, durante el debate de la propuesta no ha habido argumentos especialmente novedosos respecto a los que ya se han expuesto hasta ahora, más allá de los intentos de PP y Cs de deslegitimar las críticas de la izquierda. En esta línea, las tres formaciones del centro-derecha han expuesto las similitudes que la norma guardaría con las propuestas que ya se aplican en ciudades gobernadas por formaciones progresistas, como la de Barcelona, o la que continúa tramitándose en València. Por su parte, PSOE, Unides Podem EU y Compromís han tildado el acuerdo sobre la ordenanza como el pago a Vox por favorecer la aprobación del presupuesto de 2022, en otro pleno de carácter extraordinario que también se celebrará de forma telemática (sin la presión que podría suponer un debate presencial cara a cara) este miércoles (de nuevo, bajo el argumento de la prevención frente al riesgo de contagio por coronavirus)
Por partes. El edil de Seguridad, José Ramón González (PP), ha defendido la iniciativa con los argumentos ya esgrimidos cada vez que la iniciativa ha avanzado en su tramitación administrativa desde el año 2020. Así, ha insistido en que se trata de una norma "justa, buena y necesaria" demandada por los vecinos, como la que ya se ha planteado y aprobado en otros municipios de la provincia y de la Comunitat. En particular, González se ha referido a las ordenanzas propuestas en ciudades como la de València, sobre la que ha citado artículos concretos relacionados con la mendicidad y la prostitución sobre los que ha asegurado que son "iguales" a los que se plantean en la ordenanza de Alicante.
De ahí que no haya dudado en descalificar a los grupos del eje progresista a quienes ha acusado de mentir y de tergiversar respecto a las implicaciones de la nueva regulación. En esa crítica, González ha recurrido, también, a dos de los argumentos recurrentes que el PP viene esgrimiendo en el escenario autonómico en las últimas semanas para reprochar la gestión de la vicepresidenta del Consell y titular de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, sobre los casos de abusos a menores en centros tutelados, o sobre el incendio de la residencia de Moncada que provocó el fallecimiento de ocho internos. Por último, ha acusado a las tres fuerzas de la izquierda de "no haber hecho nada" durante su etapa de gobierno para atender a los necesitados.
Por parte de Vox, su portavoz, Mario Ortolá, también se ha referido a la ordenanza de la ciudad de València, en la que, según ha sostenido, también se prevé sancionar el ejercicio de la prostitución. Como González, ha preguntado a PSOE, Unides Podem EU y Compromís sobre los motivos que manejan para oponerse a la regulación y les ha acusado de utilizar a las mujeres y al feminismo como instrumento político. "Ustedes abandonan sistemáticamente a los más necesitados, y si son alicantinos, un poco más", ha asegurado, tras aludir, también, a las personas que, según ha sostenido, han fallecido mientras permanecían en lista de espera, sin disponer de ayudas sociales como la renta valenciana de inclusión. Después, también ha tirado de los resultados de las elecciones de Castilla y León para augurar "problemas" a los tres partidos en las próximas citas electorales.
Por Compromís, su portavoz, Natxo Bellido, ha emplazado al bipartito a retirar esta ordenanza, asumir la de València y convocar una reunión con entidades sociales para consensuarla, en una especie de reto para evitar la confrontación. No obstante, al no recibir una respuesta afirmativa a ese planteamiento, ha asegurado que con la aprobación de la ordenanza "se inicia la semana negra que pone fin al mandato en Alicante". "Con ustedes volvemos al pasado, al mandato de Castedo", ha señalado. "Hoy asistimos al fracaso de un gobierno que huye de buscar soluciones", ha incidido. "Se alejan del diálogo, de los acuerdos, del reto de hacer nuestra ciudad un espacio más igualitario y más decente; entierran el Plan de Inclusión Social y se alejan de los objetivos del Plan de Recuperación", ha sostenido. De igual modo, se ha referido a los índices de pobreza reflejados en los sucesivos informes para remarcar que "ante esto, ustedes no tienen otra cosa que ofrecerles que multas".
Por último, ha señalado que el PP "ha elegido camino" al vincularse a los postulados de Vox y les ha recriminado hipocresía "al asegurar en privado que no nos preocupemos, que no van a imponer multas". "Quienes votaremos 'no', tenemos la responsabilidad de comprometernos a construir otro modelo de ciudad que ponga el acento en la inclusión y no en las multas", ha señalado. Así, se ha referido al compromiso de derogar esta ordenanza para elaborar una nueva, a partir de 2023.
En tercer lugar, el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha asegurado que la ordenanza "está cocinada al margen de la ciudadanía" y que es la "punta del iceberg de la dirección que ha tomado el PP". "Esta ordenanza es un error histórico de dimensión nacional", ha dicho, después de que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la criticas a través de su cuenta en twitter, en respuesta a un comentario previo del propio López. El portavoz municipal de Unides Podem EU se ha referido, incluso, a los efectos reputacionales que la aprobación de la ordenanza podría tener como elemento desmotivador para la llegada de turistas a la ciudad. De igual modo, ha recriminado la ausencia de debate en el Consejo de Igualdad, entre otros instrumentos de participación, y ha reprochado que el PP se haya puesto al servicio de Vox. "Van a cometer un error votando contra derechos, contra los derechos de las personas sin hogar y de las mujeres, y contra el colectivo LGTBI", ha señalado.
"Esta es la ordenanza de la vergüenza, de los que no tienen vergüenza, y de la falta de transparencia", ha insistido. Además, ha alertado del efecto que tendrá para las prostitutas "a las que se arrincona en los polígonos o en pisos clandestinos" sin que se les haya procurado medios de asistencia, así como a las personas sin hogar que se refugian en tiendas de campaña en los asentamientos del Tossal, por ejemplo. Por último, ha emplazado a los ediles de PP y Cs a votar en conciencia y oponerse a la aprobación de la normativa: "Están a tiempo", ha dicho.
Por Ciudadanos, ha intervenido su portavoz y vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, quien ha asegurado que la norma viene a "mejorar la vida de los ciudadanos frente a la demagogia que se ha hecho al respecto". Como González, también ha reprochado la inactividad de la izquierda durante su etapa de gobierno y ha insistido en que se trata de facilitar una herramienta jurídica para que la Policía pueda actuar frente a los comportamientos incívicos. Además, ha recalcado que Cs ha procurado la introducción de medidas sociales en el texto a través de sus enmiendas. "Apoyo, todo, pero también tolerancia cero frente a la coacción", ha apuntado. De igual modo, ha añadido que existen otras ordenanzas similares en otros municipios y ha enfatizado en que -tras la incorporación de sus aportaciones- la prioridad de la regulación es la de proporcionar información sobre los recursos disponibles para atender a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Así, ha sostenido que desde Cs siempre han estado convencidos de que la ordenanza era necesaria y ha asegurado que "el tiempo dirá si la norma consigue que se haya garantizado la convivencia en la ciudad".
Por el PSOE, la edil Llanos Cano ha asegurado que la ordenanza ha conseguido que Alicante pierda todo el prestigio nacional, "criminalizando la pobreza y generando más discriminación", ha señalado. De igual modo, ha sostenido que el recorrido de la ordenanza se basa en la "mentira" desde 2019. Al respecto, ha señalado que la normativa no incluye medidas sociales y que el único objetivo es el de "cambiar de sitio a méndigos y prostitutas". "Le emplazo, señor alcalde, a que nos diga en qué barrios sí pueden estar y en cuáles no", ha señalado. Además, ha sostenido que el PSOE presentó una propuesta alternativa en la que no se contempla la aplicación de sanciones, sino que se ofrece medidas para prestar apoyo a las personas desfavorecidas. De igual modo, se ha referido al acuerdo presupuestario alcanzado en diciembre de 2020 por el que el PSOE consiguió "congelar" la tramitación de la ordenanza y ha sostenido que, ahora, se ha reactivado "después de haber elegido aprobar los presupuestos con Vox", ha añadido.
Por último, ha reiterado las alusiones al rechazo de las alegaciones formuladas por su partido para señalar que, a su juicio, había quedado evidenciada la falta de participación de la Concejalía de Acción Social. Además, ha sostenido que, al final, los cambios introducidos "son solo una operación cosmética". En todo caso, ha insistido en que la ordenanza es solo un instrumento para conseguir aprobar los presupuestos.
En la réplica, Ortolá ha insistido en que la ordenanza de Alicante "recoge lo mismo que la de València", por lo que ha emplazado a Compromís y al resto de la izquierda a "no tomar por tonta a la ciudadanía". Sobre las críticas de Unides Podem EU, ha cuestionado si "ahora resulta que sí defienden al turismo" y ha insistido en que la propuesta se va a aprobar "con 16 votos, que es el equivalente a la mayoría absoluta de los representantes municipales elegidos democráticamente". Sobre la propuesta alternativa planteada por el PSOE, ha preguntado de manera retórica a los socialistas "por qué no se la plantearon" al alcalde de València, Joan Ribó.
Por su parte, Bellido ha reiterado su ofrecimiento para tomar el borrador de la ordenanza de València con el fin de trabajar sobre ella un nuevo texto para la ciudad y, después, ha incidido en que "volvemos al pasado, al pasado de la corrupción y de la ruina económica del ayuntamiento". "Ahora además nos situamos en el mapa de la vergüenza, que podría ser el nuevo eslogan en Fitur el próximo año", ha ironizado. En este sentido, ha considerado que "se debe cerrar esta etapa y plantear una alternativa que impulse un proyecto de modernización y transformación de la ciudad". Así, ha emplazado a "rebelarse" para configurar esa alternativa democrática. "No solo nos comprometemos a derogar esta ordenanza, hace falta plantear otro modelo de ciudad en la que no dejemos a nadie en la estacada", ha incidido. "Esa debe ser nuestra hoja de ruta y la respuesta a esta amenaza que nos traen aquí hoy", ha insistido.
En su segundo turno de palabra, López ha recalcado su preocupación por la "liquidación de áreas como la de LGTBI" por la ascendencia de Vox sobre el equipo de gobierno y ha apostado por otra forma de gestionar en la que se pueda contar con la participación social. También se ha referido a que "esta ordenanza es el primer round sobre los presupuestos, que no han negociado con nadie más, no por incapacidad, sino por falta de voluntad de hacerlo", ha recalcado. "Esto no acaba aquí, trabajaremos para cambiar el rumbo y para acabar con esta ordenanza de la vergüenza", ha concluido.
El edil de Seguridad, González.
El portavoz de Vox, Ortolá.Sánchez, por su parte, ha vuelto a referirse a "la demagogia" que, según ha asegurado, utiliza la izquierda respecto al contenido de la norma. Después, ha recriminado las expresiones dirigidas por los representantes progresistas para lamentar que se critique esta ordenanza cuando, según ha dicho, no es diferente a la que existe en Barcelona, en Aspe o en València. Así, ha retado a la izquierda a precisar qué artículos de la propuesta vulneran los derechos de inmigrantes, de las mujeres o son aporafóbicos.
Por último, Cano se ha referido a las alegaciones planteadas por las entidades sociales, que ha considerado indicadas y oportunas, "pero ya hemos visto que han quedado rechazadas por motivos políticos". Además, ha señalado que la ordenanza no lucha contra las mafias, puesto que "solo actúa contra la prostitución cuando es visible". "Señor Barcala, le invito a que esta vez sí, vaya a Bruselas y les diga a las autoridades europeas que la solución para luchar contra las mafias y las redes de explotación sexual es castigar a sus víctimas", ha ironizado. De igual modo, ha sostenido que, con la aprobación de la norma, se obligará a las prostitutas a trabajar más horas "para poder pagar las multas".
Para cerrar el debate, González ha insistido en la falta de gestión de la izquierda; ha emplazado al PSOE a actuar frente a los clubs a través de la Subdelegación del Gobierno y se ha referido, de nuevo, a la ordenanza de València para equiparar los objetivos de las dos normas. Además, también ha recurrido al reproche sobre el gasto en prostíbulos con dinero público por parte de representantes socialistas en Andalucía. De nuevo, ha abundado en recriminar el cinismo de la izquierda al criticar en Alicante lo que se apoya en otras ciudades en las que gobiernan, como Barcelona. "No tienen vergüenza y mienten", ha señalado. "Hasta 2023 tenemos el respaldo mayoritario de los electores, abandonen las posturas hipócritas y cínicas y escuchen a los alicantinos", ha zanjado.
Así, en último término, se ha rechazado las 11 alegaciones frente a la propuesta reproducidas en el pleno por parte de Unides Podem EU, con los 16 votos de PP, Cs y Vox. Y ese es el mismo resultado alcanzado respecto al fondo de la ordenanza, que ha quedado aprobada de forma definitiva sin que se haya registrado las rupturas de la disciplina de voto que se había solicitado desde los bancos de la izquierda. Tampoco ha habido intervenciones del público antes de que se iniciase el debate plenario sobre el punto, ya que, según ha indicado el alcalde, Luis Barcala, no se ha planteado ninguna solicitud registrada en tiempo y forma. Y, a diferencia de lo que suele suceder en otras sesiones plenarias, el propio primer edil ha eludido cualquier valoración o comentario adicional sobre las implicaciones de la nueva regulación, para limitarse a actuar de moderador. Solo al final ha tomado la palabra para agradecer las intervenciones del conjunto de grupos políticos.
De este modo, la nueva regulación entrará en vigor 15 días después de que el texto definitivo de la ordenanza quede publicado en boletines oficiales. Ese momento Alicante volverá a tener una ordenanza similar a la promovida bajo el mandato en solitario del PP que presidía la exalcaldesa Sonia Castedo, siete años después de que el extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) acordase su derogación.
Fuentes municipales han detallado, en un comunicado posterior, que "la nueva norma pretende preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás". "El equipo de gobierno lleva trabajando en este proyecto durante varios años para su elaboración, y se ha basado en el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias, que también se ha aprobado en muchos ayuntamientos con el consenso mayoritario de todos los grupos políticos", añade el comunicado.
"La ordenanza regula el comportamiento pacífico en la vía pública, poder transitar por la ciudad sin ser molestados o perturbados en su voluntad, sanciona las perturbaciones por ruidos, prohíbe realizar todo tipo de grafitis, consumir bebidas alcohólicas en los espacios públicos. También se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios en el espacio público que debiendo contar con autorización municipal carezcan de ella, entre otras cuestiones", abunda la nota pública.
Al mismo tiempo, el comunicado detalla que el Plan Municipal de Inclusión Social 2020-2030 es una herramienta complementaria a la ordenanza que "se centra disminuir los riesgos de exclusión social de los vecinos de la ciudad y plantea diversas actuaciones con recursos suficientes para elevar las coberturas a favor de los más vulnerables. Cada año, el Ayuntamiento de Alicante destina 23,5 millones de euros de sus presupuestos a estas políticas transversales de auxilio social en sus diferentes áreas de actuación".
"Este programa a 10 años vista va especialmente dirigido a las personas que se hallan en riesgo o situación de pobreza o exclusión social, a las que quiere garantizar el acceso "a todos los programas en igualdad de condiciones y sin discriminación" para que puedan ser objeto de los recursos disponibles con carácter público y gratuito. El objetivo final es disminuir los riesgos de exclusión social y atajar los factores que lo generan, y se hace mediante varias líneas estratégicas como la modificación de los prejuicios y creencias sobre la población procedente de otros países que aún subyacen y la superación de los hándicap y dificultades de colectivos vulnerables", prosigue.
La estructura de la ordenanza está dividida en una exposición de motivos, 3 títulos, 42 artículos, 2 disposiciones adicionales, 1 Disposición Final, y un anexo de infracciones y sanciones. La ordenanza tipifica los tipos de infracciones que conllevan el incumplimiento de la normativa con un cuadro de sanciones leves, graves y muy graves y "pretende solucionar a su vez los problemas de convivencia cívica sobre actuaciones coactivas o de acoso que dificultan el libre tránsito viario y la circulación peatonal en las vías, parques y espacios públicos dando protección social a las personas necesitadas y eliminado situaciones que obedecen a conductas organizadas", concluye el comunicado.
Con carácter previo, se ha aprobado la tercera modificación del Plan Especial de Agua Amarga que allana la unificación del campus de la Euipo y permite ampliar sus instalaciones con el desarrollo de una nueva zona verde, a la espera de que, en el futuro, pueda abordarse la hipotética promoción de nuevos edificios de uso administrativo, en el supuesto de que resultase necesario. El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha incidido en que se trata de un cambio sencillo con el que se accede a la solicitud planteada por la propia Euipo con el fin de proporcionar cohesión al recinto de la euroagencia con la cesión de un tramo de vial y el cambio de calificación de terciario a dotacional de una parcela adquirida por la propia Euipo en 2018, en la que ya se ejecutó, entonces, el derribo de las estructuras de tres edificios inacabados preexistentes.
La propuesta ha contado con el respaldo de PSOE, Unides Podem EU y Compromís y la abstención del grupo municipal de Vox. Su portavoz, Mario Ortolá, ha justificado su posición al referirse a sus dudas sobre la pérdida de plazas de estacionamiento que implicaba la modificación planteada. También han planteado esa misma preocupación los portavoces de Unides Podem EU y Compromís, quienes han emplazado al equipo de gobierno a aportar soluciones como el refuerzo del servicio público de transportes en autobús, entre otros puntos.
