El bipartito de Alicante y Vox se ciegan con la imposición lingüística y callan sobre el presupuesto

ALICANTE. Por mucho que se hablase tangencialmente de historia, a colación de otra de las propuestas marca Vox para conmemorar el 4 de diciembre como "Día de la Reconquista de Alicante", el pleno del Ayuntamiento de Alicante correspondiente al mes de diciembre tampoco trascenderá a los anales por la relevancia de los acuerdos alcanzados. En primer término, porque solo se aprobó una resolución como iniciativa promovida por el equipo de gobierno -la primera ordenanza reguladora de las Fiestas tradicionales- que tuviese cierto calado tanto por su necesidad, como por la vocación conciliadora con la que se ha defendido respecto al uso del espacio público (sobre la que, ahora, se deberá demostrar eficacia en su cumplimiento).

El resto de la sesión, se centró en el planteamiento de preguntas por parte de los grupos de la oposición (ninguna sobre algún asunto que no se hubiese tratado ya con anterioridad, como el cese anual de los trabajadores de Acción Social) en cuya respuesta ya se comenzó a atisbar el clima de enfrentamiento por el que se caracterizaría el debate posterior, a cuenta de las declaraciones institucionales: las propuestas de contenido político sin más eficacia ejecutiva que la de instar al propio Ayuntamiento o a otras administraciones a tener en cuenta el posicionamiento del pleno. 

Lo cierto es que en ese apartado del orden del día tampoco se plantearon asuntos merecedores de quedar en el recuerdo, ya fuese por tener un interés constatable e indudable para la ciudad, o por ser la primera ocasión en la que se trajesen a colación, sin haberlo hecho ya en varias ocasiones precedentes. Entre ellas, figuró uno de los asuntos ya clásicos para el bipartito (PP y Cs) y Vox, el del debate lingüístico, que se ha planteado con anterioridad mediante propuestas canalizadas en múltiples formas (incluida la reprobación del conseller de Cultura, Vicent Marzà).

La cuestión es que, además, lejos de abordarse a través de una única iniciativa, este miércoles, el tema se trató a partir de dos propuestas distintas con sus correspondientes cruces de intervenciones. La primera de esas declaraciones fue para rechazar la "imposición lingüística del valenciano en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Alicante". Y la segunda, para condenar y rechazar "la campaña de acoso dirigida contra un menor de cinco años y su familia en Canet de Mar", en Cataluña, que reivindica que la educación de su hijo se imparta en castellano. 

Para más inri, esta segunda declaración se debatió tras presentarse al término de la sesión como asunto de urgencia (solo el PSOE votó en contra de que fuese admitida), incluso después de que el secretario municipal apuntase -tras la protesta elevada por el portavoz de Compromís, Natxo Bellido- que la iniciativa de PP y Cs únicamente podría admitirse si se retiraban dos de los cuatro puntos de su articulado, puesto que planteaban cuestiones que no tenían vinculación con la ciudad de Alicante (y, por tanto, incumplían uno de los requisitos recogido en el Reglamento Orgánico del Pleno).

En todo caso, como era previsible, las dos propuestas se debatieron y se aprobaron con los 16 votos que suman las tres fuerzas del centro derecha, sin que se tuviesen en cuenta las argumentaciones de los tres grupos que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) sobre la falsedad en la que, a su juicio, se fundamentaban las acusaciones de dicha imposición en la política educativa desplegada por la Generalitat. Así que, en realidad, la única novedad al respecto fue el respaldo sin matices conferido en esta ocasión por parte de los cinco regidores de Cs, que -en el pasado- se habían desmarcado de PP y Vox en otras iniciativas similares relacionadas con el valenciano. Esta vez, fue el edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), quien trató de justificar el posicionamiento de su partido con el argumento de que, desde la Generalitat, se estaba tratando de "generar conflicto donde hay normalidad".

Sea como fuere, a falta de propuestas de acuerdo emanadas de la Junta de Gobierno que tuviesen que ratificarse en pleno, ese doble debate lingüístico con el que PP y Cs trataron de copar el protagonismo del pleno frente a las iniciativas promovidas por la izquierda, no evitó que hubiesen réplicas en las que, de algún modo, se consiguiese sacar los colores a los componentes del propio bipartito. Al menos, entre otros, así lo intentó Bellido. El líder de Compromís expuso que los dos partidos aliados al frente de la gestión municipal habían traído de nuevo al pleno la cuestión lingüística, cuando -según indicó- se debía de estar tratando sobre el presupuesto municipal de 2022. Lo hizo tras recordar que PP y Cs se habían comprometido a que, este año, las cuentas se aprobarían al menos de manera inicial antes del 31 de diciembre. 

¿Hubo respuesta por alusiones? Ninguna. Ni siquiera el alcalde, Luis Barcala (PP) -que cerró la sesión con la habitual felicitación de las fiestas navideñas, tras pedir perdón por los errores que hubiese podido cometer en la dirección del pleno a lo largo del año- hizo mención alguna sobre ese retraso en la tramitación de las cuentas, pese a que sí se había referido al presupuesto, en un lance previo de la sesión, al mencionar el incremento del 50% en los recursos asignados a políticas sobre la tercera edad que se preveían en el próximo ejercicio. Así, lejos de contestar, en realidad, el primer edil asumió que iba a producirse ese incumplimiento en los plazos comprometidos. De hecho, subrayó que el de este miércoles iba a ser el último pleno del año, lo que confirmaría que ya no se dispone de tiempo material para convocar un pleno extraordinario durante la próxima semana en el que poder elevar la propuesta de planificación económica a debate.

Esa hipótesis conllevaría que se acelerasen las conversaciones con los grupos de la oposición en busca de respaldo político para que pudiesen prosperar. Pero, por lo pronto, los contactos siguen estancados tras el segundo encuentro celebrado con los representantes del PSOE, el pasado martes, en el que sí hubo cierto acercamiento, supeditado a que se concretasen cuantías económicas sobre la incorporación de sus propuestas. Hasta este miércoles, nadie en las filas del PSOE conocía novedades al respecto. Además, tampoco se habría completado la labor de fiscalización del proyecto presupuestario por parte del interventor municipal, pese a que sí se ha venido trabajando en esa revisión mientras se mantenían las primeras reuniones con los grupos opositores.

En este sentido, representantes del equipo de gobierno consultados ya habían venido asumiendo a lo largo de la última semana que no se podría cumplir el cronograma que se había marcado desde el mes de septiembre. Sobre todo, como consecuencia del retraso que habría conllevado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), en la que se anuló el método de cálculo para la recaudación del impuesto de las plusvalías. Ese imprevisto habría obligado a reformular el apartado de ingresos. Y con él, lógicamente, el de los gastos. Con todo, no es menos cierto, que ese contratiempo no ha evitado que otros ayuntamientos de grandes ciudades, como los de Elche o València (también afectadas por la misma sentencia) hayan aprobado ya sus presupuestos, como también subrayó Bellido. Quién sabe si esa intervención fue la que provocó que el bipartito y Vox sumasen, después, sus votos para vetar la declaración institucional promovida por Compromís para que Alicante se declarase municipio libre de la práctica de caza: la propuesta (registrada al calor del incidente en el que un ciclista resultó herido por un disparo en el Monte Orgegia) no superó el trámite de urgencia y no se debatió.

Ahora bien, tampoco fue, ni mucho menos, una sesión de la que los tres partidos que conforman el bloque progresista extrajesen ningún rédito con el que sacar pecho. No se aprobó ninguna de las declaraciones institucionales -más o menos acertadas o trascendentes, según cada caso- que plantearon. PP, Cs y Vox rechazaron todas sus iniciativas: desde la que solicitaba la retirada del catafalco de José Antonio Primo de Rivera; a la que promovía el plante ante el nuevo obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante por sus afirmaciones machistas y homófobas; o la creación de una comisión para la recuperación de la toponimia valenciana en la ciudad; y la adopción de medidas sobre la mejora de los derechos de los animales, como el rescate de la Concejalía de Protección Animal que existió en el mandato precedente. Tampoco prosperó la propuesta de creación de una concejalía específica de Mayores. A este respecto, sí hubo respuesta de Barcala, quien trató de aclarar a los grupos progresistas que no se trataba tanto de crear concejalías, "sino de dotarlas de contenido".

Así, en último término, solo prosperó la declaración institucional impulsada por Vox -la ya citada sobre la efeméride del 4 de diciembre- pese a que, tras la intervención del edil de Cultura, Antonio Manresa, sobre la propuesta, todo parecía indicar que no iba a contar con el respaldo de su grupo. Quizá el paso del tiempo permita saber si el respaldo del equipo de gobierno en bloque a la iniciativa de Vox fue una concesión, en un contexto en el que todavía debe despejarse el futuro del presupuesto de 2022 y, además, debatirse la aprobación definitiva de la ordenanza de convivencia cívica (refrendada de forma inicial en el pleno de noviembre y ahora en exposición al público para la presentación de alegaciones). Por lo pronto, colectivos y entidades sociales como la Plataforma contra la Pobreza, entre otros, se concentraron durante el transcurso del pleno en la Plaza del Ayuntamiento para expresar su rechazo a dicha regulación, sobre la que ya se ha planteado una primera queja ante la Sindicatura de Greuges.