La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez; el alcalde, Luis Barcala, y la edil de Hacienda, Lidia López, en la presentación del presupuesto.ALICANTE. El presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para 2021 queda oficialmente a la espera de superar el último filtro: el estudio de la docena de alegaciones de colectivos vecinales y agrupaciones sindicales que se presentaron hasta este miércoles, último día de su plazo de exposición pública. El conjunto de esas objeciones trata de introducir modificaciones para que se consignen mejoras en la situación de determinados barrios o para que se cumplan compromisos electorales alcanzados por el actual alcalde, el popular Luis Barcala, durante el pasado mandato y en plena campaña electoral.
Entre esas alegaciones, figuran las registradas por siete asociaciones vecinales de las partidas rurales en las que reivindican la ejecución de las inversiones prometidas por el primer edil por un importe de 7,2 millones. Y, también, las reivindicaciones plasmadas por los representantes sindicales de SEP, por la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos, UGT y CCOO, al margen de las presentadas por la Junta de Personal (en la que se agrupa el conjunto de sindicatos con representación municipal). En ellas, entre otros puntos, se solicita la ampliación de plantillas (conserjes, auxiliares administrativos, policías, bomberos y agentes de movilidad, fundamentalmente) y la dotación necesaria para el desarrollo de la carrera profesional.
En el caso de las registradas por José María Hernández Mata, en representación de La Voz de La Florida, se plantea la exigencia del respeto a los procesos de participación ciudadana en la confección de los presupuestos. Y en el caso de las registradas por Miguel Ángel Gracia, en representación de vecinos del PAU ", se reivindica la ejecución de dotaciones públicas en el barrio, como la construcción del parque proyectado en Isla de Corfú, pendiente desde 2019, la ejecución de otra zona verde en la plaza de la Paz y la creación de una instalación deportiva en la avenida Cardenal Francisco Álvarez.
El conjunto de esas objeciones (algunos alegantes suscriben varios escritos distintos) debe ser analizado por los técnicos de la Concejalía de Hacienda, que deberán resolver si procede su incorporación o deben desestimarse al no ajustarse a las condiciones requeridas. Después, esa propuesta de resolución se elevará a consideración en Comisión de Hacienda y, por último, a pleno para su aprobación definitiva. En principio, esa convocatoria podría producirse entre los días 15 y 22 de este mes.
Todo parece indicar que el presupuesto quedará aprobado de forma definitiva y que el bipartito dispondrá de nueve meses para ejecutarlo, sin visos de posible ruptura por 'contagio' de la situación política vivida en Murcia y Madrid
Todo parece indicar que la propuesta de planificación económica trazada por el equipo de gobierno (PP y Cs) superará la votación sin problemas con un resultado similar al registrado en el debate de su aprobación similar. Entonces, la propuesta quedó aprobada por mayoría simple, con los 14 concejales del bipartito, gracias a las abstención de los 9 ediles de PSOE y los dos de Vox. Fuentes consultadas confirmaron este jueves que esas posiciones se mantendrían, puesto que no se ha producido ningún cambio sustancial que fuerce un replanteamiento.
En ese escenario, PP y Cs tendrán nueve meses para ejecutar las previsiones de ese presupuesto (el segundo de su mandato en común, con 17,6 millones en inversiones ordinarias y cerca de otros 39 millones en ahorros generados en 2019 y 2020) en un contexto en el que ya se ha reafirmado la continuidad de su acuerdo de gobierno, al margen de los cambios que se han registrado en los gobiernos autonómicos de Murcia y Madrid, además del ayuntamiento de la capital murciana. Como informó este diario, Cs ya ha reafirmado la vigencia de ese pacto para descartar la posibilidad de que pueda producirse una ruptura, en la medida en que en Alicante no existiría ningún motivo (disfunciones graves en la gestión municipal o la existencia de algún caso de corrupción) que la justificase.
De hecho, lo cierto es que, a diferencia de lo que sí ha sucedido en el caso de la Diputación, el PSOE no ha ofrecido públicamente a Cs la posibilidad de formar una alianza alternativa para gobernar en la segunda ciudad de la Comunitat en tamaño demográfico. En todo caso, se trataría, además, de una operación en la que se requeriría el concurso de Unides Podem o Compromís, ya que PSOE y Cs (14 concejales) no contarían con la mayoría absoluta necesaria para promover un cambio de alcalde.
