El recinto en el que se celebra la tradicional suelta de vaquillas de El Moralet.ALICANTE. El Síndic de Greuges atiende la queja formulada por las asociaciones El Moralet y Nuevo Moralet por el incumplimiento del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Alicante, aprobado por mayoría en noviembre de 2018 para "desmantelar y demoler las instalaciones y edificaciones ilegales que ocupan una parcela municipal de la partida rural de El Moralet, calificada en su mayor parte como suelo protegido de rambla, en concreto el denominado recinto de la vaquilla", según han apuntado este jueves los colectivos vecinales.
El acuerdo se plasmó a instancias de la declaración institucional, presentada por el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, aprobada por 15 votos a favor (PSOE, Guanyar, Compromís y Nerea Belmonte), 9 en contra (PP y Fernando Sepulcre) y 5 abstenciones (Ciudadanos).
Según los colectivos de residentes, la corporación municipal reconocía en uno de sus escritos aportados al expediente a instancias de la Sindicatura no haber entendido "necesario" desmantelar las instalaciones, "lo que ha permitido poder autorizar de nuevo este año los festejos celebrados este verano". Ahora, según las mismas fuentes, el Síndic de Greuges recomienda que "se adopten todas las medidas que sean necesarias para ejecutar el acuerdo aprobado por el pleno".
La representante de los vecinos y presidenta de Nuevo Moralet, María López Medel, considera que "el pleno, al ser el órgano de máxima representación política de la ciudadanía en el gobierno municipal, tiene la obligación democrática de acatar los acuerdos tomados en él y dar cumplimiento a lo que en él se decida, y no adoptar una decisión contraria en junta de gobierno como en este caso".
Según los vecinos, el Síndic puntualiza en su escrito que los vecinos "no cuestionan la tradicionalidad ni legalidad del festejo, sino el uso de una parcela pública de rambla donde está instalado permanentemente un recinto taurino sin autorización y para el que el Ayuntamiento ha acordado en dos ocasiones su derribo".
Además, en su dictamen, José Cholbi echa en cara al consistorio su silencio administrativo al recurso presentado por los vecinos en julio de 2018, instándole a dar respuesta, ya que "la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo las solicitudes y recursos de los ciudadanos", por ser "una práctica que genera en los ciudadanos una auténtica inseguridad jurídica e indefensión material", proscritas en la Constitución Española.
Además, insiste en que "las inundaciones en la Comunitat Valenciana constituyen el riesgo natural e inducido que mayor número de daños, tanto en vidas humanas como en bienes, ha causado a lo largo de la historia". En ese sentido, recomienda a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana que, "a la vista de los escritos presentados por los autores de la queja, se asegure, con carácter previo a la autorización de los festejos de bous al carrer, que se respetan específicamente las limitaciones al uso del suelo por el riesgo de inundación exigidas por el PATRICOVA".
Las entidades vecinales exigían "la demolición inmediata del recinto taurino levantado ilegalmente en suelo municipal, con arreglo al Presupuesto de 2018, que contempla una partida de 10.000€ para ese fin, y el estricto cumplimiento de su propio Plan General de Ordenación Urbana que prohíbe las edificaciones en esa parcela, así como el PATRICOVA que no permite actos con público en la misma".
Ahora tanto el Ayuntamiento como la Generalitat disponen de un mes para comunicar si aceptan la recomendación o, de lo contrario, manifestar sus razones para no aceptarla.
