Mónica Oltra, vicepresidenta social del Consell, de quien depende el sector de las residencias. Foto: EVA MÁÑEZALICANTE. La población española se hace mayor, y la provincia de Alicante no es una excepción. A medida que avanzan los años, cada vez se van a tensionar más los sectores sanitario y geriátrico, y de hecho ya existe un déficit de personal en este sector que el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) cifra en 1.300 empleos. Es decir, 1.300 trabajadores del sector de las residencias que deberían estar ya trabajando en los distintos centros públicos de la provincia, en una tendencia que va a ser creciente.
Así lo asegura el último monográfico elaborado por Ineca e incluido en su informe de coyuntura relativo al tercer trimestre de 2019, consultado por Alicante Plaza. Según este estudio, la provincia necesita 3.000 empleados públicos adicionales para adecuarse a su población, y los desajustes más graves se producen precisamente en el sector de atención a los mayores y también en el educativo, donde el instituto calcula que son necesarios 1.100 puestos de trabajo extra que sumar a los actuales.
"La última década refleja que la dotación pública de recursos humanos en materia social en la provincia de Alicante siempre ha estado por debajo de su peso poblacional", según el director de Estudios, Francisco Llopis. Una situación que "se presenta en una amplia variedad de situaciones como son: médicos de familia, pediatras, enfermeros, empleados de residencias de la tercera edad (medido por el número de camas), profesores en enseñanza no universitaria, personal de justicia, y también en la dotación de las fuerzas y cuerpos de seguridad".
Los desajustes más notables se encuentran precisamente vinculados con el personal de las residencias de la tercera edad, seguido de los de la enseñanza. Según el microinforme realizado por Ineca, el detalle aproximado de insuficiencias actuales en la dotación de recursos humanos en la provincia quedaría de la siguiente forma: en Sanidad faltarían 205 trabajadores públicos, en Residencias de la Tercera Edad, 1.300; en Educación 1.100, en Justicia 35 y en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 400 empleados públicos, atendiendo al criterio poblacional.
A este respecto, Llopis ha explicado que la peor asignación de estos recursos humanos en Alicante tuvo su máximo en el año 2012 donde la divergencia superaría las 4.400 personas, "si bien esta cifra se ha ido ajustando todavía representa un valor elevado, ya que atendiendo al peso poblacional serían necesarios actualmente 3.000 trabajadores públicos más de los ya existentes".
El director de Estudios de Ineca llama la atención sobre el hecho de que estas carencias tienen un efecto directo sobre el bienestar de los alicantinos en estas materias concretas, pero además éste se ve agravado por la pérdida de riqueza global generada por estos trabajadores, ya que en muchos casos se trata de personal cualificado, por lo que además de no facilitar la empleabilidad de los propios residentes en la provincia, se dejan de ingresar unos salarios que representan una cantidad importante. A modo orientativo, "estaríamos hablando actualmente de unos 72 millones de euros en concepto de salarios que no se han percibido, sin contar el efecto indirecto que éstos originan en el entorno en el que se establecen estos trabajadores".
