Un camión de la contrata de mantenimiento de jardines en labores de poda en el Portal de Elche. ALICANTE. El contrato de servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes de Alicante desata una feroz competencia entre las empresas del sector. Al menos por lo que respecta al número de interesados en el proceso de licitación, ya que todavía se desconoce cuáles son las características de las ofertas. En concreto, esta segunda convocatoria del concurso se disputa entre 19 compañías o alianzas empresariales (constituidas a través de UTEs), como se pudo constatar este miércoles en la apertura de sobres en la mesa de contratación del Ayuntamiento.
El proceso partía con un presupuesto más que atractivo. La prestación se divide en tres lotes por un importe global de casi 22 millones de euros (21.844.489,05 euros, impuestos incluidos) por tres años de duración. Así, el Lote 1, corresponde a la conservación y mantenimiento de los jardines, con un presupuesto de 20.053.223,79 euros. El Lote 2, a la conservación y mantenimiento de las zonas forestales urbanas y periurbanas de la ciudad de Alicante con un presupuesto de 1.118.376,84 euros. Y el Lote 3, a la conservación y mantenimiento de los centros especiales de empleo, centralizando sus trabajos en los jardines de la Vía Parque, en la calle Unicef y en el ámbito de Benisaudet, con un presupuesto de 672.888,42 euros.
Dicho presupuesto supone un incremento de 7,5 millones respecto al coste previsto en el último contrato en vigor, en manos de Geamur (del grupo Viveros Alicante). El aumento se justificaría en la inclusión de mejoras como el incremento de la plantilla de trabajadores a cargo de la prestación, de modo que se llegase a 130 operarios. Además, también se incluyen las zonas verdes creadas después de que el contrato se licitase por última vez.
El servicio se viene prestando sin contrato desde junio de 2018 (cuando venció la contrata) mediante la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito (gastos no presupuestados). El equipo de Gobierno compuesto por el PP en solitario en el último tramo del pasado mandato impulsó un primer concurso a finales de 2018 con el fin de atajar esa práctica, ante las advertencias emitidas por el departamento de intervención cada vez que se tramita la certificación mensual de pago.
Sin embargo, los populares tuvieron que anular esa primera convocatoria después de que la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde -que agrupa a las principales empresas del sector- impugnase el pliego de bases ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales (dependiente del Ministerio de Hacienda). Así, la segunda licitación, con el pliego rectificado y ajustado a las determinaciones del TCRC, se convocó el pasado julio, ya bajo el mandato del bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs).
