El empresario que denunció el 'caso Isjoma' declara que Zaragoza le avisó del 'amaño' del contrato

ALICANTE. El empresario José Antonio Alavés, responsable de la empresa Montajes Alavés, ha refrendado este jueves, durante su declaración en el juicio, las acusaciones sobre el presunto amaño de la contrata de montaje de escenarios para actos festivos y culturales del Ayuntamiento de Alicante entre los años 2008 y 2009. A lo largo de cerca de dos horas y media, el responsable de la compañía presuntamente perjudicada por la adjudicación -que ejerce la acusación particular en la causa- ha sostenido que él presentó una denuncia en Fiscalía para que se esclareciesen los hechos después de que el exconcejal de Hacienda por el PP, Juan Zaragoza, le citase a una reunión en su despacho del Ayuntamiento y le dijese que la oferta de la empresa beneficiaria, Isjoma, había sido redactada por dos técnicos municipales.

En concreto, según Alavés, Zaragoza le trasladó que el jefe del área de Servicios (de la que dependía el contrato), Víctor López (también encausado por los mismos hechos hasta su fallecimiento este año) había redactado la oferta técnica y que un técnico de Comercio había redactado la oferta administrativa, lo que habría colocado a la propuesta de Isjoma en una posición ventajosa.

Al mismo tiempo, en su declaración, en calidad de testigo, ha sostenido que en esa reunión, Zaragoza le planteó a él y a su padre "la posibilidad de pactar" con Isjoma, después de que se hubiese producido la apertura de los sobres que contenían la oferta económica en el proceso de licitación, cuando ya se sabía que la propuesta de Alavés era 960.000 euros más económica que la presentada por Isjoma.

De igual modo, ha apuntado que, en una fecha posterior, Zaragoza le llamó para que acudiese a la puerta del Ayuntamiento y, entonces, le entregó "el informe de ponderación de las propuestas técnicas" elaborado por el jefe de Servicios -es decir, Víctor López- en el que se concedía la máxima puntuación a la oferta de Isjoma. Según ha explicado ante el tribunal, ese informe se le notificó días después por el cauce oficial, como parte del desarrollo del concurso, por lo que no le dio trascendencia al hecho de que se lo entregase, sino que se centró en el contenido del informe y en analizar lo que él interpretó como "falsedades" por la mayor puntuación que se concedía a la oferta de Isjoma en comparación a la suya. 

Igualmente, ha sostenido que, después de esos encuentros, y de conocer ese informe, llamó a Zaragoza para mantener una nueva reunión, esta vez en la tienda de muebles regentada por su padre, que quedó grabada por una agencia de detectives y que fue la que entregó a la Fiscalía para que dilucidase sobre la existencia de supuestas irregularidades. En esa conversación, según ha explicado, Zaragoza explicó que él ya había puesto al corriente al concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens (también procesado) de esas presuntas anomalías, en alusión a la participación del jefe de Servicios en la confección de la oferta, y que, sin embargo, le dijo que no se podía hacer nada "porque esto era la punta del iceberg".

Además, ha explicado que también mantuvo una comida con Llorens para advertirle sobre las deficiencias en materia de seguridad en el montaje de escenarios que estaba desempeñando Isjoma desde 2003 y explicarle que su propuesta era mejor. No obstante, también ha apuntado que el concejal le dijo que él no podía intervenir porque era una cuestión técnica, "algo que al principio entendí pero no por completo porque había cuestiones que tenían que ver con la seguridad de los montajes que no hacía falta ser técnico para poder valorar".

Con idéntico fin, según ha relatado, también solicitó una reunión con la exalcaldesa, Sonia Castedo, que se produjo justo el día en el que se preveía aprobar la adjudicación definitiva del contrato a Isjoma en Junta de Gobierno para explicarle que su propuesta técnica era mejor que la de Isjoma y que se iba a cometer una injusticia. En ese encuentro, según ha explicado, la exprimera edil no le llegó a comentar su intención de dejar la adjudicación sobre la mesa para encargar un informe técnico sobre la corrección del proceso. Un dictamen que, a la postre, validó la tramitación del concurso y que permitió que la adjudicación definitiva se aprobase en la siguiente reunión de la Junta de Gobierno.

Así, Alavés ha tratado de justificar su proceder al asegurar que "solo quería que algún otro técnico revisase las propuestas, porque estábamos seguros de que nuestra oferta era mejor". "No entendí por qué se miraba hacia otro lado y no se hizo nada", ha explicado, por lo que, además de presentar la denuncia en Fiscalía, decidió recurrir la adjudicación en la vía contencioso-administrativa hasta que "conseguimos que siete años después el TSJ nos diese la razón y acordase que se nos concediese una indemnización de 330.000 euros" al fallar que la propuesta de Montajes Alavés debía haber resultado adjudicataria del contrato.

La versión del empresario contradice, así, a las manifestaciones ofrecidas tanto por Zaragoza como por Llorens en la segunda sesión del juicio, cuando ambos se exculparon de la existencia de supuestas anomalías y derivaron la responsabilidad de las decisiones adoptadas a los técnicos. En esta línea, Zaragoza sostuvo que fueron Alavés y su padre quienes le comentaron a él sus sospechas de que Víctor López había participado en la redacción de la oferta de Isjoma y que, después, trataron de inducirle a que él lo dijese en la reunión que fue grabada por una agencia de detectives.

La causa se sigue contra Llorens, Zaragoza, el responsable de Isjoma y dos técnicos municipales. En ella se dirime la existencia de un presunto amaño en la adjudicación del contrato de montaje de infraestructuras festivas en favor de Isjoma, que ya venía desempeñando el servicio en el contrato precedente, desde 2003, además de si pudo existir un supuesto fraccionamiento de contratos por el encargo de otros servicios por cuantías menores al margen de la contrata.

La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de prisión para Llorens por un delito de prevaricación, en concurso con un delito continuado de fraude a la administración. Para Zaragoza, pide un año de privación de libertad por un delito de revelación de secretos. Además, demanda dos años de internamiento para el jefe de talleres y un año y seis meses para el representante de Isjoma. El juicio prosigue la próxima semana con la práctica de la prueba. Su finalización está prevista para el jueves, día 26, con la exposición de las conclusiones.