El baluarte de la Torre Placia, junto a las viviendas que se autorizaron en su entorno de protección. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) al frente del Ayuntamiento de Alicante ultima el proceso de revisión del catálogo de protecciones que no llegó a aprobarse durante el pasado mandato, tras adaptar sus 600 fichas a las condiciones que establece la nueva versión de Ley de Ordenación del Territorio (Lotup), e introducir dos novedades esenciales respecto a la propuesta trazada en 2017. Es decir, la que los dos partidos ahora aliados en el gobierno tumbaron en el pleno cuando ejercían funciones de oposición, en una votación en la que contaron con el apoyo de los ediles no adscritos Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte.
La primera modificación sustancial que el bipartito pretende aplicar en ese nueva versión del catálogo ya es conocida: se trata de la eliminación del sistema de compensaciones frente a los derechos de edificabilidad en altura (los vuelos) de los inmuebles catalogados en régimen de protección parcial. Se evita, así, que el Ayuntamiento deba asumir coste alguno por impedir que los propietarios de determinados edificios puedan agotar el número de elevaciones que sí permita el PGOU vigente en cada zona concreta de la trama urbana.
Durante la etapa de gobierno de PSOE, Guanyar y Compromís se llegó a contemplar la posibilidad de compensar a los dueños de esos edificios con suelo edificable de propiedad municipal por un valor global de 16 millones de euros. No obstante, esa pretensión se rebajó después -ante las reticencias formuladas por el PSOE- de modo que se postergó a dos años vista la determinación del pago de esas posibles compensaciones en función de cada caso concreto.
La segunda modificación fundamental afecta al entorno de protección de las denominadas Torres de la Huerta: el conjunto de 23 baluartes defensivos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) que se construyeron a partir del siglo XV con la finalidad de proteger a la población frente a las incursiones berberiscas. A diferencia de la propuesta de catálogo de 2017, en el que -según fuentes municipales- se preveía un mismo radio de protección para todas las torres, la nueva versión del catálogo impulsada por PP y Cs trata de definir un perímetro específico individual para cada una de ellas.
En términos generales, esa nueva disposición reduciría el alcance de su perímetro de protección, frente a la propuesta anterior, en la que la uniformidad de esas distancias acababa preservando todo el sector de La Condomina en el que se encuentran situadas la mayoría de las torres, a través de un Plan Especial que daría a ese suelo un tratamiento como parque agrícola de interés cultural y etnológico.
La medida se justificaría en la necesidad de no dejar fuera de ordenación las viviendas preexistentes situadas en las proximidades de algunas torres
Según fuentes municipales, el cambio de criterio se adopta ahora con el propósito de evitar que viviendas preexistentes situadas en las proximidades de las torres puedan quedar fuera de ordenación, con el consiguiente conflicto que podría plantearse con los propietarios en situaciones en las que se pudiese plantear la posible venta de esos inmuebles. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento ya se ha visto forzado a promover el traslado de Torre Placia como solución alternativa al derribo de las viviendas de su entorno, en función de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en 2004.
Lo cierto es que la versión del catálogo de 2017 ya suscitó cierta controversia interna entre los tres socios del tripartito. El PSOE llegó a presentar una alegación concreta frente a la propuesta con el propósito de que se rebajase el blindaje al que se exponía al sector de La Condomina para que sí se permitiese tanto la construcción de nuevas viviendas, como la reforma de las preexistentes, además de la propia rehabilitación de las Torres de titularidad privada.
Hasta ahora, no ha trascendido el detalle concreto sobre la superficie que abarcarían esos nuevos entornos de protección. En primer término, el equipo de Gobierno pretende presentar esas nuevas condiciones a los grupos de la oposición (PSPV-PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox) para tratar de recabar su apoyo en el momento en el que la propuesta llegue a pleno. A priori, su debate y votación podría producirse entre los meses de febrero y marzo.
Fuentes municipales precisaron que los técnicos de la Concejalía de Urbanismo estarían completando la actualización de las 600 fichas en estas semanas, de modo que solo restaría obtener tres informes sectoriales -que deben emitir las áreas municipales de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Patrimonio Histórico-, para que se retome el proceso de negociación con los grupos opositores, tras los primeros contactos que se establecieron el pasado noviembre.
