Ayuntamiento / RAFA MOLINA ELCHE. Este viernes la Junta de Gobierno del Ayuntamiento daba cuenta de la situación financiera en el Consistorio, totalmente saneada, ya que prevé reducir en siete años 113 millones de euros de deuda, dejándola en 6 millones de euros a 31 de diciembre de 2021. Una reducción que se ha realizado progresivamente, entre otras cuestiones, gracias a las amortizaciones de deuda, pagando a los bancos acreedores millones de euros en lugar de destinarlos a otros ámbitos como posibles inversiones —lo que siempre ha generado controversia con la oposición por no destinarlos a proyectos— o a gasto corriente. Precisamente este viernes se aprobaba amortizar 5,9 millones de euros con la vista puesta en el gasto corriente de 2022 y 2023.
Todo dentro de tres modificaciones de crédito que se han aprobado, la última de ellas de 5,4 millones de euros provenientes del remanente del año anterior. En el presupuesto de 2021, en la partida de amortización de préstamos se contemplaba 1,1 millones de euros. A ella se le suman un total de 4,8 millones, dejando la partida finalmente en total la cifra en 5,9. Ello con el objetivo de reducir la deuda municipal, liquidando tres préstamos anticipadamente, dos con el Banco Sabadell y uno con Liberbank. Tras amortizar definitivamente estos tres préstamos, será cuando queden a 31 de diciembre de 2021 solo seis millones de euros de deuda municipal con los bancos.
Así pues, del 1,1 millones que se preveían amortizar este año, se utilizan 4,8 de remanente del curso pasado para sumar en total 5,9 millones de euros. Una operación con vistas al presupuesto de 2022, aunque también 2023. De esa forma se ahorrarán en pasivos financieros 2,3 millones de euros, "lo que permite que al a hora de confeccionar los presupuestos de 2022, dispongamos de más gasto ordinario y que ello nos permita seguir mejorando los servicios públicos y los convenios que mantenemos con entidades sociosanitarias", explicaba el portavoz Héctor Díez. No obstante, desde el equipo de gobierno también se liga esta decisión con la congelación de la presión fiscal, de forma que a priori, se evite tener que pagar esos 2,3 millones de euros en concepto de deuda que se tendrían que restar a gasto corriente de las distintas concejalías. Además, también se puede leer esta operación en clave política: más presupuesto para las concejalías para gastar el máximo antes de las elecciones de 2023.
La deuda que quedaría a final de año viene de dos préstamos aún activos, y aún están pendientes por activar los dos concedidos por los bancos en 2020 y 2021. Respectivamente, uno de 5,7 millones de euros de Liberbank y otro de 8,3 de Eurocaja Rural. Lo cual no significa que se vayan a gastar en su totalidad, sino que es el máximo del que pueden disponer. Asimismo, tienen dos años de carencia, es decir, sin tener que pagar intereses. Si empiezan a utilizarlo tras dos años, tendrán que pagar intereses, aunque en cualquier caso, la idea del bipartito es apurar para realizar inversiones con fondos propios. Los préstamos son una opción presente de la que se prevé tirar en algún momento a partir de 2022. En cuanto a los 113 millones de deuda reducida desde 2015, de 119 a los 6 de 2021, corresponden a ocho préstamos ya liquidados. "Una situación magnífica", recalca Díez, "y todo manteniendo la presión fiscal y sin recortar ni un servicio público, a pesar de haber incrementado servicios en limpieza, mantenimiento o ayudas de distinta índole".
Sobre la cuestión de la amortización, cabe recordar que con la suspensión de las reglas de gasto aprobado por el Gobierno, no es necesario que el remanente no invertido se devuelva a los bancos como lo era antes de la suspensión, aunque el Ejecutivo lo recomienda. Eso sí, si se quería gastar el dinero de ese remanente en inversiones, hay que hacerlo durante 2021, ya que se prevé que si la economía sigue su recuperación en 2022, vuelvan dichas reglas. Es decir, que por una parte, el bipartito no estaba obligado a amortizar deuda, pero por otra parte tampoco tiene tiempo de gastarlos en lo que queda de año teniendo en cuenta el proceso de licitaciones, adjudicaciones y ejecuciones —aunque sí en gasto corriente, también consecuencia de suspender las reglas—. Además, ya tiene en marcha las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) que se permitió que pasaran de 2020 a 2021 como consecuencia de esta suspensión de la normativa, así como del remanente de este año. Este era de 12,1 millones pero solo se invertirán en proyectos y gasto 5,6 millones, algunos ya en licitación.
Por otra parte, de cara al próximo ejercicio, para 2022 se ha enviado al Ministerio de Hacienda el expediente con las líneas generales del siguiente presupuesto, que será de 211 millones de euros, incluyendo los de Visitelche y Espais Verds. Aún se desconocen los que tendrán Pimesa y Aigües d'Elx, que van aparte por ser empresas autónomas, aunque las cuentas que gestionará directamente el Ayuntamiento estarán en torno a los 208 millones de euros. Asimismo, se prevé un endeudamiento del 0,16%, aunque dependerá de variables como las inversiones y gasto realizado o préstamos. Y un superávit de 20, 8 millones de euros. Eso sí, la cifra de ingresos que tendrá la administración local se prevé superior teniendo en cuenta que con la progresiva normalidad, la actividad económica mejorará.
Sobre esto último, el equipo de gobierno mantendrá la exención total de la tasa de mesas y sillas en la hostelería durante el primer semestre. Después, según la situación sanitaria, se prevé ir recuperando la normalidad. Eso sí, sobre la posibilidad de reducir los impuestos teniendo en cuenta la salud financiera del Consistorio, Díez apunta que no se valora "porque con la congelación de impuestos se puede mantener el escudo social del Ayuntamiento, y reducirlos supondría reducir también los gastos y servicios municipales".
