La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez; el alcalde, Luis Barcala, y la edil de Hacienda, Lidia López, en la presentación del borrador del presupuesto.ALICANTE. El análisis de la propuesta de presupuestos trazada por bipartito de Alicante (PP y Cs) para 2023, elaborado a partir del informe del departamento de Intervención municipal y del examen de las principales partidas, permite ratificar algunas de las conclusiones básicas que ya se pusieron de manifiesto durante la presentación de su borrador, el pasado diciembre: en primer término, las cuentas crecen hasta los 326 millones (el importe más alto de la historia del ayuntamiento) para poder atender el incremento salarial de los funcionarios y el aumento de los costes energéticos; y, en segundo lugar, no se incluyen inversiones adicionales a las ya comprometidas durante 2022. Es más, ni siquiera se prevé una dotación simbólica para la ejecución del centro de congresos: uno de los principales compromisos de los dos partidos aliados al frente de la gestión municipal que debe quedar cofinanciado por el Ayuntamiento, en función del protocolo de colaboración suscrito con la Diputación Provincial como administración coimpulsora del desarrollo del edificio.
Lo cierto es que, como informó este diario, el impulso a esa infraestructura que se considera clave para el sector turístico de la ciudad depende ya solo de los últimos flecos que permitan convocar el concurso sobre la redacción de su proyecto. De hecho, se había barajado la posibilidad de que esa licitación se produjese, incluso, en los últimos días de 2022, según el anuncio que el mismo alcalde, Luis Barcala, verbalizó con motivo del brindis navideño ofrecido por la Asociación de Hoteles de la Provincia de Alicante (APHA). De ahí que resulte sorpresiva su exclusión del presupuesto municipal, que sí quedó contemplada en las cuentas de 2022 con una primera asignación para cubrir costes de redacción de proyecto, aunque la aportación que corresponda asumir al ayuntamiento para costear la ejecución de las obras pueda quedar cubierta a través de remanentes (ahorros generados el pasado ejercicio) o por medio del crédito de 20 millones para la financiación de inversiones concertado el pasado junio.
En el proyecto de planificación económica ya aprobado por la Junta de Gobierno tras el visto bueno de Intervención (y ahora sujeto a la presentación de enmiendas por parte de los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición) sí vuelven a figurar inversiones ya conocidas, incorporadas en los presupuestos precedentes, como la construcción de la pasarela ciclopeatonal a Urbanova (pendiente de nueva licitación tras la resolución del primer contrato adjudicado a Pavasal) con una primera dotación de 1,73 millones (aunque su nuevo importe tras la revisión del proyecto superará los 4,4 millones), así como más de 848.000 euros para la reforma y calmado del tráfico del Paseo de los Mártires de la Libertad (que se prevé iniciar a la conclusión de la Ocean Race), y otros 1,36 millones (en una actuación que superará los 3 millones) para la tercera fase de la remodelación de La Explanada. En el área de Urbanismo, también se dotan otros 616.000 euros para la remodelación de la avenida de Ramón y Cajal en una actuación cofinanciada por la Diputación, a través del Plan Planifica.
Además, el presupuesto incorpora otros 4,4 millones para la renovación de aceras y alumbrado público; 1,6 millones para continuar con los trabajos de remodelación del Pitiu Rochel; 2,2 para la reforma de la Plaza de San Blas (pendiente de que vuelva a adjudicarse en cuanto se complete la rescisión del contrato adjudicado a Ecisa); 2 millones para la implantación del sistema de control de accesos en el anillo de la Gran Vía que forma parte de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Centro; 545.000 euros para la implantación del carril bus en la avenida de Aguilera (a la espera de que se concrete la definición definitiva de su diseño); 400.000 euros para la construcción de ecoparques; y más de 333.000 para la primera fase de la reforma de El Palmeral.
La lista de inversiones reseñables incorporadas en las cuentas de 2023 se completaría con los 3,34 millones reservados para la construcción del nuevo colegio de El Somni, a través del Plan Edificant, sin que conste partida específica para las otras cuatro actuaciones en colegios que sí quedaron reflejadas en los presupuestos de 2022. En números redondos, 886.000 euros para el Juan Bautista Llorca, 650.000 para el Santo Ángel de la Guarda, 244.000 para La Florida y 4,5 millones para el nuevo colegio de la Cañada del Fenollar. Fuentes municipales precisaron este lunes que, en realidad, esas cuatro inversiones no deben quedar incorporadas en las cuentas de 2023, puesto que ya existe el compromiso de financiación por parte de la Generalitat y, por tanto, se ejecutará su transferencia a medida que se vaya adjudicando la ejecución de sus obras.
Así, según las mismas fuentes, en el presupuesto de este año se habría incluido únicamente la partida correspondiente a la construcción del nuevo centro de El Somni puesto que el reconocimiento de financiación para la ejecución de sus obras se habría producido en el último tramo del año pasado. De este modo, se actuaría con el mismo procedimiento contable que se sigue en la contratación de un préstamo: de hecho, en el presupuesto tampoco figuran las inversiones que se prevé acometer con el ya citado crédito bancario de 20 millones que se contrató en junio, puesto que ya quedaron reflejadas en las cuentas de 2022. Es decir, que los fondos previstos para las obras de los cuatro colegios (así como los de las obras a ejecutar con el préstamo) se activarán en el momento en el que vaya a dárseles uso.
Además, el informe de fiscalización evacuado por el departamento de Intervención también confirma las previsiones de recaudación por vía de impuestos asociados al sector de la construcción, de las que ya informó este diario. En concreto, el dictamen también subraya la existencia de cierto optimismo en ese apartado al señalar que se espera un incremento del 30% respecto a 2022 en ingresos derivados del cobro del ICIO, hasta los 8,08 millones lo que, según el informe, supone "una previsión de un 27,77% por encima de la media de los derechos reconocidos en los últimos tres ejercicios liquidados (6,32 millones) sin que se aporte justificación suficiente para este incremento en el informe económico-financiero".
Por su parte, el aumento de ingresos por el IBI es del 0,54% (470.109 euros más que en 2022); el del IVTM, del 4,12% (400.000 euros más) y el del IAE, del 6,31% (532.259 euros más), mientras que las transferencias estatales suben un 17,45% (1,24 millones más).
Sánchez, Barcala y López.Pero, además, el informe de Intervención subraya la existencia de un aumento significativo en la previsión de ingresos generados por la tasa del servicio de auto-grúa, con un incremento del 20,4% "sobre los derechos reconocidos medios de las tres últimas liquidaciones, sin que se aporte justificación suficiente sobre este incremento". En concreto, la recaudación se incrementaría en 290.090 euros más hasta los 1,7 millones en lo que se consideraría una expectativa no sustentada en estimaciones objetivas conocidas.
Y algo similar sucede por lo que respecta a los ingresos por otras multas y sanciones, para las que se prevé una recaudación de 1.140.000 euros, lo que representa un aumento del 48,21% respecto a 2022 y de un 27,02% "sobre la media de los derechos reconocidos en los tres últimos ejercicios, sin que se aporte justificación suficiente que sostenga ese incremento". Es decir, que podría haberse inflado la previsión de ingresos por ese concepto, salvo que se cuente con alguna información adicional no precisada que justifique la imposición de mayor número de multas como explicación del pronóstico del aumento de la recaudación.
Al margen de ello, entre otros puntos significativos, el informe de Intervención también alude a la previsión de 216.235 euros para el desarrollo de la carrera profesional "a pesar del requerimiento realizado por la Subdelegación del Gobierno" en mayo de 2018 sobre el incumplimiento de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales de 2017 en una situación que "se reproduce en el presente ejercicio". De igual modo, alude al retraso en la tramitación de las cuentas al incidir en que la propuesta de borrador de presupuestos debía haber sido elevada al control de Intervención en septiembre para que las cuentas pudiesen tramitarse en plazo y entrar en vigor con el inicio del año natural.
Y, al margen de la modificación de algunos conceptos que, a juicio de Intervención, habrían dificultado el seguimiento y análisis de las partidas propuestas, se añaden dos referencias expresas a transferencias que tienen que ver con aportaciones de la Generalitat. La primera es el contrato programa, que figura con una asignación de 9,4 millones para el funcionamiento de los Servicios Sociales municipales que "cubre solo una parte del gasto total realizado por el Ayuntamiento, existiendo un déficit estimado" de más de 4,1 millones. Al respecto, Intervención señala que "existe ambigüedad y falta de clarificación en relación con las funciones y competencias desarrolladas por la Concejalía de Acción Social que son propias de la Administración autonómica" por lo que "se considera conveniente que se realice un análisis jurídico independiente en relación con la delimitación de competencias y económico respecto a la distribución de cargas".
Y la segunda alude a la cesión de las instalaciones del Centro de Tecnificación, un edificio construido por la Generalitat sobre suelo municipal, que se transferirá al Ayuntamiento a partir del mes de agosto para que se haga cargo de su mantenimiento por el que se aporta 99.158 euros frente a los 417.000 presupuestados por el Ayuntamiento para cubrir esos gastos. Así, el dictamen de Intervención advierte de que será la administración municipal la que deberá asumir el resto de costes, que ascenderán a más de un millón en los próximos años, según apunta. De ahí que el informe llegue a sugerir que el convenio de cesión regulase una situación a la inversa por la que sea el ayuntamiento la que subvencione parte de los costes de mantenimiento a la Generalitat mientras el edificio siga siendo de titularidad autonómica aunque se ceda su uso al ayuntamiento.
Por último, descontada la supervisión técnica, el último presupuesto conjunto de PP y Cs en su primera experiencia política en común en el Ayuntamiento de Alicante se caracteriza de partida -sin esperar a la fase de discusión de enmiendas- por lo que podría considerarse cierta adaptación a los postulados y peticiones habituales de Vox en lo que constituye un gesto político con el fin de recabar el respaldo de sus dos representantes para que la propuesta acabe prosperando con la mayoría suficiente en el momento en el que se someta a debate en el pleno de la corporación. Ese es el desenlace que se ha venido produciendo respecto a las cuentas de 2020, 2021 y 2022, que prosperaron gracias a la anuencia de sus dos ediles: Mario Ortolá y José Bonet (aunque en 2021, también con la abstención del PSOE).
En este sentido, las cuentas de 2023 no solo contemplan la reducción en el importe de partidas que los ediles de Vox vienen considerando como superfluas y "de contenido ideológico", como las de Igualdad o Cooperación, que se ven reducidas en un 45% en el caso de la asignación prevista para Igualdad, como ya han denunciado los representantes de los partidos del eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís). También se incluyen otros guiños a los concejales del partido que preside Santiago Abascal como la creación de una partida simbólica de un euro (a complementar con fondos adicionales en una hipotética modificación de crédito posterior) destinada a ayudas ante catástrofes desencadenadas en territorio español (una de las enmiendas presentadas por Vox en las cuentas de 2022), así como la dotación de 30.000 euros para organizar un acto de conmemoración de la Reconquista de Alicante el 4 de diciembre, o la reserva de otra partida inicial de un euro para el estudio y proyecto de la instalación de una comisaría de Policía Local en la Zona Norte. Es decir, otras dos iniciativas reivindicadas por Vox en los dos últimos ejercicios.
Sea como fuere, por el momento Vox no se ha pronunciado sobre cuál podría ser su posición en cuanto el proyecto de presupuesto quede expuesto a votación en una próxima comisión de Hacienda que podría celebrarse a finales de la próxima semana o principios de la siguiente, una vez que los técnicos de Hacienda resuelvan las enmiendas que puedan registrar el conjunto de grupos políticos (el plazo para su presentación concluye este viernes). Hasta ahora, Vox sí ha señalado que no es partidario de las inversiones relacionadas con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que persiguen aminorar la velocidad del tráfico para reducir la contaminación, ya que su argumentario recoge el rechazo a la existencia de una emergencia climática que obligue a adoptar "restricciones en las libertades individuales" como la de la movilidad.
