La edil de Cultura de Alicante, Nayma Beldjilali, tras prestar declaración como testigo en los juzgados de Benalúa. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Las diligencias abiertas por un supuesto fraccionamiento de contratos en el suministro de azafatas y montadores de escenarios para prestar servicios en el Teatro Principal de Alicante avanzaron este martes con la declaración de tres testigos que pusieron de manifiesto ante el juez dos ideas esenciales. Primero, que los órganos de gobierno del teatro no tendrían acceso a la información sobre esas contrataciones -que para la Fiscalía Anticorrupción quedan en entredicho- porque, al menos, hasta ahora, no se ha venido dando traslado de ellas para que puedan tenerse en consideración.
Y segundo, que, en todo caso, ese conjunto de encargos no quedarían sujetos a los requisitos de publicidad y pública concurrencia que se establecen en la Ley de Contratos del Sector Público -la tesis que defiende la Fiscalía- en la medida en que el Principal está constituido como una comunidad de bienes y, como tal, no tiene la entidad jurídica propia que resulta necesaria para que pueda considerarse que forma parte de la administración.
Por partes. La primera en prestar declaración fue la funcionaria del Ayuntamiento de Alicante que ejerce como secretaria de actas de la comunidad de propietarios del Teatro. Y, en realidad, fue ella la que ofreció un relato más ilustrativo, en la medida en que viene desempeñando esa función al menos desde 2015 y, en consecuencia, albergaría un mayor conocimiento sobre el funcionamiento de la sala. Fue ella quien aseguró, en primer término, que a los órganos de gobierno del Teatro no se da traslado directo y pormenorizado de cada uno de los contratos suscritos para garantizar su funcionamiento y su programación.
En esta línea, señaló que la subdirectora de la sala, María Dolores Padilla -hasta ahora, la única investigada en las diligencias- únicamente expone ante los consejeros una memoria económica anual general en la que no constaría ni los contratos específicos, ni el modo seguido para su contratación ni las empresas contratadas en cada uno de ellos, en las reuniones que se convocan para dar cuenta de la programación y de los balances de la sala.
Además, añadió que el departamento municipal de Intervención no entra a fiscalizar esos contratos, ya que el Teatro Principal no quedaría integrado en el organigrama del Ayuntamiento, a pesar de que la administración local sea una de las tres cotitulares de sus participaciones, junto al Banco Sabadell (heredero de la posición de la extinta CAM) y junto a la Generalitat (que asumió un tercio de sus títulos en diciembre de 2018).
Al margen de ello, aportó un informe elaborado por el vicesecretario general del Ayuntamiento en el que se venía a concluir, precisamente, que el Teatro Principal no es un organismo vinculado a la administración pública, ya que se rige como una comunidad de bienes. Y con esa consideración, según ese dictamen, no quedaría sujeta a los requisitos de contratación establecida en la Ley de Contratos del Sector Público. Así, la secretaria de actas apuntó que, en realidad, el Teatro Principal se rige por una regulación propia desde 2010 en la que se delimitan las funciones y responsabilidades de cada uno de sus representantes.
Con todo, a preguntas de la Fiscalía y de los letrados de los denunciantes, no llegó a aclarar cómo era posible que la subdirectora que ejerce como gerente de la sala hubiese formalizado contrataciones por un importe superior a los 3.000 euros de cuantía máxima que se fijan en esas normas autoimpuestas por la comunidad de propietarios del teatro.
La segunda compareciente, también en calidad de testigo, fue la actual edil de Cultura de Alicante, Nayma Beldjilali, que asumió el cargo en junio de 2023. Y su declaración vino a confirmar que los consejeros no habrían tenido acceso a la información detallada sobre los contratos suscritos. O cuando menos, que no se dio cuenta de ellos en la única reunión de la junta general y del consejo de gobierno en la que ella ha podido participar hasta ahora, celebrada el pasado diciembre.
Al margen de ello, solo añadió que desconocía cuál es el régimen jurídico de contratación por el que se rige el Teatro y que, al menos en esa última reunión de los órganos de gobierno -cuando ya estaban en curso las diligencias de investigación- no se habló ni de las fórmulas de contratación ni se planteó la posibilidad de adoptar medidas adicionales de prevención.
El tercero de los comparecientes fue Sergio Arlandis, director general de Cultura hasta que se produjo la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox al frente de la Generalitat. Y su testimonio no fue mucho más esclarecedor que el de Beldjilali. Lo cierto es que únicamente señaló que no participó en esa última reunión de los órganos de gobierno del Teatro y que no lo informaron de cuáles eran sus funciones concretas como consejero. Solo aportó la documentación que le habían hecho llegar al ser convocado para asistir a esa reunión a la que no acudió.
Por lo pronto, se prevé que las diligencias sigan su curso el próximo mes de octubre, con la previsible declaración de una de las denunciantes a la que no se pudo comunicar su citación previa, prevista para la semana pasada. En ese momento, sí acudió el primero de los denunciantes, quien se ratificó en el relato contenido en su denuncia al asegurar que siempre le subcontrataba la misma persona en representación de distintas empresas para prestar servicios en el Teatro.
Por su parte, la subdirectora del Principal, Padilla, declaró el pasado 10 de julio para descartar toda anomalía y asegurar que nadie le advirtió de que tenía que regirse según lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Además, añadió que todos los encargos se realizaron al mejor precio (el más económico) y que nunca superaron el límite de los 15.000 euros establecidos en la normativa de contratación como importe a partir del cual resulta necesario convocar un concurso público abierto a la concurrencia de empresas.
