ALICANTE/CASTELLÓ. Las universidades públicas valencianas buscan una solución de urgencia, porque el tiempo apremia, pero también estable, porque el problema no es coyuntural, a sus tensiones financieras. No es solo que el incremento del coste de la energía haya hecho saltar por los aires sus presupuestos (y obligado a apagar la climatización varios meses al año o a promover autoconsumos fotovoltaicos), es que con lo que consigna el Consell para costear los gastos de personal ya no llega para pagar las nóminas, tras el aumento de los salarios y el incremento de las plantillas.
La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, presidenta de turno de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Valencianas, ya ha expresado a los dos consellers implicados, el de Hacienda, Arcadi España, y la de Universidades, Josefina Bueno, que la asignación para las nóminas está un 6,5% por debajo del coste real, una situación que es común a las cinco universidades representadas en la Conferencia. Algo que los rectores aspiraban a solucionar en los Presupuestos de la Generalitat para 2023, pero que el Consell quiere vincular a un nuevo plan de financiación.
La raíz de las tensiones, de hecho, está en ese plan, ya que la Generalitat viene sufragando en los últimos años la 'deuda histórica' con las universidades con la intención de saldarla en 2023. El problema es que esa aportación extra a costa de la deuda es la que permite a los centros cuadrar sus presupuestos actuales. Los dos consellers han trasladado ya a la UA que están estudiando soluciones (lo que apunta al citado plan, según ha podido saber este diario de fuentes de Universidades), y hay prevista una reunión más adelante para abordarlas. Aunque por el momento, nada concreto, según dichas fuentes.
En este contexto, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, confirmaba este martes que el pago de las nóminas a los funcionarios que trabajan en la Universitat Jaume I de Castelló y en cualquier institución pública perteneciente a la Generalitat Valenciana "está garantizado". España se refería así al problema financiero de las universidades en la presentación de los presupuestos territorializados del próximo año para la provincia de Castellón, dónde también ha confirmado que "en los próximos días o semanas" la Conselleria se reunirá con los rectores y rectoras para buscar una solución, "convencido de que se llegará a un acuerdo".
Cabe recordar que hace un par de semanas la UJI dejó en stand by la tramitación de su presupuesto al alegar que las cuentas de la Generalitat no cubrían sus "necesidades reales" y, por tanto, imposibilitaría el funcionamiento normal de la universidad. La diferencia entre los ingresos que contempla el anteproyecto y el gasto real de la universidad castellonense para 2023 asciende a 16,3 millones de euros. La UJI plantea cubrir parte de este déficit utilizando 8,5 millones de remanentes propios, sin embargo la diferencia de 7,8 millones de euros restantes para equilibrar las cuentas hace "inviable" realizar un ajuste sin "comprometer seriamente" la actividad de la Universidad.
Aunque, tal y como indican estas mismas fuentes, la rectora de la UJI no tiene prevista ninguna reunión con la Conselleria para solventar el tema de los presupuestos y también el del Plan Plurianual de Financiación, sí hay previstas para esta semana reuniones de los equipos económicos de las universidades con el Gobierno valenciano. En la misma línea se ha expresado la propia Navarro, que además de como rectora de la UA, habla como presidenta de la Conferencia. Si bien no hay prevista reunión de alto nivel, sí existe un contacto permanente entre los equipos. "Entiendo que es una situación coyuntural que afecta de un modo global, no solo a las universidades, por lo que no podemos pedir más esfuerzo inversor, pero que se nos garantice el pago al personal".
Mientras, la UA continúa con el proceso de elaboración del proyecto de presupuestos de esta institución académica para 2023, aunque la rectora ha indicado que se está retrasando el cierre a la espera de que el Consell se pronuncie en relación con la asignación económica. En el caso de la UA, el déficit es de 16 millones. La rectora ha insistido en que "este incremento se deriva de la aplicación de las normativas estatales y autonómicas vigentes", así como del crecimiento vegetativo de su personal. "Una cuestión que la Generalitat, en cambio, sí ha tenido en cuenta en la consignación presupuestaria de su personal".
Por su parte, el rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Juan José Ruiz, indica que "expectantes a ver si hay más financiación porque si no, no podemos cerrar presupuestos", según informa desde Elche Pablo Serrano. "Hemos pedido una partida extraordinaria para poder asumir la subida de la plantilla y también para la subida de la luz", explica. De momento se están reuniendo gabinetes técnicos y económicos para estudiar la situación, y a priori se espera que el jueves los rectores puedan recibir alguna comunicación oficial al respecto. Desde la conselleria se les ha trasladado que se necesitan dos o tres días para estudiar posibles soluciones o alternativas.
En el caso de la UMH, el rector viene exigiendo en los últimos meses un plan de financiación para las universidades, que a priori se esperaba para este mes de noviembre, del que incidía en que no se conoce ni definición ni un esbozo, siendo algo que lleva años enquistado. Por ahora cuentan con una financiación que ni siquiera es plurianual, necesaria como apuntaba en el inicio de curso, "para saber lo que tenemos y planificar de forma adecuada".