El Consell encarga las obras del Instituto de la Memoria para iniciarlas en agosto... salvo renuncia

ALICANTE. Proceso cerrado. La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática completa el recorrido administrativo en el concurso convocado para ejecutar la reforma del antiguo edificio de Sanidad Exterior del Puerto de Alicante como sede del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática (IVMD) y consuma su adjudicación a la empresa Proyecon Galicia, como había anticipado este diario. Su oferta fue, de hecho, la única que concurrió en la licitación y la que superó la supervisión técnica, con una oferta ajustada al presupuesto de la convocatoria: 1.168.939,38 euros (impuestos incluidos).

Con la formalización de ese acuerdo de adjudicación, la conselleria tendría el camino despejado para dar inicio a las obras en el margen de un mes. De hecho, el calendario concertado hasta ahora para acometer el proyecto prevé que la firma del acta de replanteo -el trámite que permitirá comenzar los trabajos- se efectúe el próximo 3 de agosto, siempre y cuando para entonces se confirme la disponibilidad de licencia municipal. A partir de ahí, se estima que la primera certificación trimestral de obra se remita para su evaluación en los primeros compases del mes de noviembre y que la obra quede finalizada en junio del próximo año, en cumplimiento del plazo de nueve meses de previsto para su ejecución. 

Eso sí, todo parece indicar que el desarrollo del proyecto acabará dependiendo de la voluntad política del futuro Consell surgido de las urnas en las elecciones del pasado 28 de mayo. El nuevo ejecutivo autonómico a conformar por Partido Popular (PP) y Vox tendría a su alcance la posibilidad de renunciar al planteamiento promovido por el Consell del Botànic, toda vez que ya se ha anticipado la pretensión de revisar las políticas alineadas en torno a la recuperación de la memoria. 

De hecho, el programa nacional del PP compromete la derogación de la Ley de Memoria Histórica, con lo que podría abordarse esa misma decisión por lo que respecta a la Ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat. Es decir, la normativa que ampara la creación del IVMD como organismo encargado de desarrollar sus objetivos y de velar por su cumplimiento.

Sea como fuere, la renuncia a la ejecución del proyecto podría constreñirse al uso previsto para el inmueble, ya que, el acuerdo de adjudicación podría conllevar el pago de posibles indemnizaciones en el supuesto de que se tratase de plantear una renuncia a la ejecución de las obras. Al tiempo, esa hipotética anulación respecto a la realización de las obras quedaría ligado a un proceso burocrático de devolución o renuncia de las ayudas concedidas para su ejecución, ya que la rehabilitación arquitectónica del inmueble cuenta con una aportación europea próxima a los 700.000 euros como proyecto de mejora de la eficiencia energética de edificios históricos. Así, el nuevo Consell podría decantarse por mantener el desarrollo de la rehabilitación pero con el propósito de dedicar el edificio a otro uso distinto. 

Hasta ahora, la propuesta promovida por el departamento autonómico que coordina (en funciones) Rosa Pérez preveía acondicionar el inmueble concesionado por el Puerto con la intención de habilitar dependencias administrativas para el personal adscrito al IVMD y de crear una sala multiusos de cerca de 100 metros cuadrados (casi un tercio de la superficie total del inmueble) con capacidad para acoger a 45 personas, destinada a albergar conferencias, charlas o exposiciones, entre otros eventos culturales.