Gabriela Bravo en una reunión en los juzgados de Alicante / Foto: GENERALITAT VALENCIANAALICANTE. Nuevo compromiso de ejecución con presupuesto reforzado para la construcción del nuevo Barrio de la Justicia de Alicante. La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado este miércoles, en una visita de coordinación al Palacio de Justicia de Benalúa, que las obras para la construcción del nuevo complejo judicial de Alicante proyectado sobre el solar del antiguo cuartel de San Fernando empezarán el próximo mes de septiembre. Así lo ha manifestado al término de la reunión que ha mantenido con el decano de los jueces alicantinos, César Martínez, en un compromiso que también ha trasladado a los responsables de la Abogacía y la Procura del partido judicial, según han indicado fuentes del departamento autonómico.
La consellera ha explicado que, este viernes, el pleno del Consell autorizará la licitación para contratar la ejecución de los trabajos, pese a que, hasta ahora, en el último anuncio oficial avanzado al respecto -detallado en otra visita institucional de la propia Bravo, en marzo de 2021- se contemplaba que la adjudicación pudiese formalizarse a finales de este mes de mayo con el propósito de que las obras arrancasen en verano. Entonces, se concretó que su presupuesto ascendería a 67,4 millones. No obstante, las últimas modificaciones introducidas en el proyecto habrían elevado el precio estimado para la construcción de los nuevos edificios en otros 18 millones más, hasta los 85,6.
En esta línea, Bravo ha apuntado que "tenemos una previsión de adjudicación del contrato para el mes de julio de manera que las obras puedan iniciarse a finales de septiembre". Además, ha indicado que las obras se prolongarán durante 36 meses de forma que el nuevo complejo judicial entrará en servicio a mediados del año 2025.
El futuro complejo judicial, que se ubicará, así, frente a los actuales juzgados de Benalúa, tendrá 48.000 metros cuadrados distribuidos en planta baja, semisótano, dos sótanos y siete plantas más ático con una instalación fotovoltaica que permitirá que buena parte de la energía que consuma sea de origen solar. Además de los paneles fotovoltaicos, el edificio contará con sistemas inteligentes para el control de su consumo energético y climatización y será completamente accesible para personas con diversidad funcional, según fuentes del departamento autonómico.
En el nuevo complejo se unificarán la mayor parte de los órganos judiciales del partido judicial de Alicante. De este modo, agrupará los juzgados de la jurisdicción Civil, la Penal y la Fiscalía y albergará el Centro de Mediación, los Servicios de Orientación Jurídica, el Instituto de Medicina legal, las Unidades de Valoración Forense Integral, los gabinetes psicosociales y las cámaras Gesell.
De hecho, el pistoletazo a la contratación de la construcción del complejo se produce cinco meses después de que se acordase una ampliación del programa funcional del proyecto que se había trazado originalmente con el objetivo de dar encaje a todos los órganos judiciales planificados para el partido judicial de Alicante, a los que se añadía la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito y un Centro de Mediación, así como las instalaciones asociadas a la actividad del Instituto de Medicina Legal (IML) para el desarrollo de pruebas forenses, como informó este diario. Ya entonces, se concretó que la contratación de las obras podría sufrir un retraso hasta después del verano, tras elevar el importe de la redacción del proyecto por encima de los 1,5 millones.
Por otra parte, en la sede judicial situada en la calle Pardo Gimeno se mantendrán los juzgados de lo Contencioso-administrativo y lo Social, mientras que el espacio liberado del actual Palacio de Justicia de Benalúa será reformado con la pretensión de que quede habilitado preferentemente para usos institucionales.
Bravo ha señalado que "en el pasado, Alicante se quedó atrás cuando el Partido Popular construyó palacios de Justicia en las otras dos capitales de provincia de la Comunitat y en otras ciudades, pero Alicante quedó absolutamente discriminada”. Por ese motivo, ha defendido que el proyecto "es un compromiso de todo el Consell con esta ciudad" para que pueda desarrollarse un edificio destinado a los órganos de justicia en condiciones "dignas" como "los alicantinos merecen".
