Esos contratos se centrarían en la realización de trabajos de escenografía, montaje de escenarios y suministro de asistentes (azafatas), según las denuncias registradas por varios extrabajadores. La investigación se centra, así, en precisar si esos encargos se habrían concertado de forma continua con una misma representante empresarial, aunque ligada a distintas sociedades, a partir del año 2004, según apuntaba la propia Fiscalía en el escrito de recurso remitido al juzgado el pasado marzo frente al cierre provisional de las diligencias acordado por el juzgado. Fue ese recurso el que propició la reapertura de la instrucción.
En concreto, en ese escrito, Anticorrupción apreciaba la existencia de indicios de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Y solicitaba que se le remitiese documentación relacionada con las normas que regulan el funcionamiento de la sala, así como con la realización de las contrataciones de esos servicios con empresas externas, siempre vinculadas a una misma representante. Además, instaba a que se precisase quiénes habían asumido responsabilidades directivas en el teatro desde 2004 y quién había tomado las decisiones relacionadas con la adjudicación de esos contratos externos también desde ese periodo.
En esta línea, Anticorrupción acaba de reiterar y ampliar ahora la solicitud de documentación. En particular, emplaza al juzgado a que dirija un requerimiento a los responsables del Teatro Principal para que proporcionen informes adicionales con el fin de cotejar todos los encargos formalizados desde finales de 2018, ya que ese fue el momento en el que la comunidad de bienes que rige el teatro pasó a tener claramente una porcentaje mayoritario de participación pública, a través del propio Ayuntamiento y de la Generalitat. De hecho, fue el 28 de diciembre de ese año cuando se formalizó el acuerdo por el que la administración autonómica se incorporaba a la comunidad de bienes de la sala, al asumir una participación del 29,852%, que se suma al porcentaje del 35,047% en manos del Ayuntamiento de Alicante. Por su parte, la propiedad se completa desde entonces con otro porcentaje del 35,047% propiedad del Banco Sabadell.
La Fiscalía Anticorrupción considera que la documentación remitida tras el primer requerimiento, el pasado mes de marzo, estaría incompleta. Sobre todo, por lo que respecta a la información facilitada respecto a cuáles fueron las instrucciones seguidas con el fin de adjudicar la prestación de los servicios de montaje de escenarios y de suministro de azafatas. La Fiscalía subraya que, sobre ese punto concreto, en los documentos puestos a su disposición solo se habría detallado que "las directrices o instrucciones impartidas desde el Teatro a fin de prestar los servicios de acomodación y montaje de escenarios desde el año 2004 hasta la actualidad es el de conseguir la realización de los mismos al menor precio a igualdad en la calidad del servicio".
Sin licitación pública
En su nuevo requerimiento, fechado el 16 de octubre, Anticorrupción señala que de la información facilitada hasta el momento, parece demostrarse que la adjudicación de esos servicios "nunca ha sido sometida a licitación pública". En especial, por lo que respecta a las formalizadas a partir del año 2017, cuando entró en vigor la última revisión de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, que confirmaría la necesidad de que los organismos públicos convocasen licitaciones para la contratación de servicios. Y esa situación (ausencia de concursos) se extendería también a los encargos formalizados desde enero de 2019, cuando las administraciones públicas pasaron a ostentar la mayoría de participaciones en la comunidad de propietarios del teatro.
Una de las últimas reuniones de los órganos de gobierno del Teatro Principal, tras la incorporación de la Generalitat a la comunidad de propietarios.
Además, a la vista de la información que sí se ha facilitado, Anticorrupción considera que corresponde ampliarla con documentación adicional en tanto que no se habrían aportado memorias, estudios de mercado o presupuestos que pudiesen haberse solicitado a otras empresas para valorar cuál de ellas era la mejor oferta, al margen de la que acabó resultando beneficiaria de los encargos. Por todo ello, en esa nueva solicitud de información, Anticorrupción solicita que el Teatro Principal aporte, en primer lugar, nueva documentación en la que se identifique la persona que remitió la primera tanda de informes, y en segundo término, que se facilite toda la documentación relacionada con los expedientes de contratación desde el 28 de diciembre de 2018.
Pero no solo eso. También solicita que se precisen todos los importes abonados a la empresa Go Group Servicios Integrales de Marketing a partir del contrato suscrito en 2019, así como el acuerdo por el que la Junta General del Teatro facultó a su actual subdirectora, María Dolores Padilla, a firmar ese contrato y su posterior modificación, promovida en 2022. Y, por último, también reclama que se concrete qué consejero delegado del teatro se encargó de visar dicho contrato.
Poderes de contratación
Todo ello, según la Fiscalía, a la vista de que, en los estatutos del Teatro, se especifica que la competencia sobre la aprobación de los contratos de cuantía superior a los 120.000 euros corresponde a la junta general, salvo que exista delegación en el consejo de gobierno. Y que es este órgano el que asume los poderes sobre los encargos por importe inferior a los 60.000 euros, salvo que se delegue en los consejeros. Por último, solo se reserva a la figura del gerente la posibilidad de formalizar contratos de hasta 3.000 euros, con la obligación de elevar a firma de los consejeros los contratos de mayor cuantía.
De igual modo, se solicita de forma expresa que la actual subdirectora de la sala y exconcejal de Cultura por el PP, María Dolores Padilla, se abstenga de intervenir en la remisión de esa nueva documentación, ante la posibilidad de que pudiese condicionarla por su papel como máxima responsable del funcionamiento ordinario del teatro. Según la Fiscalía, esa hipótesis de un posible sesgo informativo se fundamentaría en los informes remitidos hasta ahora, en los que se señala que Padilla asumió las funciones de gerente desde 2006 hasta 2015 y que, desde 2019 hasta la actualidad también ha asumido ese papel de forma provisional, por su condición de subdirectora.
Por lo pronto, después de que trascendiese la reapertura de la causa, la misma Padilla ya señaló a consulta de Alicante Plaza -como máxima responsable ejecutiva del Teatro-que las apreciaciones incluidas en el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contenían "incorrecciones" y "errores". En esta línea, argumentó que quien tiene la facultad de contratar es la junta del teatro, que es el órgano que, después, delega en la subdirectora. Además, insistió en que las contrataciones siempre se han formalizado bajo el criterio de mejor precio, tras la comparación de varios presupuestos. solicitados a varias compañías. "Pedimos varios presupuestos y contratamos con la empresa que nos ofrece el precio más económico", señaló entonces, por lo que descartó que se tratase de adjudicaciones directas. "Siempre contratamos por precio", insistió, tras incidir en que ya se había concertado la respuesta legal correspondiente para esclarecer los hechos y que se procediese al archivo de las diligencias.
La fachada frontal del edificio del Teatro Principal de Alicante.
