Las tiendas cerradas en la avenida de Maisonnave tras la declaración del Estado de Alarma. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Se cumplen los primeros trece días con las restricciones de movilidad reguladas en la declaración del Estado de Alarma que han conllevado dos consecuencias especialmente gráficas en las calles de todas las ciudades: el cierre de la hostelería y del comercio (salvo los establecimientos dedicados a la venta de productos de primera necesidad, como farmacias o supermercados). Se trata de dos de los sectores económicos esenciales en la ciudad de Alicante, entre los que cunde la preocupación por el impacto que va a agravarse aún más con la extensión de la orden de confinamiento hasta después de Semana Santa.
Colectivos como Facpyme o la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), entre otros, se han apresurado a solicitar ya a los distintos escalones de la administración la puesta en marcha de medidas de apoyo que permitan atenuar el perjuicio de la crisis, además de iniciativas que permitan relanzar la actividad en cuanto se supere la situación de emergencia sanitaria. Y en esa es en la línea en la que ya estarían trabajando las dos fuerzas que comparten responsabilidades de gobierno al frente del Ayuntamiento de Alicante (PP y Cs).
Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que los departamentos de Alcaldía y Hacienda están diseñando un plan de ayudas económicas "potentes" para tratar de mitigar el efecto generado por ese cierre generalizado sobre el conjunto de pymes de la ciudad, así como para los autónomos. Y no solo en aquellos ámbitos relacionados con comercio y hostelería, también para todas las actividades vinculadas al turismo.
En ese plan, podría incluirse bonificaciones fiscales, aplazamientos de pago o exenciones en tasas y tributos de competencia municipal, además de posibles líneas de ayudas directas tanto para pymes como para autónomos. Todo, sin que resulte necesario aguardar a la aprobación de los presupuestos municipales de 2020 y a las modificaciones de crédito que se pretenden introducir para dar respuesta a las necesidades generadas por el Covid 19 entre colectivos vulnerables y entre el tejido productivo local.
De hecho, ya se han adoptado algunas decisiones en ese sentido, como el aplazamiento del periodo de pago voluntario del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de la Tasa de Recogida Residuos Sólidos Urbanos, que debía comenzar el 15 de marzo. La nueva fecha establecida para el inicio de su recaudación fue el próximo lunes, 30 de marzo, por lo que todo parece indicar que -como mínimo- podría acordarse una prórroga adicional en ese calendario, como ya se ha decretado para la suspensión del sistema de estacionamiento regulado (ORA), las restricciones para la celebración de actividades en la vía pública o la continuidad de las medidas excepcionales acordadas sobre el sistema de transporte público (medidas que se mantienen hasta el 12 de abril).
También se ha acordado igualmente la condonación del pago de las rentas de tres meses correspondientes a los alquileres establecidos para las empresas asentadas en los viveros municipales (junto a la exención para los alquileres de viviendas sociales).
No obstante, el objetivo es ampliar y diseñar otro tipo de medidas para el conjunto de pymes, y en especial, para comercio y hostelería, con otra batería de iniciativas que no se concretarán hasta que no superen el trámite de supervisión y visto bueno de los técnicos de la Concejalía de Hacienda y del departamento de Intervención.
Por lo pronto, fuentes del equipo de Gobierno apuntaron que también se está revisando el paquete de medidas habilitadas tanto por el Gobierno central como por la Generalitat para evitar duplicidades y para conocer de qué fondos se va a disponer a partir de las distintas vías de transferencia económica que se han anunciado para que los ayuntamientos puedan responder frente a la crisis como administración más próxima a los ciudadanos.
