ALICANTE. PP y Cs se exponen este jueves a su segundo debate sobre el estado de Alicante desde que entablaron su alianza al frente del Ayuntamiento. Y esta vez, casi todo será diferente respecto a lo acontecido en su primera experiencia, encarada el pasado diciembre. Básicamente porque el mundo ha tenido que cambiar de manera forzosa tras la propagación del coronavirus. Alicante y sus necesidades, también. Y el día a día de la gestión municipal, no ha quedado al margen del impacto de esa transformación global. Entre otras cosas, porque -al margen de las consecuencias de la pandemia- el bipartito también arrastra ya un balance de casi un año y medio de convivencia con sus respectivos aciertos y errores.
Basta con repasar el desarrollo del debate de 2019 para poder evaluarlos. En esa sesión, PP y Cs centraron sus discursos en trazar la hoja de ruta que pretendían desplegar en la primera parte del mandato 2019-2023. Para entonces, todavía no habían alcanzado sus primeros seis meses en el poder, pero se mostraron decididos a poner en marcha las labores de mantenimiento de la escena urbana que no se habían ejecutado desde hacía décadas (ya fuese por desidia política, por falta de financiación externa o por la austeridad que supuso la aplicación del Plan de Ajuste a partir de 2012).
Lo cierto es que parte de esa especie de 'plan renove', que ya comenzó a planificar el extinto tripartito, ya está en ejecución o a días de que varios proyectos se puedan poner en marcha. De hecho, el bipartito trata de poner en valor esas obras en los últimos meses, con un cuidado calendario de visitas en las que el alcalde, Luis Barcala (PP), no se cansa de subrayar que se están acometiendo obras por valor de 25 millones en el conjunto de la ciudad. Se trata de actuaciones de reurbanización de barrios y plazas como la segunda fase de La Explanada, la remodelación de San Gabriel, los proyectos de la plaza del Progreso o la plaza de Palmeretes, el parque-plaza de Benalúa o la remodelación de la avenida Padre Esplá, por ejemplo.
Al margen de esas actuaciones, en el debate de 2019 se anunció el rescate de dos de las grandes asignaturas pendientes de la ciudad: la construcción de un Palacio de Congresos y la contratación de los trabajos de redacción de un nuevo Plan General. Sin embargo, esos dos compromisos han registrado avances mínimos. Sobre el primero, solo se conocen algunos tanteos con propietarios de los terrenos de algunas de las posibles ubicaciones, al margen del encargo de un estudio a la Universidad de Alicante (UA) para que analice los mejores emplazamientos. Y sobre el segundo, solo se han anunciado los primeros pasos para recomponer la denominada Oficina de Plan General. Todo pese a que en el presupuesto de 2020 se había consignado sendas partidas de 400.000 euros para impulsar cada una de esas actuaciones. En todo caso, como posible descargo de la responsabilidad de la demora en ambas propuestas, puede alegarse que la Concejalía de Urbanismo se ha visto forzada a focalizar la mayoría de sus recursos en la tramitación del catálogo de protecciones: un documento respaldado por PSOE y Compromís, que acabó aprobándose a días del plazo límite para que caducasen sus estudios previos y se tuviese que reiniciar todo el proceso desde cero.
En aquel pleno del estado de la ciudad de diciembre de 2019, también se hizo hincapié en el desarrollo de la estrategia Alicante Futura concebida ya durante la etapa de gobierno en solitario del PP (entre abril de 2018 y abril de 2019) como marco para contribuir a la diversificación del modelo económico de la ciudad, mediante la captación de empresas innovadoras y de base tecnológica, capaz de aglutinar las experiencias del Distrito Digital o del Parque Científico de la UA. Un año después, esa iniciativa municipal trata de perfilar sus primeros avances con la ampliación del vivero industrial Príncipe Felipe, en el que se pretende asentar un cluster de empresas biotecnológicas, o la planificación de otras sedes físicas, como la prevista en el proyecto de remodelación del antiguo parque de bomberos de la calle Italia.
En esa sesión plenaria de hace un año, PP y Cs también expusieron sus avances en la prestación de servicios públicos, con el anuncio de la puesta en marcha de la nueva contrata de zonas verdes, y el refuerzo del control sobre la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura. Un año después, las mejoras introducidas en la contrata de zonas verdes no se han podido aplicar, como consecuencia del complejo proceso de recursos planteado por las compañías licitadoras.
Y sobre la contrata de limpieza y recogida de residuos, ya se confirma que no quedará otra alternativa que conceder una previsible prórroga (en contra del compromiso que todos los grupos políticos alcanzaron durante la campaña electoral), porque no se podrá contar con nuevo concesionario antes de septiembre de 2021. Por lo pronto, no parece discutible que, con los medios de los que se dispone, sí se ha incrementado el control sobre el cumplimiento del contrato con la aplicación de minoraciones en los pagos. Y hasta se habría encarrilado la construcción del subparque logístico previsto en Playa de San Juan.
