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Análisis ap - retos de las MEDIDAS DE RESPUESTA A LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL

La reconstrucción de Alicante tras el covid: 'show me the money' (y dime cuándo)

10/07/2020 - 

ALICANTE. El grupo de expertos convocado por el Ayuntamiento de Alicante para trazar la respuesta municipal frente a los desafíos provocados la crisis del coronavirus cerró oficialmente este jueves su fase de trabajo. El pleno de la comisión para la reconstrucción de la ciudad -la denominación y el formato con el que se canalizó su organización- aprobó el dictamen de conclusiones definitivo con un listado de 105 medidas pactadas y votadas previamente en cinco subcomisiones específicas, tras cerca de un mes para la presentación de propuestas.

El contenido de ese dictamen se ha ido conociendo, precisamente, a partir de las conclusiones aprobadas en cada una de esos cinco foros de debate, en una experiencia abierta a la participación pública casi inédita, como se encargaron de recalcar los portavoces de los grupos políticos de la oposición y algunos de los participantes sociales. Quizá quien lo apuntó de forma más directa fue el representante de los vecinos de San Blas, Mario Font, quien se mostró extrañado de que se ensalzase la participación como pilar fundamental para acordar ese paquete de soluciones frente a la crisis económica y social, cuando el Ayuntamiento sigue sin aprobar un nuevo reglamento de Participación Ciudadana desde hace cuatro años, cuando se inició el proceso de revisión.

Y lo cierto es que, entre esa batería de propuestas (su contenido se puede conocer en este enlace), salvo algunas medidas específicas relacionadas con la respuesta sanitaria o preventiva frente al coronavirus (como el acopio de material de protección y su reparto gratuito, por ejemplo), no se incluyen iniciativas revolucionarias ni necesidades que no se hayan planteado tiempo atrás. Al 80%, se trata de reivindicaciones históricas planteadas de manera cíclica al menos durante los últimos quince años que nadie ha llegado a ejecutar, como también coincidieron en señalar varios de los dirigentes políticos municipales en sus respectivas intervenciones.

Con todo, la coincidencia más relevante que se puso de manifiesto en el cierre de la comisión fue la demanda de calendario y financiación para su desarrollo para que el trabajo sea "útil" y pueda "servir para algo", como verbalizó el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, en alusión a las dudas que, dijo, podrían albergar los colectivos que han participado en el diseño de ese paquete de soluciones. Lo subrayaron los representantes de UGT, de CCOO, Cáritas y Ecologistas en Acción: en el dictamen se echa en falta que se concreten los postulados genéricos en iniciativas detalladas, además de un calendario de ejecución, unos indicadores objetivos que permitan evaluar su desarrollo y, por último, que se les dote de fondos para que lleguen a convertirse en realidad. De lo contrario, todo quedará en papel mojado. Y en una foto; una pose de voluntad de consenso, con un aparente compromiso de mejora, como se comienza a temer desde los partidos del eje progresista (PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís) que se dicen especialmente preocupados por acabar con la ciudad dual actual, marcada por las desigualdades sociales, como apuntó el portavoz socialista, Paco Sanguino

Por lo pronto, el alcalde, el popular Luis Barcala, recogió el guante frente a esas críticas constructivas y tuvo una respuesta rápida para algunas de esas manifestaciones. En primer lugar, sobre la falta de concreción, dijo sin decir, al referirse al esfuerzo que había supuesto llegar a consensuar las medidas. En efecto, difícilmente se podía haber alcanzado un entendimiento entre tantos colectivos si se entraba a la discusión del detalle. Así, apuntó que ahora debían ser los técnicos municipales quienes definiesen cuál era la mejor manera de plasmar las propuestas y sus respectivos epígrafes en acciones ejecutivas. Y, además, que tengan encaje legal en el ámbito de las competencias que puede desempeñar el Ayuntamiento, en alusión a algunas de las iniciativas que se habrían modulado en el documento definitivo. Entre ellas, la alusión al cambio en el régimen de horarios al comercio planteado por los sindicatos, o la contratación de más profesores. Barcala apuntó al respecto que se trataba de cuestiones que competen a la Generalitat, por lo que (en el caso de la propuesta educativa) se había acordado emplazar al Consell a que se atendiese esa petición.

En segundo lugar, sobre la participación pública, apuntó que ya existen mecanismos y proyectos en fase de redacción en los que se puede contribuir a perfilar esas medidas. Citó dos iniciativas concretas: el Plan de Inclusión Social y la Agenda Alicante 2030, con la que se pretenden trasladar a la ciudad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Y a esos proyectos también se refirió respecto a la calendarización y la financiación, al apuntar que en ellos ya se concretará cuándo y con qué presupuesto pueden llevarse a cabo. El problema es que, al fin y al cabo, la elaboración de esos proyectos no deja de ser más trabajo de planificación, sin que, por el momento, se atisbe cuándo puede existir una decisión ejecutiva que conlleve los cambios pretendidos. Es más, el propio Barcala también apuntó que la puesta en marcha de todo ese paquete de acciones no será cuestión de un año, sino que deberán tener reflejo en los presupuestos de los años venideros.

En todo caso, señaló que es ahora cuando también se abre el proceso técnico y político para determinar cuáles de esas 105 medidas recogidas en el dictamen resultan prioritarias para poder acordar su financiación, a través de la cuarta modificación de crédito (la tercera, este mes de julio, será para pagar operaciones pendientes) del presupuesto de este año, que se pretende comenzar a negociar de modo inmediato con el conjunto de los grupos de la oposición. Todo, después de recalcar que algunas de las iniciativas previstas ya se están desarrollando, con financiación concreta, como las ayudas frente a la emergencia social (2,7 millones) y las subvenciones directas a pymes y autónomos (5 millones), a partir de las dos primeras modificaciones de crédito aprobadas este lunes.  Igualmente, apuntó que no todas las iniciativas requerían de dotación presupuestaria, puesto que se trata de desarrollar o revisar planes de actuación municipal, como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), lo que, a priori, no supone una inversión adicional. 

Eso sí, admitió que resulta necesario que se fijen unos indicadores para poder medir la ejecución del conjunto de iniciativas. Y no llegó a concretar con qué recursos se contará para sufragar las medidas que sí requieran de fondos para poder materializarse. Todo queda abierto a la negociación política, y a la capacidad que se disponga para maniobrar con el remanente del presupuesto de 2019, todavía supeditado a la autorización del Gobierno Central. Sin esos fondos, el bipartito tendrá que tirar de tijera y renunciar a ejecutar parte de las previsiones de su presupuesto de este año, con las tensiones que eso podría llegar a suponer en las relaciones entre los dos socios de gobierno (PP y Cs) en términos de sacrificio de iniciativas propias. El problema añadido es que, por lo que se atisba, la oposición va a ser exigente y no lo pondrá fácil. Vox seguirá defendiendo la reducción del gasto que considera superfluo: cooperación, ayudas a entidades, área LGTBI, etc. PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís pondrán el foco en la cuestión social. Máxime, después de que proliferen las quejas de las entidades sociales (la última, la protesta convocada por el Banco de Cuidados el próximo domingo) por lo que consideran falta de implicación y cooperación municipal en la tarea de distribución de alimentos entre la población necesitada.

Además, tampoco parece que los tres grupos del eje progresista vayan a aceptar demoras en algunas de las medidas incorporadas al dictamen. El portavoz de Unides Podem, Xavier López, dio el aviso. "El alcalde no puede decir que ahora se tiene que comenzar a concretar las medidas porque ya están ahí, el PMUS está aprobado e incluye proyectos como ampliar la red de carriles bici o la reurbanización de calles para que dispongan de un solo sentido, así que solo hace falta que se ejecuten", recalcó. 

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