ALICANTE. El grupo de expertos convocado por el Ayuntamiento de Alicante para trazar la respuesta municipal frente a los desafíos provocados la crisis del coronavirus cerró oficialmente este jueves su fase de trabajo. El pleno de la comisión para la reconstrucción de la ciudad -la denominación y el formato con el que se canalizó su organización- aprobó el dictamen de conclusiones definitivo con un listado de 105 medidas pactadas y votadas previamente en cinco subcomisiones específicas, tras cerca de un mes para la presentación de propuestas.

El contenido de ese dictamen se ha ido conociendo, precisamente, a partir de las conclusiones aprobadas en cada una de esos cinco foros de debate, en una experiencia abierta a la participación pública casi inédita, como se encargaron de recalcar los portavoces de los grupos políticos de la oposición y algunos de los participantes sociales. Quizá quien lo apuntó de forma más directa fue el representante de los vecinos de San Blas, Mario Font, quien se mostró extrañado de que se ensalzase la participación como pilar fundamental para acordar ese paquete de soluciones frente a la crisis económica y social, cuando el Ayuntamiento sigue sin aprobar un nuevo reglamento de Participación Ciudadana desde hace cuatro años, cuando se inició el proceso de revisión.

Y lo cierto es que, entre esa batería de propuestas (su contenido se puede conocer en este enlace), salvo algunas medidas específicas relacionadas con la respuesta sanitaria o preventiva frente al coronavirus (como el acopio de material de protección y su reparto gratuito, por ejemplo), no se incluyen iniciativas revolucionarias ni necesidades que no se hayan planteado tiempo atrás. Al 80%, se trata de reivindicaciones históricas planteadas de manera cíclica al menos durante los últimos quince años que nadie ha llegado a ejecutar, como también coincidieron en señalar varios de los dirigentes políticos municipales en sus respectivas intervenciones.

Con todo, la coincidencia más relevante que se puso de manifiesto en el cierre de la comisión fue la demanda de calendario y financiación para su desarrollo para que el trabajo sea "útil" y pueda "servir para algo", como verbalizó el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, en alusión a las dudas que, dijo, podrían albergar los colectivos que han participado en el diseño de ese paquete de soluciones. Lo subrayaron los representantes de UGT, de CCOO, Cáritas y Ecologistas en Acción: en el dictamen se echa en falta que se concreten los postulados genéricos en iniciativas detalladas, además de un calendario de ejecución, unos indicadores objetivos que permitan evaluar su desarrollo y, por último, que se les dote de fondos para que lleguen a convertirse en realidad. De lo contrario, todo quedará en papel mojado. Y en una foto; una pose de voluntad de consenso, con un aparente compromiso de mejora, como se comienza a temer desde los partidos del eje progresista (PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís) que se dicen especialmente preocupados por acabar con la ciudad dual actual, marcada por las desigualdades sociales, como apuntó el portavoz socialista, Paco Sanguino. 

Por lo pronto, el alcalde, el popular Luis Barcala, recogió el guante frente a esas críticas constructivas y tuvo una respuesta rápida para algunas de esas manifestaciones. En primer lugar, sobre la falta de concreción, dijo sin decir, al referirse al esfuerzo que había supuesto llegar a consensuar las medidas. En efecto, difícilmente se podía haber alcanzado un entendimiento entre tantos colectivos si se entraba a la discusión del detalle. Así, apuntó que ahora debían ser los técnicos municipales quienes definiesen cuál era la mejor manera de plasmar las propuestas y sus respectivos epígrafes en acciones ejecutivas. Y, además, que tengan encaje legal en el ámbito de las competencias que puede desempeñar el Ayuntamiento, en alusión a algunas de las iniciativas que se habrían modulado en el documento definitivo. Entre ellas, la alusión al cambio en el régimen de horarios al comercio planteado por los sindicatos, o la contratación de más profesores. Barcala apuntó al respecto que se trataba de cuestiones que competen a la Generalitat, por lo que (en el caso de la propuesta educativa) se había acordado emplazar al Consell a que se atendiese esa petición.