Las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent.
6/11/2020 -
ALICANTE. La tercera sesión de la comisión sobre el cumplimiento y control de la contrata de limpieza viaria y recogida de la basura de Alicante, celebrada este jueves, sirvió para diseccionar las características del servicio y conocer las interioridades de su prestación desde que se adjudicase, en 2013. La clase de anatomía corrió a cargo esta vez del responsable del contrato, el ingeniero Sebastián Chicote, a quien se considera redactor del pliego de condiciones por el que se rige desde hace siete años. De ahí que, a diferencia de la exposición sobre los restos de futuro ofrecida por el jefe del Servicio de Limpieza y Medio Ambiente, Manuel Marco, el pasado mes de marzo, gran parte de las explicaciones de Chicote se centrasen en los ejes centrales de ese pliego por lo que respecta al servicio que debe prestarse, y a los mecanismos disponibles para garantizar su cumplimiento.
En suma, las cerca de cinco horas en las que se prolongó su comparecencia se resumieron en cuatro bloques temáticos esenciales. Primero, el desorden inicial en la dirección del servicio. Segundo, la puesta en marcha de una nueva estructura de supervisión con un refuerzo en la inspección y la aplicación de penalizaciones a la UTE concesionaria, aunque todavía con pocos medios para desarrollar esa labor. Tercero, la instauración de una etapa de conflicto con la propia UTE, por su desacuerdo con las decisiones y exigencias municipales. Y cuarto, el estado de preparación del nuevo contrato (el actual vence en septiembre de 2021), un proceso en el que ratificó que será necesario acordar una prórroga al menos en alguno de los tres pivotes del servicio (limpieza, recogida de residuos y tratamiento y eliminación).
1. Desorden en la dirección: El responsable del contrato se remontó hasta 1990 para analizar la evolución de los distintos pliegos de condiciones. E hizo especial hincapié en el contrato precedente al actual, del año 2000. En esta línea, apuntó que se adjudicó a Inusa por 26 millones de euros y se acabaron pagando 50 por servicios no cubiertos, tras acordar hasta 113 ampliaciones distintas. Después, señaló que el contrato de 2013, ahora en vigor, se adjudicó a la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica por 39 millones, tras la elaboración de un pliego que él redactó "en un 85%" y que consideró correcto, pese a que un informe técnico emitido en 2018 por los entonces responsables del contrato concluyese justo lo contrario: que el pliego era insuficiente. Hasta el alcalde, Luis Barcala, compartió esa misma reflexión en una comparecencia plenaria solicitada por la oposición, en la que señaló que el pliego era "excelente pero insuficiente", como recordó el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, durante su intervención en la comisión. Chicote no entró en el debate y defendió que, a su juicio, el pliego era más que suficiente para "tener la ciudad aseada". Eso sí, siempre que ese pliego se hubiese desarrollado de manera correcta.
Así, señaló que en 2015, con la formación del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) hubo un cambio en la estructura de supervisión del contrato, de la que él había formado parte hasta poco tiempo antes. A partir de ese momento, dijo, se nombró a tres directores facultativos distintos sin formación en ingeniería industrial. "Se optó por la psicología", dijo, en alusión a la formación del técnico escogido como nuevo responsable del contrato, a quién se adscribió, después un ingeniero agrónomo. Más tarde, se contó con el apoyo de un biólogo, ya en 2017 y 2018. A juicio de Chicote, la composición de esa estructura supuso "perder la confianza en la ingeniería industrial y en la economía", lo que calificó de "un error".
Además, señaló que la maquinaria que se debía haber incorporado a partir del segundo año del contrato, llegó con retraso. Y recalcó que los problemas se agravaron con la aprobación de un segundo modificado del contrato, en 2016, en el que se redistribuyeron los turnos de limpieza, para que se reforzase el servicio en los barrios, detrayendo operarios de otros servicios, sin tener en cuenta cuestiones como la productividad o la fidelidad en el uso de la maquinaria para procurar un mejor mantenimiento, sin averías, y así prolongar su vida útil. Todos esos cambios, según Chicote, conllevaron que tanto la plantilla de la UTE como los propios trabajadores municipales cayesen "en el desánimo".
2. Nueva estructura de control: El responsable del contrato explicó que esa situación se comenzó a enderezar a partir de julio de 2019, con la designación de una nueva estructura directiva encabezada por Marco, con la participación de él mismo (Chicote). Así, defendió que desde entonces se ha reforzado la labor de control sobre el servicio prestado hasta contar con 15 inspectores, sin que, a su juicio, exista la necesidad de contar con un informe de evaluación externa sobre la calidad de la prestación. Es más, sostuvo que las fichas de observación contempladas en el contrato contienen los elementos necesarios para eliminar la subjetividad en la valoración de la limpieza y descartó "la idea errónea que se ha trasladado de que para la UTE resulta muy fácil superar las evaluaciones solo por el hecho de cumplir con la uniformidad de sus operarios, o con su presencia en su puesto de trabajo". "Eso supone 50 puntos, pero es que para aprobar hay que llegar a 84 de 100 puntos posibles", explicó.
Además, recalcó que en este último año y medio se han comenzado a aplicar las primeras penalizaciones y detracciones por incumplimientos o servicios no prestados. En concreto, se refirió al expediente sancionador abierto contra la UTE por rechazar la elaboración de la auditoría económica y a los descuentos en los pagos de las certificaciones mensuales por la no realización de los desbroces de caminos. A esas minoraciones se añaden las aplicadas por el hecho de que no se haya ejecutado el subparque previsto en Playa de San Juan para recortar los tiempos de desplazamiento de la maquinaria desde las instalaciones de la UTE en el polígono del Pla de la Vallonga, como también había apuntado Marco en su comparecencia de marzo. Según Chicote, hasta ahora todas esas actuaciones habrían supuesto minoraciones por un importe global de más de 300.000 euros en los pagos a la concesionaria.
En esta línea, defendió que también se ha requerido a la UTE para que facilite los sistemas de control horario de la plantilla, como mejor elemento de control de calidad en la prestación y para evitar un supuesto enriquecimiento injusto en su favor. Igualmente, según dijo, también se ha obtenido las claves del programa para el seguimiento de la maquinaria a través de GPS, que ya se solicitaron durante la última etapa del tripartito en la que Guanyar asumió las competencias sobre Limpieza.
Así, a preguntas del edil socialista, Raúl Ruiz, Chicote aseguró que ahora sí se tenía un control de la prestación del servicio después de haber puesto en marcha un proceso gradual de toma de decisiones. Primero sobre la limpieza viaria, con una nueva organización de los turnos; después sobre la recogida de residuos, en la que no se disponía de inspectores; y ahora también sobre la gestión del centro de tratamiento de residuos de Fontcalent, respecto a la que admitió que todavía quedaba trabajo por hacer. Se refirió, por ejemplo, a la necesidad de disponer de un inspector específico destinado a la planta de tratamiento, así como la evaluación pendiente sobre el uso de tierras de cobertura en las celdas de vertido. Es más, al respecto, apuntó que su composición inadecuada pudo ser el origen del incendio que se declaró en las celdas de vertido hace menos de un mes.
Los bomberos, en la extinción del fuego declarado en la planta de tratamiento.
Ahora bien, el ingeniero también admitió que esa labor de control no podía considerarse como "exhaustiva" por falta de recursos. "Trabajamos con los medios que tenemos", resumió. En este sentido, a preguntas del portavoz e Vox, Mario Ortolá, tanto Chicote como Marco (también presente en la comisión) señalaron que haría falta llegar a disponer de 20 inspectores. Y que, además, se aplicara la modificación de la RPT para que pudiesen trabajar durante los turnos de noche y los sábados, percibiendo los complementos que corresponden. Todo pese a que también señaló que, desde hace una semana, los agentes de la Unidad Fox de la Policía Local se habían puesto al servicio del departamento de Limpieza para vigilar y perseguir puntos de vertido de enseres y de escombros, por ejemplo. E igualmente, también defendió la necesidad de que se hubiese aprobado un tercer modificado del contrato (criticado por los grupos de la oposición tras tildarlo de regalo a la UTE participada por el empresario Enrique Ortiz en el último año de prestación) para incorporar servicios que no estaban contemplados en el pliego de 2013 porque no existían esas nuevas necesidades que ahora sí que se debían atender. Entre ellas, la creación de nuevos núcleos residenciales como el PAU 5 o la necesidad de tener un servicio de limpieza en Tabarca.
3. Los conflictos con la UTE: El nuevo rumbo que, según Chicote, se habría imprimido en la supervisión del contrato en el último año y medio habría supuesto el estallido de una etapa de litigiosidad por parte de los responsables de la UTE concesionaria, que estaría recurriendo en vía judicial y presentando alegaciones frente a las decisiones adoptadas por el ayuntamiento en asuntos como la aplicación de minoraciones en las certificaciones mensuales. Así, al margen del contencioso presentado frente al expediente de sanción por la auditoría económica del año 2018, no elaborada, Chicote detalló que la UTE también ha registrado más de 500 alegaciones frente a las deficiencias detectadas por los inspectores en los dos últimos meses.
Limpieza promueve la construcción de tres nuevos ecoparques antes del fin de 2021 en Villafranqueza, Playa de San Juan y Babel con la intención de reducir el vertido incontrolado de enseres
En este sentido, reconoció que no está siendo fácil conseguir que la UTE se acoja a las directrices que se marcan desde el ayuntamiento cuando se les está aplicando controles estrictos y cuando se toman decisiones como la de restringir el depósito de residuos ajenos a la ciudad de Alicante por los que estaba obteniendo ingresos sin participación para el ayuntamiento. En esta línea, apuntó que, en la actualidad, solo se producía la entrada de residuos procedentes de los municipios de la Vega Baja por disposición de la Dirección General de Calidad Ambiental. En todo caso, defendió la oportunidad que supuso para el Ayuntamiento que hasta 2013 se recibiese residuos de los municipios del Valle de Ayora, puesto que ello reportaba unos ingresos de 5 millones de euros anuales.
Además, respecto a los diversos motivos de disputa con la UTE, señaló que en cuanto se produzca el vencimiento del contrato habrá que aprobar su liquidación, lo que permitirá que se puedan aplicar nuevos descuentos o minoraciones en caso de que se adviertan nuevas deficiencias no corregidas por la UTE.
4. La situación del nuevo contrato y la prórroga: Por último, Chicote también se refirió, a preguntas de los grupos de la oposición, sobre los preparativos para licitar el nuevo contrato y sus características. Al respecto, ratificó los avances que ya formuló Marco en marzo. Detalló que la consultora externa a la que se le encomendó la tarea deberá entregar el Proyecto de Gestión del Plan Zonal y el Plan Local de Residuos entre diciembre y enero y que el objetivo es tener el nuevo pliego redactado cuando se cumpla el primer semestre de 2021. Así, apuntó que todo parece indicar será necesario acordar una prórroga que podría limitarse a alguno de los tres servicios (limpieza, recogida de residuos o tratamiento y eliminación) sin que esa extensión tuviese necesariamente la duración de dos años que se prevé en el pliego actual, como ya ha manifestado en reiteradas ocasiones el edil de Limpieza, Manuel Villar. También confirmó que probablemente se opte por dividir el servicio en contratos distintos: uno para la limpieza viaria y otro para la recogida de residuos.
Los ediles representados en la comisión, durante la comparecencia de Chicote.
Respecto a la solicitud de que se permitiese la participación ciudadana en la elaboración de los pliegos, recordada por la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, el responsable del contrato señaló que ya se había creado un consejo para que se canalizase la presentación de propuestas. E, igualmente, también apuntó que la línea con la que se trabaja en el departamento es la de apostar por la recogida selectiva del residuo orgánico mediante una nueva experiencia de extensión del quinto contenedor (que, según Chicote, no funcionó de manera correcta en la etapa del tripartito) y la puesta en marcha de la recogida puerta a puerta, al menos en los barrios del Centro y Casco Antiguo. Con ello, se trataría de mejorar los niveles de recuperación y reducir el porcentaje de residuo que acaba en vertido, en cumplimiento de los parámetros que marca la Unión Europea (UE) con la advertencia de posibles sanciones.
Y, por último, detalló que se iba a tramitar un proyecto de gestión por separado para la puesta en marcha de otros tres nuevos ecoparques: uno en Villafranqueza, otro en Playa de San Juan y otro en Babel. Según Chicote, con los tres, y la apuesta por la recogida selectiva de orgánica, se confía en reducir el porcentaje de vertido y, por tanto, ampliar el periodo de uso de la cuarta celda. Esos tres nuevos ecoparques, que se sumarán al ya existente en Aguamarga, podrían estar en funcionamiento antes de que finalice 2021, tras la licitación de su construcción, con un coste aproximado de 500.000 euros cada uno. Según Chicote, su gestión se sacaría a concurso por separado, lo que agilizaría su puesta en marcha.
Sea como fuere, las explicaciones de Chicote generaron diferentes interpretaciones por parte del equipo de Gobierno (PP y Cs) y de los tres partidos de la oposición que conforman el eje progresista, PSOE, Unides Podem y Compromís. Aunque a cierre de la comisión, unos y otros confluyeron en la necesidad de dotar de más medios a la labor de inspección municipal para reforzar el control del contrato, como señaló la edil socialista Llanos Cano, lo cierto es que también ofrecieron perspectivas dispares que rayaron en el enfrentamiento.
Por parte del bipartito, Villar abogó, primero, por demandar tiempo "sin presiones" para que el departamento pudiese acometer el trabajo pendiente, como la licitación del nuevo contrato, que se habría visto retrasada por la declaración del estado de alarma, el pasado marzo. Y después, defendió que había sido el actual equipo de Gobierno el primero que había tomado medidas para mejorar un servicio después de casi tres años de experiencia del tripartito. En esta línea, el edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), defendió la labor de los técnicos que componen la actual estructura de supervisión del contrato y reprochó las decisiones erróneas adoptadas durante el mandato del tripartito.
Desde las filas de la oposición, los ediles del PSOE, Raúl Ruiz y Llanos Cano, demandaron que se les facilitase información detallada sobre el contrato antes de que se celebre la próxima reunión de la comisión, el día 3 de diciembre. Además, consideraron que las explicaciones de Chicote confirmaban los problemas en materia de contratación que afectan al bipartito, que también "llegara tarde" para licitar uno de los servicios de mayor cuantía de los que dependen del ayuntamiento, junto al transporte urbano.
La edil de Unides Podem, Vanessa Romero, insistió en reclamar una participación ciudadana efectiva, reclamó un mayor control a la UTE por lo que respecta al mantenimiento de la maquinaria y requirió que se apostase por potenciar el uso del biodigestor de la planta para contribuir a mejorar el tratamiento del residuo orgánico y, a su vez, que se redujese el porcentaje de vertido.
Y el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, admitió que se había puesto en marcha un refuerzo en el sistema de inspección pero lamentó que, de nuevo, no se vaya a llegar a tiempo de licitar otro contrato millonario antes de que se produzca su vencimiento.
Las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent.
