Alicante prevé la prórroga temporal para la basura y retendrá un millón a la UTE por un subparque

ALICANTE. El bipartito de Alicante (PP y Cs) da a conocer nuevos planes de futuro para el servicio de limpieza viaria y recogida de la basura con dos líneas de centrales de actuación desveladas este lunes en la primera sesión de la comisión sobre el cumplimiento del contrato. El primero de esos ejes de futuro consiste en que todos los esfuerzos seguirán centrándose en la definición del nuevo pliego de condiciones para poder licitar su prestación a través de dos contratos distintos (uno sobre la limpieza viaria y otro para la retirada de desechos y su tratamiento) antes de que se extinga el contrato en vigor, a mediados de 2021.

Es decir, que se descarta la posibilidad de introducir nuevas fórmulas o experiencias piloto como las que sí acordó ensayar en la última fase del pasado mandato, en relación a la puesta en marcha de un sistema de recogida selectiva puerta a puerta en algunas zonas concretas de la ciudad. El edil de Medio Ambiente y Limpieza, el popular Manuel Villar, ha precisado que esos aspectos se están teniendo en cuenta a la hora de elaborar el Plan Local de Residuos, el Proyecto de Gestión del Plan Zonal y el nuevo pliego de condiciones, pero que no se implantarán por ahora.

El regidor ha insistido, además, en la idea que viene defendiendo el bipartito desde el comienzo del mandato: que los plazos con los que se trabaja sí permiten augurar que se llegará a tiempo de tener un nuevo contrato listo antes de que venza la concesión actual, en manos de UTE Alicante (compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica, de Enrique Ortiz). O lo que es lo mismo, que no habría necesidad de conceder una posible prórroga, en función del compromiso adquirido por el conjunto de grupos políticos durante la campaña de las municipales del pasado mayo. Todo, eso sí, siempre que no se acumulen posibles recursos frente a ese nuevo proceso de licitación.

No obstante, a preguntas del edil socialista, Raúl Ruiz, Villar ha admitido que, en caso contrario, el plan alternativo que sopesa el equipo de Gobierno es acordar una "prórroga específica" y prácticamente "ad hoc", con una duración provisional, hasta que pueda contarse con un nuevo adjudicatario. En esta línea, ha recalcado que esa posible prórroga no se concedería por el plazo de dos años que se establece en el pliego de condiciones actual. Por lo pronto, como informó Alicante Plaza, la gerencia de UTE Alicante ya ha trasladado al bipartito su interés por ejercer al menos esa primera prórroga prevista en el contrato con la intención de seguir prestando el servicio hasta 2023 (su vigencia se extingue en 2021).

El segundo eje central también desvelado durante el desarrollo de la comisión es que se mantendrá la política de detracciones y de sanciones iniciada a partir de la apertura de este mandato, pese a que la UTE concesionaria pueda plantear los correspondientes recursos en los juzgados para anular esos acuerdos municipales. Es lo que ya ha sucedido con la retención de la certificación de pago correspondiente al mes de diciembre, después de que UTE Alicante haya recurrido la detracción de unos 70.000 euros: el importe con el que debía sufragarse las auditorías económicas del contrato de los años 2016, 2017 y 2018. Además, la concesionaria también ha acudido a los juzgados para impugnar las sanciones y minoraciones en los pagos acordadas por cuestiones como el incumplimiento en la ejecución de desbroces de caminos, previstos en el pliego de condiciones.  

En esta línea, en respuesta a una pregunta formulada por la edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, Villar también ha explicado que el bipartito retendrá el pago de un millón de euros previsto en el pliego de condiciones para que la UTE construyese un subparque logístico para la prestación del servicio en el distrito de Playa de San Juan. Se trata de una instalación concebida para facilitar el desarrollo de la tarea de limpieza y recogida de residuos que eliminaría desplazamientos de maquinaria desde la sede central de la concesionaria, en el polígono del Pla de la Vallonga. La retención de ese millón se produciría a través de las certificaciones mensuales por la prestación del servicio (tres millones cada mes).

Villar ha confirmado lo que es una evidencia desde hace siete años: que ese parque sigue sin estar ejecutado y disponible desde la entrada en vigor del contrato pese a que UTE Alicante sí planteó su construcción en terrenos pertenecientes a las empresas de Ortiz, situados a espaldas del parque de bomberos Ildefonso Prats. Según Villar, UTE Alicante solicitó licencia para cambiar el uso de esos terrenos, considerados rústicos, y para poder ejecutar las obras ya en 2014, bajo el mandato del PP. No obstante, según ha recalcado, no se habría concedido licencia hasta ahora, por lo que su concejalía habría apremiado al departamento de Urbanismo a informar sobre el estado del expediente.

En concreto, Villar ha precisado que, bajo el mandato del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), se denegó la licencia solicitada con el argumento de que invadía el entorno de protección de uno de los baluartes que conforman el Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto de las torres de la huerta: la Torre Conde. Sin embargo, lo cierto es que, tras la ruptura del tripartito, el equipo de Gobierno del PSOE en solitario sí concedió permiso de construcción para ese subparque, después de que un informe de la dirección territorial de la Conselleria de Cultura considerase que la ubicación propuesta no afectaba al perímetro de protección de la torre, como también informó este diario. La concesión de esa licencia llevó al grupo municipal de Guanyar (ya en funciones de oposición) a presentar alegaciones, pero hasta ahora no se ha llegado a conocer cuál fue su resultado.   

Por último, también en el turno de preguntas (en este caso, tras una interpelación del líder de Compromís, Natxo Bellido), Villar ha vuelto a descartar toda posibilidad de que se elabore una auditoría sobre la calidad del servicio pese a que el PP sí llegó a impulsarla en el último tramo del pasado mandato, cuando la responsabilidad sobre la Concejalía de Infraestructuras recaía en el exedil Israel Cortés. En ese momento, se llegó a preseleccionar a la consultora Amaranto para su elaboración, aunque el procedimiento de contratación quedó anulado después de que Alicante Plaza informase sobre la situación que afectaba entonces a su administrador único, Francisco Segura: un exalto cargo de la Conselleria de Medio Ambiente condenado por malversación.  

En la comisión, además, se ha acordado el régimen de sesiones, a propuesta del grupo municipal del PSPV-PSOE (la única formación que ha planteado una propuesta al respecto). Así, se ha probado que se celebre una sesión una vez al mes (aunque las primeras seis reuniones serán quincenales) en el salón de plenos del Ayuntamiento para permitir la asistencia de público. La próxima sesión será el 12 de marzo con la comparecencia del técnico redactor y supervisor del contrato, el ingeniero Sebastián Chicote. Además, el grupo municipal socialista también ha propuesto las comparecencias del jefe del Servicio de Limpieza, Manuel Marco, y la del gerente de la UTE concesionaria. Previamente, al inicio de esas comparecencias, Villar se ha comprometido a remitir a los grupos políticos toda la documentación solicitada sobre el seguimiento del contrato para su estudio. 

La constitución de la comisión coincide con el inicio de los trabajos de planeamiento para la redacción del Plan Local de Residuos y el proyecto de gestión del Plan Zonal del área en el que se encuadra Alicante, después de que se haya desbloqueado el recurso contra su licitación presentado por el Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias Ambientales.

En el inicio de la sesión, Villar ha explicado que la comisión se ha convocado cinco meses más tarde de que se aprobase el acuerdo de pleno sobre su constitución (a propuesta del grupo municipal de Compromís, que fue secundada por unanimidad) después de que la concejalía pudiese atender otras cuestiones prioritarias como la reorganización del propio departamento, y el sistema de inspección, el control policial del cumplimiento de la ordenanza, la propuesta de mejoras necesarias y el inicio de los trabajos de la nueva planificación para la gestión de residuos".