Alicante ensayará la recogida de basura puerta a puerta por barrios para cumplir con el reciclaje

ALICANTE. Los plazos marcados por la Unión Europea para que se recicle el 50% de la basura generada a partir de 2020 obligan a plantear alternativas al sistema actual. Y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, ahora compuesto por 8 concejales del PP en una corporación de 29 ediles, ya trabaja en una propuesta para tratar de acercarse a esos porcentajes. El propio edil de Limpieza, Israel Cortés, precisó este martes los planes que viene exponiendo a los grupos de la oposición en reuniones bilaterales celebradas a lo largo de la última semana: se pretende poner en marcha un sistema de recogida mixto en el que se combine la fórmula actual de depósito de los residuos en contenedores, de manera clasificada (plásticos, vidrio, papel y cartón y resto), y la recogida puerta a puerta en algunos barrios que reúnan determinadas condiciones propicias como baja densidad de población o dificultades de acceso para vehículos de recogida de gran tamaño. Se trataría de ensayar esa fórmula combinada con la intención de evaluar resultados y comprobar si puede ser extensible a otras zonas.

¿En qué zonas podría ensayarse y bajo qué mecanismos? En principio, se piensa en la posibilidad de poner en marcha una experiencia piloto en distritos como el Casco Antiguo o San Antón, aunque también podría plantearse otras zonas en las que predomina una tipología de viviendas en planta baja como Rabasa o San Agustín. Allí, se podría optar por distribuir contenedores de menor tamaño -que incluso podrían ser de uso individual- para que los vecinos depositasen su basura de forma clasificada (separada por tipo de residuo) bien todos los días, o bien siguiendo un determinado calendario. 

Ese sistema mixto -que ya llegó a plantearse bajo el mandato del extinto tripartito- trataría de mejorar, fundamentalmente, las tasas de reciclaje de residuo orgánico que se consiguen ahora, mediante la instalación de los primeros 125 contenedores que se introdujeron a finales de 2016, cuando se acordó la primera y hasta ahora única modificación del contrato de limpieza y recogida de la basura. Según Cortés, esa fórmula no estaría dando los resultados necesarios. De hecho, detalló en la Junta de Gobierno de este martes se había desestimado el concurso impulsado por sus predecesores en la Concejalía de Limpieza y Medio Ambiente (en este mandato, Víctor Domínguez y Miguel Ángel Pavón, por Guanyar; y Fernando Marcos, por el PSOE) para comprar otros 400 contenedores similares para la recogida de residuos orgánicos. Ese concurso partía con un presupuesto de licitación de 701.600 euros, como inversión financieramente sostenible, y debía ejecutarse en un plazo de cuatro meses. 

Cortés incidió en que además de que se había considerado que el sistema no era operativo, en la decisión de desistir de su compra habían influido otras tres causas: que la inversión resultaba excesiva vistos los resultados obtenidos, que no quedaba tiempo para su adjudicación material y que, además, la recogida de esos 400 contenedores nuevos no estaba contemplada en el contrato actual, a cargo de una UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica (de Enrique Ortiz). Es más, según Cortés, cuando el exconcejal de Limpieza y Medio Ambiente, Víctor Domínguez, impulsó la compra de los 125 primeros, a través de la UTE concesionaria, no se previó ni el servicio de mantenimiento ni el sistema informático para llevar a cabo su control.

Ahora, dijo, también resultará necesario llevar a cabo una modificación del contrato para introducir la fórmula mixta que se pretende implantar para mejorar las tasas de reciclado. Así lo viene exponiendo en las reuniones que ya ha celebrado al menos con Guanyar y Compromís. En esas citas, Cortés también trasladó a sus representantes que el interventor municipal ya había respondido a la consulta previa que había elevado Marcos sobre la posibilidad de que se elaborasen informes externos sobre la prestación del servicio de limpieza. Así, según Cortés y según fuentes de Guanyar y Compromís, habría quedado confirmado que se seguiría elaborando la auditoría anual sobre los flujos económicos del contrato que está recogida por contrato y que hasta ahora se ha venido reduciendo sólo al cómputo del absentismo de la plantilla de la UTE, con escaso valor ante la posibilidad de que pudiera ser motivo de sanción, según un informe elaborado por los responsables técnicos del servicio a instancias de Pavón, emitido justo un día antes de que Guanyar abandonase las competencias de Gobierno sin llegase a firmarse . Eso sí, a partir de ahora esa auditoría de contenido económico se seguiría encargando a una empresa externa pero quedaría supervisada y analizada, después, por el propio interventor. 

Además, se trataría de elaborar un informe externo (que no auditoría) sobre la prestación del servicio en sí mismo y el grado de cumplimiento del contrato, con la partida de 20.000 euros prevista para ello en el presupuesto municipal. Quedaría por concretar qué aspectos se tendrían en cuenta en ese estudio, en una próxima reunión de la comisión de limpieza que debería celebrarse la próxima semana. Para ese segundo informe no haría falta autorización expresa del interventor, al no tratarse de una auditoría. Con él, Limpieza contaría con información adicional a la que ya se recopila a partir del trabajo del equipo de inspectores municipal, bajo la coordinación del jefe técnico del servicio, Braulio Gambín, después de que no se haya materializado la asunción de esa tarea por parte del redactor del pliego de condiciones del concurso, Sebastián Chicote, como ya ha publicado Alicante Plaza.

Hacienda había rechazado la impugnación del concurso de los contenedores

Cortés también precisó este martes que el recurso presentado por una empresa del sector (Rotomaker) frente a las bases del pliego del concurso por la compra de los 400 nuevos contenedores había sido rechazado por el Tribunal Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, tras haberlo considerado extemporáneo (presentado fuera de plazo). 

La empresa recurrente había alegado que el pliego preveía condiciones demasiado restrictivas, casi ajustadas a las características de los 125 contenedores adquiridos por el Ayuntamiento con antelación, lo que limitaba la libre concurrencia de empresas. En concreto, en ese recurso se subrayaba que el pliego dejaba un amplio margen a la discrecionalidad "a la hora de ponderar las ofertas de cada licitador" y que se introducía el requisito de disponer de capacidad de doble puerta de carga lateral, cuando se trataba de un sistema solo al alcance de la empresa que había patentado ese diseño. 

La decisión de activar la compra de una nueva remesa de contenedores se adoptó bajo la etapa de Domínguez como edil de Limpieza. Sin embargo, Pavón -que le sustituyó en esa responsabilidad- paralizó ese proceso para evaluar realmente qué resultados se obtenían con los 125 primeros contenedores. 

Esos primeros contenedores se adquirieron con cargo al presupuesto de la contrata de limpieza tras una selección entre tres modelos distintos propuestos por la UTE concesionaria, con presencia de ediles de la oposición y de representantes vecinales, según el propio Domínguez, quien, entonces, incidió en que se eligió los que ofrecían mejores prestaciones técnicas. Entre ellas, la posibilidad de doble carga lateral. Ese factor, según insistió entonces, era uno de los que influía en que tuviesen un coste superior a los otros dos presentados por la UTE concesionaria del servicio, lo que, recalcó, no supone ningún sobrecoste, sino una compra a un precio superior a los productos de otros competidores. 

Después, el edil socialista de Limpieza que sustituyó a Pavón, Fernando Marcos, reactivó el proceso de compra de los contenedores con la convocatoria del concurso ahora anulado por el PP. Marcos se vio obligado a suspender el proceso en respuesta al recurso presentado por Rotomaker frente al pliego. En ese momento, Marcos sostuvo que las condiciones del pliego del concurso las habían establecido los técnicos municipales. En la respuesta técnica que el órgano de contratación municipal remitió al Tribunal Central de Recursos, reproducida en su propia resolución sobre el recurso, se establecía literalmente que, a juicio de los técnicos municipales, "se ha cumplido la normativa en materia de contratación, así como que la descripción de las características constructivas de los contenedores es suficientemente precisa como para que pueda ser entendida por los licitadores y suficientemente amplia como para permitir la concurrencia. Lógicamente quedará a juicio técnico considerar la proporción exacta en que cada criterio deba medirse conforme a su apreciación profesional".

Pero, además, según las misma resolución del Tribunal, el órgano de contratación "reconoce sin embargo, que exigir que el vaciado del contenedor se realice con abatimiento en todo el conjunto, así como exigir el sistema de doble amortiguador para el descenso de la tapa, son limitaciones que exceden el propósito perseguido y pueden suponer una restricción de la competencia, por lo que 'deben ser suprimidas como tales sin perjuicio de que en los criterios de valoración puedan puntuar en determinado grado la función de reversibilidad de cara a la recogida". Es decir, que el requisito de la doble puerta dejaba de ser una condición indispensable para pasar a ser solo puntuable.