Uno de los camiones de la contrata, en plena descarga de residuos. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La concesionaria del servicio de limpieza, recogida y tratamiento de residuos en la ciudad de Alicante, una UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica, comienza a jugar sus cartas para tratar de continuar al frente de la prestación más allá del año 2021, cuando se extingue la duración del contrato en vigor. Fuentes de la propia UTE y del actual equipo de Gobierno -el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs)- confirmaron a Alicante Plaza que, en el transcurso de las reuniones de coordinación sobre el servicio que se mantienen con carácter periódico, los responsables de esa alianza empresarial ya han trasladado una petición al Ayuntamiento en ese sentido.
En concreto, la UTE aspira a que se le conceda al menos una de las dos prórrogas (de dos años cada una) que se contempla en el pliego de condiciones, de modo que pueda seguir gestionando el servicio hasta 2023. En el caso de que se le otorgase ese plazo adicional, la concesionaria todavía tendría opción a una segunda prórroga por otros dos años más, hasta 2025.
Por el momento, esa petición no se ha sustanciado por escrito ni por los cauces de registro oficial. El pliego establece que esa posible prórroga debe tramitarse con una antelación mínima de seis meses respecto a la fecha de caducidad del contrato, así que el plazo para que pueda plantear el formalismo de la solicitud no expira hasta principios de 2021.
Por lo pronto, el equipo de Gobierno tampoco ha ofrecido ninguna respuesta respecto a esa petición inicial. Hasta el momento, lo que sí se ha manifestado en el transcurso de la campaña de las elecciones municipales del 26 de mayo es la coincidencia de todos los partidos que lograron representación política en la nueva corporación en un mismo compromiso: que no se concedería esa hipotética prórroga y que se trabajaría para convocar un nuevo concurso ajustado a las necesidades reales y actuales de la ciudad de Alicante.
Es más, la candidatura del PP, liderada por el actual alcalde, Luis Barcala, anunció que su intención era dividir la prestación en dos contratos independientes -uno para la limpieza y otro para la recogida y tratamiento de residuos- con el propósito de favorecer una mayor competencia entre las empresas del sector, además de un mayor grado de especialización en cada tarea que proporcione mejores resultados.
Sea como fuere, como ha avanzado este diario, el bipartito compuesto por PP y Cs sí trabaja ya en una propuesta de modificación del contrato actual para que se pueda destinar una suma de 4,5 millones de euros en la renovación de maquinaria a cargo de la contrata, en función de lo previsto en el propio pliego.
En paralelo al impulso de ese acuerdo para que pueda producirse la incorporación de nueva maquinaria, el bipartito también prevé acordar el relevo de los técnicos municipales a cargo del seguimiento del contrato, entre el conjunto de medidas a imprimir para mejorar la prestación, después de que se hayan multiplicado las quejas por parte de algunos colectivos como la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA).
El contrato de limpieza y recogida de residuos se licitó en 2013 por un importe de 260,2 millones (sin impuestos) y una duración de 8 años. El equipo de Gobierno, entonces compuesto por el PP en solitario, aprobó su adjudicación a la UTE por un presupuesto de 254,7 millones (también sin impuestos) en julio de ese año.
En principio, la nueva licitación debería producirse entre este año y 2020 para que el nuevo concesionario pudiese asumir el servicio en otoño de 2021, en el caso de que se rechazase la posibilidad de conceder la primera prórroga que la UTE trata de conseguir ahora. Todavía no ha trascendido que se haya dado ningún paso para impulsar ese nuevo concurso.
Precisamente, en otra concesión por un importe millonario, la del servicio de transporte público en autobús, el actual equipo de Gobierno acaba de otorgar un plazo adicional de dos años de duración a la empresa Masatusa (del grupo Vectalia) para que se mantenga la explotación ante el retraso acumulado en el mandato precedente a la hora de convocar una nueva licitación.
