Los ediles de Guanyar, Domínguez, Pavón y Angulo, al anunciar la remodelación de competencias interna. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Guanyar se pone en marcha y redobla la presión sobre la labor de la concesionaria de la limpieza y de la recogida de la basura (una UTE compuesta FCC, Ferrovial y Cívica, de Enrique Ortiz) con un ultimátum que abre la vía a una posible rescisión del contrato en base a la constatación de supuestos incumplimientos. Al menos, esa es la nueva perspectiva con la que se trabaja.
El nuevo edil del área, Miguel Ángel Pavón (que sustituye a su compañero de filas, Víctor Domínguez), giró el pasado miércoles tres escritos a la gerencia de la UTE por los que requiere diversa información sobre los medios humanos y sobre la operativa que se viene utilizando en la prestación del servicio. Los tres escritos se acompañan de una advertencia: si no se acredita que el trámite de acceso a esa información está iniciado en un plazo de diez días, se incurrirá en "falta grave o muy grave como incumplimiento del servicio en virtud de las cláusulas 25.4 y 25.5 del libro 1 del pliego de prescripciones técnicas".
En concreto, con los tres requerimientos se pretende tener acceso al control de la flota de vehículos por GPS (un instrumento que permitiría comprobar sus recorridos reales); acceso al parte diario de Mano de Obra Directa (el número de empleados que desarrollan las tareas asignadas), y la identificación de subcontratas con su nombre, servicio subcontratado y maquinaria y personal asignados. Todo, en último término, con el objetivo de conocer si realmente se cumplen los términos de la oferta con la que la UTE logró el contrato, en 2013 (fue la única que concurrió al concurso).
El propio Pavón justificó los requerimientos, a través de un comunicado, al sostener que "desde la Concejalía de Limpieza estamos trabajando dando prioridad al acuerdo del pacto de gobierno que se refiere al control exhaustivo del cumplimiento del pliego del servicio de limpieza". Y añadió: "En los tres casos se trata de obtener información básica para poder fiscalizar la correcta ejecución del servicio".
Los requerimientos se producen justo un día después de que Guanyar estallase contra PSOE y Compromís y reivindicase sus competencias sobre la contrata de la limpieza, al constatar que el alcalde, Gabriel Echávarri, y el edil de Presidencia, Natxo Bellido, estaban manteniendo conversaciones con el comité de empresa de la concesionaria sin darles participación sobre los asuntos que se estaban negociando. Entre ellos, Guanyar advirtió que cualquier propuesta que pudiese estar relacionada con un aumento de costes del contrato debe partir de la concejalía competente. Y ese es un escenario -el de pagar más- que Guanyar no contempla, al margen de que dude de su viabilidad por el presumible rechazo del departamento de Intervención por los límites que impone el plan de ajuste, al que el ayuntamiento sigue sujeto hasta 2022.
La negociación entre la UTE y los trabajadores sigue encallada, lo que podría reactivar los paros en el servicio en la madrugada del sábado
Sea como fuere, esos encuentros se retomaron este jueves con los mismos protagonistas: los trabajadores, Echávarri y Bellido. Según fuentes conocedoras de la reunión, esos contactos se volvieron a ceñir al conflicto laboral entre la dirección de la UTE y la plantilla. Y, al parecer, terminaron igualmente sin que se llegasen a registrar avances.
Portavoces del comité de empresa confirmaron que el proceso sigue encallado en la retirada de los expedientes sancionadores: "Mientras se mantengan, aunque sólo sea con una sanción de un día de empleo y sueldo, nosotros no tenemos nada que hablar". Según las mismas fuentes, está previsto un último contacto para este mismo viernes. Si no existe acuerdo, los trabajadores podrían reactivar su movilización con paros de una hora en el inicio de cada servicio desde la madrugada del viernes al sábado. Esa protesta ya provocó la acumulación de residuos en las calles durante el primer fin de semana de septiembre.
