ALICANTE. El dispositivo de seguridad y vigilancia habilitado por el Ayuntamiento de Alicante para evitar la quema de hogueras y la práctica del botellón durante la Noche de San Juan arroja ahora las primeras consecuencias en forma de propuestas de sanción para los infractores detectados por la Policía Local. Cuando menos, se acaban de girar algunos de los documentos para liquidar esas multas con importes de 751 euros: la cuantía mínima prevista para esa infracción, según se hace constar en esas notificaciones.
De hecho, en esa documentación se detalla de forma expresa que la Ordenanza de Playas prohíbe de forma expresa en su artículo 11 la posibilidad de prender hogueras sobre la arena en una zona de baño. Y se añade que esa conducta considerada como infracción grave está penalizada en la misma normativa con sanciones que pueden oscilar entre los 751 y los 1.500 euros. Eso sí, también se añade que el pronto pago voluntario de la multa comprende una bonificación del 50%, por lo que la cuantía a abonar se reduce a 450,60 euros.
Se trata de sanciones acordadas para algunos de los infractores que accedieron a la playa de El Postiguet en la noche del 23 al 24 de junio provistos de elementos portátiles y que prendieron fuego a una hoguera, según se detalla en la propuesta de sanción comunicada por la Concejalía de Seguridad. Todo, a pesar de que el Ayuntamiento había prohibido expresamente esa posibilidad y había comunicado la puesta en marcha de un dispositivo de control específico en los accesos a todas las playas a cargo de agentes de la Policía Local.
Sea como fuere, se da la circunstancia de que la notificación de esas multas se suma a las que también se han girado respecto a varias personas que protagonizaron protestas en el salón azul del ayuntamiento, mientras se estaban desarrollando el pleno de la corporación correspondiente al mes de mayo, a las que se les ha girado propuestas de sanción de 600 euros. Los sancionados son docentes que participaron en las movilizaciones convocadas por la Plataforma per l'Ensenyament Públic y miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). El grupo municipal de Compromís ya ha anunciado el registro de una iniciativa de pleno para instar al equipo de gobierno a precisar quién dio la orden de sancionar a esos manifestantes.
Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, apuntó este jueves, en una visita al CEIP San Fernando con motivo del inicio del curso escolar, que no iba a permitir que se produjesen conductas inadecuadas durante el desarrollo los plenos de la corporación y defendió la aplicación de esas sanciones.