Alicante exige a la contrata de limpieza viaria que recupere horas de servicio en Playa de San Juan

ALICANTE. El retraso en la construcción del subparque logístico del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura de Alicante, exigido por contrato en el Distrito de Playa de San Juan para evitar largos desplazamientos de la maquinaria, tendrá consecuencias. Y no solo la retención de los pagos ya abonados por anticipado desde el inicio de la prestación, en 2013, que ya superan el millón de euros. Así lo confirmó este jueves el jefe del servicio de Limpieza y Residuos, Manuel Marco, durante su comparecencia en la comisión sobre el cumplimiento del contrato, este jueves, en la que desgranó durante más de dos horas y media el estado actual del servicio y sus perspectivas de futuro, a corto y medio plazo, tras la extinción de la contrata actual, en septiembre de 2021. 

Así, al margen de la recuperación de ese importe, que el equipo de Gobierno (PP y Cs) pretende detraer de la última certificación mensual (más los intereses que correspondan) en el caso de que la instalación no llegue a construirse, Marco precisó que UTE Alicante (la alianza empresarial compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica, que asume la concesión) deberá compensar al Ayuntamiento por las horas de servicio que se han dejado de prestar hasta el momento por las dificultades operativas que supone la inexistencia de ese subparque. De hecho, concretó que el departamento de Limpieza y Residuos ya ha requerido a la UTE para que detalle cómo piensa recuperar el tiempo de trabajo empleado en el traslado de la maquinaria (en esencia, tractores de cribado de la arena y vehículos barrendera) a partir de este mes de marzo. Se calcula que ese servicio no prestado podría llegar a las 3.500 horas, puesto que el traslado de la maquinaria desde la base central, en el polígono del Pla de la Vallonga, hasta el Distrito de Playas supone una hora de desplazamiento diario.

Según indicó Marco, para enmendar esa falta de prestación cabrían varias hipótesis: que la UTE adelantase el momento de salida de la maquinaria desde su base central para prestar las horas de servicio establecidas en el pliego; que se alargase la prestación para cubrir la hora perdida en desplazamientos; o que la UTE habilite otro espacio en Playa de San Juan que ya esté disponible para poder utilizarlo como subparque para el estacionamiento de esa maquinaria (lo que eliminaría los tiempos de desplazamiento).

En todo caso, señaló que al Ayuntamiento lo que le interesa es que esa instalación llegue a construirse, ahora (antes de que venza el contrato actual), o en el futuro, puesto que seguirá resultando necesaria para prestar el servicio en esa zona del término municipal. Como ha adelantado Alicante Plaza, en estos momentos, su posible construcción sigue a la espera de que la Concejalía de Urbanismo resuelva sobre la solicitud de licencia cursada por UTE Alicante desde 2014, después de que la Concejalía de Tráfico haya emitido un informe favorable con condiciones a la parcela propuesta por la propia concesionaria para construir la instalación: unos terrenos rústicos propiedad de las empresas de Ortiz situada entre el Club Atlético Montemar y la trasera del Parque de Bomberos Ildefonso Prats. 

En la actualidad, la concesión de la licencia depende de que se resuelva si la construcción del subparque en ese emplazamiento puede afectar o no al entorno de protección de la Torre Conde: uno de los baluartes que componen el Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de la Huerta.  

Otra cosa es, según advirtió el propio Marco, que vaya a ser fácil detraer el dinero ya abonado de manera prorrateada para financiar la construcción de ese subparque, ya que se ha venido pagando hasta ahora con cargo a las certificaciones mensuales con la conformidad del Ayuntamiento. "Habrá que ver qué responsabilidades hay en eso", apuntó. No obstante, sí señaló que esa amortización por anticipado dejó de pagarse a partir de diciembre, de modo que se han detraído en torno a 13.000 euros correspondientes a la factura del mes de enero y dejará de pagarse en los meses sucesivos.

Marco también se refirió a las penalizaciones acordadas en septiembre de 2019 después de que se detectase que la UTE no había prestado el servicio de desbroce de caminos en partidas rurales y confirmó que esa minoración en las certificaciones está recurrida por la concesionaria en los juzgados. Igualmente, señaló que también se ha detraído las cantidades previstas en el pliego para la contratación de una auditoría económica, pendientes de otro recurso contencioso-administrativo interpuesto por UTE Alicante. 

En esta línea, volvió a refrendar la posición política mantenida por el bipartito y señaló que, a su juicio, no resulta operativo encargar una evaluación sobre la calidad de la prestación del servicio, puesto que esa valoración no sería viable a través de la contratación de una consultoría externa que pudiese acordarse con un contrato menor. Así, defendió que el Ayuntamiento dispone de sus propios medios para efectuar esa evaluación, a través del cuerpo de inspectores y de los mecanismos que están contemplados en el pliego de condiciones.

Sobre esa supervisión municipal, señaló que se había conseguido pasar de 10 a 15 inspectores, aunque admitió ciertas limitaciones en las funciones y horarios que tienen asignados a través de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para que pudiesen ejercer su labor en horario vespertino y en horario nocturno. Esos límites se estarían superando mediante el pago de complementos y gracias a la voluntariedad de los propios trabajadores, ya que "de acuerdo con sus contratos, no tienen obligación de desempeñar esa función en esas condiciones". En todo caso, apuntó que ya se había abierto conversaciones con la Concejalía de Recursos Humanos para que se incluyese ese régimen horario entre sus condiciones contractuales. Además, recalcó que, en el futuro, se debía tender a introducir un sistema de control tecnológico sobre la prestación, por ejemplo, mediante sistemas de control de geolocalización (que en teoría, ya existen) que permita conocer la posición de los camiones de recogida o de la maquinaria de limpieza.

Y, por último, defendió la modificación del contrato propuesta por el equipo de Gobierno, por la que se plantea elevar el coste del servicio en un millón de euros más al año en 2020 y 2021 para incorporar nuevos servicios hasta ahora no previstos en el pliego de condiciones. Entre ellos, como también adelantó este diario, figuran la implantación del servicio regular de limpieza viaria y recogida de residuos en el PAU 5 (hasta ahora prestado a partir de una redistribución del servicio, con los descubiertos que ello conlleva); la prestación del servicio en Tabarca (que no figura en el pliego, puesto que se venía prestando por parte de funcionarios municipales que ya han dejado de desempeñar ese trabajo); o el servicio de repaso diario para evitar desbordes en los entornos de los contenedores fuera del horario establecido para su vertido. 

Según Marco, este último servicio obedece a un fenómeno nuevo que no se contempló en la redacción del pliego de condiciones: el aumento del depósito de enseres y el de cartón y papel, en este caso generado por la caída de su precio y el fin de "la economía sumergida" que se encargaba de su retirada.

Por último, explicó que en esa modificación del contrato también se recoge la adquisición de maquinaria comprometida en la oferta presentada por la concesionaria. Así, indicó que no se ha atendido a la propuesta formulada por la UTE para renovar los vehículos que necesitasen una reparación o que hayan agotado su vida útil, puesto que "eso corre a cargo del riesgo y ventura del contrato". "Si esos vehículos son necesarios, es la concesionaria la que los debe reponer, pero el Ayuntamiento no tiene por qué pagarlos; nos ajustamos a lo que la propia empresa proponía en su planificación de inversiones", añadió. Además, concretó que también se había encargado una consultoría externa para conocer el estado de esa maquinaria, pero señaló que todavía no conocía sus conclusiones.

Los representantes de los grupos de la oposición, por su parte, cuestionaron a Marco sobre si consideraba que la ciudad de Alicante estaba limpia, a la vista del último informe de la OCU en el que se situaba a la ciudad como una de las más sucias en el ranking de poblaciones estudiadas. Sin embargo, el responsable del servicio se cuidó de emitir una valoración al respecto y se limitó a considerar que no iba a entrar en valoraciones subjetivas que correspondía asumir a los concejales o, en último término, a la ciudadanía. En todo caso, sugirió que podría ser una oportunidad incluir en el futuro pliego del contrato la obligación de que se contratase un sondeo o una encuesta de opinión al respecto.