Las instalaciones de la planta de tratamiento de Fontcalent, de titularidad municipal.ALICANTE. Habrá propuesta de ampliación. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) despejó todo género de dudas este jueves y confirmó que promoverá la construcción de una quinta celda de vertido en la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent, a través del nuevo Plan Local de Residuos, del Proyecto de Gestión del Plan Zonal del área que configura la ciudad de Alicante y de la nueva contrata sobre la eliminación de desechos.
Esa hoja de ruta quedó ratificada en el transcurso del pleno ordinario de febrero, este jueves, por boca del propio concejal de Limpieza y Medio Ambiente, el popular Manuel Villar, en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz municipal de Unides Podem, Xavier López. Villar fue tajante y breve en su respuesta: "Si la pregunta es si se pretende ampliar el centro de tratamiento de residuos, la respuesta es sí".
Lo cierto es que el bipartito ya había anticipado su intención de volver a tramitar la creación de ese quinto vaso de vertido, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) anulase la primera tentativa, en respuesta a un recurso formulado por Ecologistas en Acción y Esquerra Unida (EU). De hecho, en la comisión sobre el cumplimiento del contrato de limpieza viaría y recogida de la basura celebrada este lunes ya se apuntó que a la planta le restaban entre cuatro y cinco años de vida útil. Sin embargo, no se había sido tan clarificador sobre su futura ampliación hasta ahora, en un contexto condicionado, además, por cuatro circunstancias excepcionales que afectan a la gestión de residuos en la ciudad.
La primera, la llegada de un mayor número de toneladas de residuos a la planta de Fontcalent procedentes de los municipios de la Vega Baja, como consecuencia del cierre temporal del vertedero al que se estaban derivando de forma mayoritaria hasta ahora (el de San Javier, en Murcia). Esa redistribución, amparada por convenio firmado en 2015, se producirá a partir de abril por tiempo indefinido, por lo que resulta imposible determinar el número de toneladas que llegarán hasta Fontcalent, aunque siempre sujeto al máximo de 40.000 toneladas anuales reflejado en ese convenio.
Como informó este diario, esos envíos se producen como consecuencia del bloqueo en la construcción de la planta de residuos propia para la Vega Baja, todavía sujeta al litigio entre el consorcio de municipios y la UTE liderada por el empresario Enrique Ortiz, que resultó adjudicataria de su construcción. Sea como fuere, las sociedades de Ortiz se verán beneficiadas por la llegada de esos residuos ajenos a la planta de Alicante, en la medida en que la UTE que lo gestiona está participada por el Grupo Cívica, junto a FCC, Ferrovial e Inusa (esta última, también con un porcentaje de participaciones minoritario en manos del propio Ortiz). De acuerdo con el convenio, la UTE gestora del centro de tratamiento recibe parte de los ingresos obtenidos por el canon de eliminación de esos residuos ajenos.
La segunda circunstancia, también de plena actualidad, es el acuerdo que promueve el propio bipartito para acordar la tercera modificación del contrato que rige el servicio de limpieza viaria y recogida de la basura, operado por la misma UTE (la primera la acordó el PP, ya en 2014, con un incremento de 13 millones para el conjunto de su duración, y la segunda, en 2016, bajo el mandato del tripartito, con una disminución de 7 millones). Esta nueva propuesta prevé el pago adicional de algo más de un millón de euros al año a dicha concesionaria -en lugar de los cerca de 700.000 euros anunciados hasta ahora- por la incorporación de nuevos servicios no previstos hasta ahora (extensión de la limpieza en polígonos, partidas rurales, Tabarca y PAU 5, además de la creación de una brigada para actuar frente a los desbordes de contenedores) y por la adquisición de nueva maquinaria comprometida a través del pliego de condiciones a partir del tercer año de prestación (con una inversión que se planteaba de inicio en un mínimo de 4 millones).
PP y Cs plantean pagar 2,2 millones más a la UTE de la limpieza viaria y recogida de residuos, al tiempo que prevé detraer un millón si no construye un parque para estacionar maquinaria en Playa de San Juan
En concreto, la propuesta -que se analizará en la próxima sesión de la comisión específica sobre el cumplimiento del contrato- prevé el abono de 1.184.370 por 9 meses correspondientes a 2020 y 1.052.773 euros por 8 meses de 2021 (hasta el fin de la concesión). En total, 2.237.143 euros adicionales, que elevarían el coste anual de la prestación hasta los 39.273.040 euros. El incremento se justifica ante la necesidad de cubrir un servicio adicional a petición del propio Ayuntamiento, y no por "una insuficiencia de calidad que se haya puesto de manifiesto por una evaluación municipal, extremo este que obligaría al contratista a incrementar los medios necesarios o proceder a su reorganización, todo ello a su costa", según refleja la propia propuesta, firmada por el jefe del Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos, Manuel Marco, y por el responsable del contrato, Sebastián Chicote, redactor del pliego de condiciones.
La tercera circunstancia tiene que ver con los planes para detraer un millón de euros a la propia UTE si vence la duración del contrato actual sin que haya construido el parque logístico para el estacionamiento de maquinaria que debía poner en marcha en el entorno de Playa de San Juan. Esa instalación sigue pendiente de que se concrete si puede construirse en el emplazamiento propuesto por la UTE y de que se confirme si el PSOE llegó a conceder la licencia que aseguró haber otorgado para su construcción, después de que la Conselleria de Cultura informase de que esa instalación no afectaba al entorno de protección del BIC de Torre Conde.
Y la cuarta circunstancia tiene que ver con la previsión que ya maneja el bipartito de que se pueda conceder una prórroga provisional de carácter excepcional a la UTE concesionaria en el caso de que no se llegue a tiempo de licitar los dos nuevos contratos en los que se pretende dividir el servicio a partir de septiembre de 2021: uno para la limpieza y otro para la recogida y eliminación de residuos.
