Las instalaciones de la planta de tratamiento de Fontcalent.ALICANTE. La planta de tratamiento de residuos de Fontcalent, gestionada por UTE Alicante (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) pero de titularidad municipal, recibirá a partir del mes de abril un máximo de hasta 40.000 toneladas anuales de desechos procedentes de los 27 municipios de la Vega Baja, en función de la resolución adoptada por la Conselleria de Transición Ecológica ya comunicada al Ayuntamiento de Alicante, según avanzó este lunes el edil de Medio Ambiente y Limpieza, el popular Manuel Villar.
La llegada de esos residuos se producirá en virtud del convenio ratificado por el propio Ayuntamiento de Alicante, bajo el mandato del PP en solitario, en el año 2018, cuando se modificó el sistema por el que se tramitaba el pago del canon de tratamiento de esos desechos. Dicho cambio se adoptó después de que se hubiese bloqueado el ingreso de hasta 900.000 euros por discrepancias respecto a quién debía asumir su pago de manera directa. A partir de entonces, se estableció que el Ayuntamiento de Alicante giraría esas facturas al consorcio comarcal de la Vega Baja, quien asumiría inicialmente su abono para, después, pasar a recaudarlo a cada uno de los municipios consorciados, como informó Alicante Plaza entonces.
Fuentes oficiales del departamento autonómico que dirige Mireia Mollà confirmaron, además, que la entrada de ese mayor volumen de residuos ajenos en el vertedero de Alicante resulta necesaria como consecuencia del cierre temporal programado en la planta de tratamiento de residuos de San Javier (Murcia) a la que se estaban derivando hasta ahora la mayor parte de los desechos de la Vega Baja. Según las mismas fuentes, en esas instalaciones se prevé acometer ahora trabajos de reforma por una duración no determinada.
Durante ese plazo, los residuos de la Vega Baja también se seguirán redistribuyendo en las plantas situadas en los municipios de Villena y Elche, en una situación que también se viene produciendo desde hace más de cinco años. En el caso de Alicante, lo cierto es que la entrada de residuos de la comarca más meridional de la provincia ya se viene produciendo de forma regular desde ese momento con un volumen que suele oscilar entre las 21.000 y las 23.000 toneladas, según las mismas fuentes. A partir de ahora, esa cifra podría incrementarse en una cantidad todavía por concretar hasta el límite de las 40.000 toneladas ya citadas.
El sistema de redistribución de la basura de la Vega Baja resulta necesario puesto que se trata de la única comarca de la provincia que no dispone todavía de planta de tratamiento propia, después de que el sumario del caso Brugal destapase en 2010 el supuesto amaño en la adjudicación de su construcción en favor de una UTE liderada por el conocido constructor Enrique Ortiz, a cambio de dádivas (entre ellas, la supuesta entrega de dos pisos situados en la avenida Benito Pérez Galdós de Alicante). Ese supuesto caso de corrupción sigue pendiente de juicio para el empresario y para el expresidente de la Diputación Provincial, el popular Joaquín Ripoll, entre otra veintena de procesados.
De hecho, la construcción de esa planta de tratamiento de residuos específica para el Plan Zonal de la Vega Baja sigue sujeta al devenir del proceso judicial paralelo iniciado frente a la resolución del contrato de esa adjudicación, que se acordó en el año 2015, ya con la popular Luisa Pastor como titular de la Diputación. La disputa legal queda ahora en manos del Tribunal Supremo (TS), después de que el consorcio comarcal recurriese la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que, de algún modo, devolvía a la UTE de Ortiz la condición de adjudicataria de la planta, al estimar su recurso frente a la sentencia de primera instancia. El consorcio comarcal recurrió en casación dicha sentencia del alto tribunal autonómico.
