Los técnicos sobre la limpieza de Alicante: el pliego es insuficiente, falta control y cambio de rutinas

ALICANTE. Los informes de evaluación sobre el servicio de Limpieza de Alicante y sobre las condiciones de su prestación, dados a conocer este martes durante la reunión de la comisión de análisis del contrato, concluyen por primera vez con toda claridad que el pliego de condiciones por el que se rige es insuficiente. El diagnóstico coincide, en parte, con la apreciación formulada por el actual alcalde, el popular Luis Barcala, en una comparecencia ante el pleno, solicitada por Ciudadanos para que explicase cuál era su hoja de ruta sobre la limpieza. En esa intervención, el primer edil sostuvo que el pliego era "excelente pero insuficiente".

Así, en los informes de evaluación conocidos ahora se subraya que el contrato actual -adjudicado en 2013- "partió con severas limitaciones" entre las que destaca "una disminución de 6 millones de euros, antes de IVA, en el precio del contrato durante los dos primeros años del contrato respecto al contrato anterior". Además, los informes concretan que "a esto se añaden 6 millones anuales de facturas por servicios adicionales que tampoco tienen cabida en el nuevo contrato". Es decir, que la prestación arranca con un presupuesto de 12 millones de diferencia respecto al contrato anterior.

En esos mismos informes, elaborados por los dos máximos responsables técnicos que supervisan la contrata (el jefe de Servicio de Limpieza, Braulio Gambín, y el Técnico de Administración Especial, Luis Hernández Toribio), se insiste en que las rutas de barrido manual, de un promedio de 5 kilómetros ("una distancia excesiva" apuntan), eran "un 30-40% más reducidas en el contrato anterior". La conclusión: al tener que cubrir mayores recorridos, la calidad de la limpieza difícilmente puede tener la calidad requerida. Y, además, se concreta que en el contrato anterior el 80% de esas rutas de barrido manual se repetían entre el lunes y el sábado: seis días a la semana. Con el contrato actual, esa situación sólo se da en un 11% de las rutas. La conclusión: se barre una mayor distancia a mano y con menos periodicidad.

A ese desajuste entre el contrato y las necesidades reales ha contribuido la expansión de la trama urbana, con la expansión del PAU 1, 2 y 5; el incremento de las visitas turísticas; el repunte del sector de la construcción y de obras particulares (que también genera más residuos); y el boom del ocio y la actividad hostelera, asociada al tardeo en el Centro y a la celebración de botellones en la playa; además del crecimiento de la población animal, hasta llegar a contabilizarse un censo de 50.000 perros. Todo, sin contar los "servicios no previstos en el contrato" que se han ido acumulando paulatinamente como la limpieza en parques municipales, en zonas de juego o con la recogida de residuos en hoteles, estirando los recursos disponibles.

En esta línea, se subraya que en esos recursos disponibles no está la inversión en renovación de maquinaria que se había concertado a través del propio pliego con un desembolso de 4,5 millones para los años cuarto, quinto y sexto de duración del contrato. En la actualidad "nos encontramos en el quinto año de su vigencia", según subrayan los técnicos.      

Sin embargo, los informes técnicos van más allá del diagnóstico de la insuficiencia y sostienen que, a diferencia de lo defendido por el primer edil en su intervención ante el pleno, el pliego que rige la prestación del servicio no es todo lo correcto que debería. Y no lo es fundamentalmente por lo que respecta a dos factores centrales: falta de control efectivo y poco margen para penalizar a la UTE concesionaria (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica, de Enrique Ortiz) ante posibles incumplimientos. 

Sobre el primer factor, los informes concretan que en ese pliego se incluye un sistema de evaluación automática basado en fichas de observación que colocan a la empresa concesionaria en una posición aventajada para superar esos exámenes al puntuarse determinados requisitos que no tienen nada que ver con la calidad del servicio que se presta, como el simple hecho de que los trabajadores porten el uniforme establecido. 

Así, en los informes técnicos se plantea la conveniencia de cambiar ese sistema: "Sería, por tanto, enmendable el actual sistema de calidad para hacerlo más acorde con lo que es un estado de limpieza de la vía pública intuitivo". Y añade: "Esta enmienda sería una modificación del contrato, con el común acuerdo con UTE Alicante". De hecho, se trata de una cuestión que ya se intentó abordar sin éxito conocido durante la etapa del exconcejal de Guanyar, Víctor Domínguez, como responsable de la Concejalía de Limpieza.

En este sentido, los informes abundan en que el equipo de inspectores municipales está formado por diez personas: ocho en horario de mañana y dos en horario nocturno. Según los técnicos, esa disponibilidad "es claramente insuficiente para acometer el servicio con garantías: no hay propiamente inspección en el servicio de limpieza viaria en jornada vespertina". De ahí que, los técnicos propongan un refuerzo de la inspección "de modo que puedan atender incidencias los tres turnos del día". Y se añade: "A corto plazo, hay un proyecto de que el equipo de inspección pueda atender el turno de tarde y los sábados". También se propone la creación de una brigada de la Policía Local "para atender la vigilancia y el cumplimiento de la ordenanza municipal de limpieza y las deposiciones de mascotas" y para el control de vertidos masivos en polígonos y partidas rurales, sobre la que ya "se ha planteado la idea novedosa de control por drones". 

Por si fuera poco, los técnicos también confirman que no existe margen para sancionar las presuntas faltas de la UTE en aspectos como el absentismo de la plantilla o las supuestas anomalías en la contratación de los trabajadores, ya que no están detalladas expresamente como sancionables en el pliego de condiciones. Por lo que concierne al absentismo, se trata de la misma conclusión a la que ya se había llegado en un informe en fase de borrador, encargado por el exconcejal de Limpieza de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, antes de que su formación formalizase su abandono del equipo de Gobierno, en noviembre de 2017. 

Y en lo que respecta a la supuesta sucesión de contratos temporales de los empleados que habría derivado en sentencias "adversas para la empresa", según los técnicos se trataría de una circunstancia que escapa al control municipal, puesto que se trata de situaciones que afectan a trabajadores de una empresa privada. Además, los técnicos subrayan que la sucesión de contratos no se adecúa "a ninguna de las figuras objeto de sanción en la cláusula 25 del pliego de prescripciones técnicas".

Por lo demás, lo cierto es que los informes resuelven que "UTE Alicante cumple a grandes rasgos el pliego de prescripciones técnicas, con las limitaciones del mismo". Por ello, se plantean otra seria de propuestas con el propósito de mejorar su prestación entre las que figura mejorar la coordinación entre áreas como Ocupación de la Vía Pública o Urbanismo por lo que respecta a los veladores y a las licencias de obra; reforzar la labor inspectora; un incremento de baldeos y soplados y la aplicación de un barrido manual de seis días a la semana en los barrios de mayor densidad de población; una programación de los desbroces; la implantación de una segunda línea de tratamiento en el centro de tratamiento de residuos de Fontcalent; la elaboración de estudios de gestión para mejorar la operativa; el desarrollo de reuniones semanales entre la inspección y la UTE y la revisión de las citadas fichas de observación.

De acuerdo con los informes técnicos, con la puesta en marcha de todas esas líneas de trabajo, y la existencia de una dirección política estable (los informes aluden al paso de hasta cinco concejales distintos al frente del servicio de Limpieza desde que entró en vigor el contrato actual), se podría conseguir optimizar los resultados. Ahora bien, en esos informes se reconoce que algunas de "las presentes mejoras suponen un modificado del contrato y un incremento del precio del canon o, alternativamente, el cese del algún servicio actual". Es decir, o pagar más o recortar algunas prestaciones para mejorar otras.

En realidad, esa posibilidad de ampliar los costes del contrato no se llegó a abordar expresamente en la comisión. Tanto el concejal de Limpieza, Israel Cortés (PP), como los representantes de Guanyar, Pavón; Ciudadanos (Cs), Antonio Manresa, y Compromís, Natxo Bellido, consultados por Alicante Plaza precisaron que, salvo diferencias de apreciación (como la discrepancia respecto a la imposibilidad de sancionar a la UTE por el absentismo o por las anomalías de contratación que señaló Guanyar; o la insistencia en las sospechas de que se pretende ampliar el coste del contrato sin exprimirlo al 100%, que apuntó Cs), se había coincidido en la necesidad de introducir mejoras como la modificación de los controles de calidad; el refuerzo de la inspección y la creación de una unidad de Policía Local; la puesta en marcha de un estudio externo para completar los informes de los técnicos municipales y la inclusión del servicio de recogida de tratamiento de residuos orgánicos, ahora no previsto con un desarrollo completo (más allá de la instalación de unos primeros 150 contenedores específicos, sin sistema informático de control), lo que dará lugar a una necesaria modificación del contrato. En ese sistema de recogida de residuos orgánicos, como ha contado Alicante Plaza, se pretende ensayar un sistema de retirada puerta a puerta, como volvió a requerir Guanyar durante la comisión.

Cortés confirmó, además, que se realizarán las inversiones previstas por 4,5 millones en adquisición de maquinaria y detalló que gobierno y oposición se conjuraron para formular nuevas aportaciones que se debatirán en una nueva reunión de la comisión, en septiembre.