Vista de la explanada de los muelles 7 y 9 en los que se proyecta la construcción del centro de congresos y del centro operativo de Suma. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El nonato centro de congresos de Alicante comienza a perfilarse en números. El Ayuntamiento de Alicante trata de dar un impulso a su desarrollo seis meses después de que se diese a conocer su propuesta de ubicación en el Puerto, y -como mínimo- ya ha concretado las dimensiones estimativas que podría llegar a tener el futuro complejo. Se trata de facilitar, así, que la Autoridad Portuaria pueda modificar y ajustar el Plan Especial del Puerto y las Delimitaciones de Usos y Espacios Portuarios (DEUP). Es decir, los dos documentos básicos que regulan la normativa urbanística del recinto, sin cuya adaptación no podría ponerse ni uno solo de sus ladrillos.
Fuentes consultadas por Alicante Plaza indicaron que el estudio previo con el que se certificó que el edificio congresual tenía cabida en la explanada de los muelles 7 y 9 se puso a disposición de la Autoridad Portuaria a finales del mes de septiembre, dos meses después de que también se remitiese a la Diputación Provincial como administración coresponsable de su construcción.
En ese documento se concreta la volumetría aproximada que alcanzarán los dos inmuebles previstos (el centro de convenciones y la sede del nuevo centro operativo de Suma), así como los metros cuadrados de parcela que resultarán necesarios para levantarlos. En realidad, según las mismas fuentes, la mayor parte de esas cifras ya se dieron a conocer desde que el Ayuntamiento y la Diputación registrasen un escrito de manifestación de interés para optar a la concesión de esos terrenos, el pasado mes de abril (con foto de posado del alcalde, Luis Barcala, y del presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, incluida). Sin embargo, dichos datos no se habían comunicado al Puerto de Alicante a través de un documento que pudiese tener cierto rango de oficialidad hasta hace un mes.
Así, en función de ese estudio previo, el proyecto común ideado por las dos administraciones se situaría sobre un área de 16.000 metros cuadrados entre los citados muelles: el 7 y el 9, a espaldas de la nueva sede del Distrito Digital, ya en ejecución. De esa superficie global, 5.500 metros se destinarían a la construcción del centro de congresos, mientras que otros 2.000 quedarían reservados para el centro de operaciones de Suma. Y, en total, se dispondría de 21.000 metros cuadrados de techo edificable.
Con esas cifras, se aspira a levantar un conjunto de estructuras (se plantea como un edificio modular) en las que se incluya un salón de actos principal con capacidad para acoger eventos de hasta 2.000 participantes, además de otros edificios con salas polivalentes de menor tamaño. Básicamente, un segundo salón de actos de 400 metros cuadrados y una docena de salas más reducidas, hasta sumar un total de otros 1.500 metros. Así, se dispondría de tres espacios de 200 metros, seis de 100 y seis más de 50.
Los primeros planos
Plano de disposición de volúmenes, de acuerdo con el estudio preliminar trazado para evaluar el encaje de los edificios en los muelles 7 y 9.Esa disposición quedaría abierta, no obstante, al diseño que acabase escogiéndose para concretar su construcción, ya sea a través del concurso internacional de ideas que se anunció en un primer momento, o a partir de un posible encargo directo por el que se pueda acabar optando con la intención de acortar plazos de ejecución.
En todo caso, con la presentación de ese estudio preliminar, se trata de atender el requerimiento formalizado por la propia Autoridad Portuaria, por el que se advertía de la imposibilidad de encajar la construcción del complejo sin tener unos parámetros básicos que sirviesen de referencia, como informó este diario a finales de septiembre.
De este modo, el Puerto comenzaría a tener el camino despejado para impulsar las modificaciones de su planeamiento urbanístico interno, para las que se prevé un plazo de tramitación mínimo de dos años, como se informó en cuanto trascendió la propuesta. En principio, la Autoridad Portuaria estaría barajando la posibilidad de contratar una asesoría externa para encomendar la modificación de esos dos documentos (el Plan Especial y las DEUP) al no disponer de personal técnico suficiente para acometer esa labor, según fuentes consultadas.
En todo caso, el registro de ese estudio previo sería uno de los únicos avances efectivos registrados en el proyecto, al margen de la incorporación de las primeras partidas económicas en los presupuestos de la Diputación y de la elaboración de la propuesta de convenio jurídico de colaboración entre administraciones: el germen para la constitución del futuro consorcio que debe promover las obras. Al margen de ello, también se ha girado al menos dos primeras visitas a otras instalaciones para la celebración de eventos ya operativas en las ciudades de Málaga y Cartagena con el propósito de conocer su funcionalidad y aprender de su experiencia.
Sin embargo, como también informó este diario, todavía no se ha producido ningún encuentro institucional por el que pueda confirmarse la participación efectiva de la Generalitat en la promoción y financiación del complejo. En principio, solo se ha vuelto a producir una solicitud de encuentro entre el alcalde de Alicante y el presidente del Consell, Ximo Puig, formulada de manera informal al coincidir en el desarrollo de la cumbre de ministros de Trabajo desarrollada el 7 de octubre en la sede de Casa Mediterráneo. Eso sí, ese contacto no ha deparado todavía una fecha para que pueda celebrarse esa hipotética reunión. Y tampoco se ha registrado ninguna cita con idéntico fin entre Puig y el titular de la Diputación, aunque el también nuevo presidente del PPCV se haya decidido a solicitarla por carta (y no para tratar de manera específica sobre el proyecto).
Entre tanto, se trata de buscar fórmulas que permitan agilizar la toma de decisiones sobre el formato del edificio que se pretende construir. Así, se plantea crear una comisión técnica multidisciplinar en la que se dé cabida a la participación del sector privado para definir necesidades concretas antes de que se resuelva cuál va a ser el procedimiento definitivo para redactar el proyecto constructivo: concurso internacional de ideas o encargo directo tras la correspondiente licitación.
