Una de las concentraciones organizadas por el AMPA del CEIP La Cañada para exigir la construcción de su nuevo colegio.ALICANTE. Giro en el desarrollo del Plan Edificant para la adecuación y construcción de colegios en la ciudad de Alicante. El equipo de Gobierno, el bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs, ha decidido atajar el bloqueo técnico al que permanecía sometido el proceso administrativo para poder licitar la redacción de los proyectos de obra. Así lo anunció este jueves el alcalde, el popular Luis Barcala, en el turno de cierre del debate sobre el estado de la ciudad, al asegurar que pretendía levantar los informes de reparo del interventor municipal para que se pudiesen ejecutar esas actuaciones.
Hasta el momento, se trata de obras en cuatro primeros centros: la ampliación del CEIP La Florida con dos aulas de Educación Infantil con una inversión de 429.552,67 euros, la construcción de un gimnasio y un comedor en el CEIP Juan Bautista Llorca con un presupuesto 1.573.882,93 euros, la rehabilitación integral del CEE Santo Ángel de la Guarda por 1.042.438,02 euros y la nueva construcción del CEIP La Cañada en una nueva parcela por 4.735.796,24 euros.
A esa relación de centros se le sumará un quinto proyecto: la construcción del nuevo CEE El Somni, una vez que el pleno apruebe definitivamente la asunción de competencias para abordar la licitación de su proyecto en su sesión correspondiente al mes de noviembre. De hecho, ese trámite debía haberse acordado en el pleno de octubre, pero la propuesta no se llegó a incluir en el orden del día porque el expediente no se había podido completar a tiempo, después de que la Conselleria de Educación registrase la delegación de competencias al ayuntamiento, según precisaron entonces fuentes del equipo de Gobierno.
Los reparos del interventor municipal sobre el desarrollo del Plan Edificant proceden, de hecho, de esa delegación de competencias. El alto funcionario, responsable de velar por la estabilidad económica municipal, ha venido mostrando su disconformidad respecto a todos los trámites relacionados con ese plan mediante la emisión de informes de fiscalización negativos, al interpretar que la dinámica de ese sistema expone al ayuntamiento a la tesitura de asumir competencias impropias, con la consiguiente repercusión laboral y económica para el ayuntamiento sin contar con medios adicionales.
Barcala sostiene que el Plan Edificant "ese legal y se cumplen los requisitos" para que pueda desarrollarse pese a las informes negativos del alto funcionario
¿En qué medida? En tanto que es la administración municipal, con su estructura de funcionarios, la que se encarga de afrontar la licitación de esas obras, y de abonar su pago por anticipado una vez realizadas, pese a que, después, ese coste vaya a ser reintegrado por la Generalitat, a través de la Conselleria de Educación.
No obstante, el primer edil aseguró este jueves que, "pese a que no se trata de algo habitual ni sencillo", pretendía firmar en los próximos días "los decretos para levantar esos reparos" con la intención de que se inicien los trámites de licitación de proyectos, puesto que el equipo de Gobierno consideraba que el Plan Edificant "es legal y que se cumplen los requisitos necesarios para desarrollarlo", como sucede en la mayoría de los ayuntamientos de la Comunitat, según recalcaron tras el pleno fuentes municipales. Así, el primer edil insistió en que, además, en casos concretos como el del colegio El Somni, se tenía "la obligación moral" de permitir la construcción de su nuevo centro.
Con la superación de ese trámite, la redacción de los proyectos y su ejecución podría iniciarse previsiblemente a partir de enero. Por lo pronto, el bipartito ya aprobó a mediados de septiembre una reprogramación del calendario previsto para las primeras cuatro actuaciones del Plan Edificant, de modo que su desarrollo se produzca entre 2021 y 2022. Hasta ahora se habían previsto en el periodo de 2020 y 2021.
La decisión de levantar esos reparos de intervención se produce, además, después de un largo tira y afloja con la Conselleria de Educación sobre el cumplimiento de los pasos necesarios para incorporar las obras de esos centros al Plan Edificant. En ese proceso, tanto la edil de Educación, Julia Llopis, como el mismo Barcala han sostenido que la conselleria era quien estaba provocando el retraso en la aceptación de las solicitudes municipales, mientras que portavoces de la conselleria han venido arguyendo justo lo contrario.
