ALICANTE. Las diligencias de investigación relacionadas con una trama de tráfico de drogas y blanqueo de capitales instruidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Novelda quedarían centradas en la tramitación de dos expedientes urbanísticos concretos, cuyo contenido no ha trascendido, por lo que concierne a la ciudad de Alicante.
Cuando menos, esa es la documentación requerida por la Policía Judicial que se habría puesto a su disposición tras una visita a las dependencias del departamento municipal registrada el pasado viernes, dos días después de que se produjese el arresto de un arquitecto municipal por su supuesta vinculación con esa trama.
Así lo ha precisado este lunes el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una comparecencia pública en la que ha incidido en que, por el momento, no se dispone de más información al respecto. En esta línea, ha asegurado que "no tenemos ninguna comunicación del juzgado, a nivel restrictivo, salvo que se requirió por parte del juzgado dos expedientes que le fueron entregados a la Policía Judicial, y no sabemos de más, no conocemos nada de la instrucción y no conocemos que se haya ordenado ninguna medida cautelar". "En consecuencia, actuaríamos en función de lo que las actuaciones judiciales nos vayan indicando; no podemos prejuzgar", ha concluido.
Barcala descarta por ahora posibles medidas sancionadoras contra el funcionario: "No podemos prejuzgar"
Como informó este diario, el arquitecto municipal arrestado en relación a esas diligencias quedó puesto en libertad el pasado viernes después de que las titulares de los Juzgados de Instrucción 2 de Alicante y Primera Instancia e Instrucción 2 de Novelda, ambas en funciones de guardia, tomasen declaración a los ocho detenidos en la operación policial contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales desplegada a mediados de la semana pasada. De ellos, siete quedaron en libertad provisional, mientras que para el octavo -el supuesto cabecilla de la trama- se acordó la prisión eludible con fianza.
Al arquitecto municipal, adscrito al área de Planeamiento, se le atribuye la supuesta concesión de un trato de favor en la tramitación de licencias para regular negocios en los que había invertido el presunto líder del grupo. Al acordar su puesta en libertad, se le impuso como medida cautelar la obligación de efectuar comparecencias periódicas, una vez a la semana, en sede judicial.