Los autobuses de la flota del servicio de transporte público de Alicante.ALICANTE. Alicante ataja la provisionalidad en la prestación del servicio de transporte público en autobús, que seguía operado tras la concesión de una prórroga extraordinaria, al completar la adjudicación del contrato a una alianza empresarial conformada por las principales enseñas del Grupo Vectalia (Vectalia, Subús y Masatusa) bajo la denominación de UTE MIA. El acuerdo, por un importe de 126 millones y diez años de duración, quedó formalizado en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno este miércoles en lo que supone uno de los últimos pasos pendientes para renovar las prestaciones de un contrato que permanecía vigente desde 1969. Eso sí, ese trámite no despejará todavía la aplicación de las mejoras a incluir en el servicio que se recogen en las bases del concurso.
De hecho, el departamento municipal de Transportes estima que esos refuerzos en las frecuencias y la introducción de nuevas líneas no podrán activarse hasta febrero de 2023, ya que todavía debe completarse el recorrido administrativo del traspaso de la concesión. En primer término, se espera que la firma del contrato se produzca en un plazo de quince días. Pero, según precisaron fuentes consultadas, después todavía se deberán cumplimentar otros formalismos que requerirán más de un mes de tiempo de resolución.
Las mismas fuentes apuntaron que, pese a que la concesionaria actual, Masatusa, vaya a seguir vinculada a la gestión del servicio, debe presentarse el inventario de bienes adscritos a la prestación (la flota de autobuses y las cocheras, fundamentalmente) para que pueda ponerse a disposición del nuevo contratista. Y, además, UTE MIA debe presentar su plan de gestión -el documento marco en el que se detallará cómo piensa desplegar el servicio- para que pueda ser supervisado y admitido por los técnicos municipales.
Eso sí, cuando menos, no será necesario abordar un periodo de formación para los conductores adscritos a la prestación, con el consiguiente retraso que ello conllevaría, ya que la plantilla queda subrogada respecto al contrato precedente y, en consecuencia, los trabajadores conocen tanto la flota de autobuses, como las características de los recorridos de las líneas que tienen continuidad en el nuevo proyecto de gestión.
En todo caso, de esa primera programación provisional escapa la puesta en marcha del servicio de transporte a demanda (TAD) con el que se prevé reforzar la conexión entre el casco urbano y las zonas residenciales de las partidas rurales mediante el uso de vehículos específicos de menor capacidad que el autobús convencional y que quedará organizado a través de seis líneas: TAD1 Alicante - Moralet; TAD2 Alicante – La Cañada – Moralet – Villanueva – Alicante; TAD3 Alicante – La Alcoraya – Rebolledo; TAD4 Alicante – Salar – Foncalent – Alicante; TAD5 Alicante – Bacarot, y TAD6 Villafranqueza – Tángel. Su incorporación queda supeditada a la implantación de una aplicación tecnológica específica que permita que los usuarios puedan registrar su petición de servicio, por lo que esa complejidad técnica requiere de mayor tiempo para su desarrollo, según las mismas fuentes.
Al margen de esas nuevas conexiones con las partidas, que permanecerá operativa como el resto del servicio regular, entre las 7:00 y las 22:30 horas, las nuevas prestaciones contempladas en el nuevo contrato ya son conocidas. Entre ellas, destaca la creación de una línea circular diaria que recorrerá la Gran Vía entre las avenidas de Dénia y Orihuela, conectando las líneas radiales con parada en el hospital, así como otra línea circular entre el hospital de San Juan y la Albufereta a través de Playa San Juan.
De igual modo, prevé el desdoble de la línea 7 para mejorar los acceso a las áreas industriales situadas entre la avenida de Orihuela hasta Las Atalayas, así como un segundo desdoble, en la línea nocturna 13N de Villafranqueza a Plaza del Mar que en invierno llegará hasta la plaza de la Luna en el barrio de La Florida y en verano se ampliará por San Gabriel hasta Urbanova.
Dos autobuses del servicio, a su paso por La Rambla.En el nuevo contrato también comprende el compromiso de adquisición de hasta 41 unidades de autobuses eléctricos de los 73 autocares que se renovarán, así como la aportación de 60.000 kilómetros al año adicionales a los previstos en el contrato del autobús y otros 20.000 para el Transporte a Demanda (TAD) con las partidas rurales; la instalación de mamparas de seguridad en los vehículos nuevos para los conductores; la mejora del software para el departamento de Transportes del Ayuntamiento y la implementación del sistema de conteo de bajadas en los autobuses del servicio regular en todos los vehículos.
En todo caso, el servicio seguirá sujeto temporalmente a las bonificaciones instauradas a partir del mes de octubre, en desarrollo de las medidas promovidas por el Gobierno central para combatir los efectos de la crisis energética desencadenada por la invasión de Ucrania. En esta línea, se mantendrá el descuento del 30% en los títulos adquiridos hasta finales de diciembre, con posibilidad de gastar sus viajes hasta finales de enero, a la espera de que esa medida pueda quedar prorrogada por el Ejecutivo central para que continúe vigente en 2023. Ese descuento queda costeado de forma anticipada con fondos municipales que, después, quedan compensados con las transferencias estatales. Por el momento, ya se ha comprometido una aportación por valor de más de un millón de euros para cubrir el gasto correspondiente al último trimestre de este año.
No obstante, todavía no existe una decisión definitiva respecto a la posibilidad de que se instaure la gratuidad del transporte público en autobús para los jóvenes de hasta 30 años anunciada por la Generalitat, que comprendería la asunción del 50% del coste de esa medida con cargo a las arcas autonómicas, con la necesidad de que el ayuntamiento complementase la subvención de costes asumiendo el 50% restante. En esta línea, fuentes municipales incidieron en que la Generalitat todavía no ha precisado cuál sería su aportación concreta, por lo que no podría confirmarse la participación del Ayuntamiento en la propuesta hasta que no se concrete el importe al que ascenderá la transferencia autonómica. Sí está descartada, en todo caso, la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma el 100% de los costes de esa medida.
