Un juzgado reabre el caso de la prórroga de la gestión del agua entre la concesionaria y el Ayuntamiento de Orihuela 

ORIHUELA. El Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela ha reabierto el caso de las prórrogas del contrato de la gestión del suministro de agua potable entre Hidraqua y el Ayuntamiento de Orihuela. Con fecha de 22 de septiembre remitió un oficio dentro del procedimiento de diligencias previas en el que insta al consistorio a que facilite el contrato para la gestión del servicio municipal de agua potable del Ayuntamiento de Orihuela, el contrato para la gestión del saneamiento y el contrato para la gestión del servicio de evacuación de aguas residuales.

Esta nueva investigación llega ocho meses después de que el Juzgado número 3 de Orihuela, archivara la causa, de forma provisional al no haberse dado la declaración de ningún sujeto como investigado y no habiéndose dirigido el procedimiento contra persona alguna. El proceso fue calificado como una instrucción "compleja". Por esto, el tiempo fijado para la investigación pasaba de 6 a 18 meses. Este plazo se cumplía en enero por lo que se decretó el sobreseimiento provisional. La investigación partió de una denuncia del grupo municipal Cambiemos en 2018 y que cursó la fiscalía.  

En noviembre de 2019 el juzgado contó con un informe de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana en la que concluía que los tres contratos suscritos entre Hidraqua (Aguagest, nombre de la mercantil en el momento de la firma) están extinguidos desde el 11 de noviembre de 2008.

En el pleno ordinario de febrero, se aprobó la creación de una comisión no permanente, a propuesta del PP, con el objeto de "estudiar, analizar y elaborar un informe sobre los convenios y prórrogas suscritas entre el Ayuntamiento y la mercantil Hidraqua. La primera reunión se celebró el 19 de junio. En ella se consideró solicitar los informes jurídicos sobre los contratos con Hidraqua. El 27 de julio en una nueva reunión se decidió ampliar el plazo para la emisión de dichos informes. Cambiemos criticó ambas situaciones. Por un lado, que estos informes sean encargados a la mercantil en cuestión y por otro consideró que se trataba de una "estrategia dilatoria".

En un comunicado, el presidente de la comisión y portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Rafael Almagro, señala que se ha visto en la obligación de suspender las convocatorias de dicha comisión tras la comunicación del juzgado. Culpa a Cambiemos acusándole de impedir "de manera torticera" los trabajos de la comisión. También les acusa de haber acudido a otro juzgado para que se reabrieran las diligencias. Carlos Bernabé, coportavoz de Cambiemos, afirma que les ha cogido por sorpresa y que no han presentado nuevas denuncias. 

"Por el principio de la prejudicialidad penal, hasta que estas nuevas diligencias sean archivadas, no se puede continuar con los trabajos de la comisión, así que Cambiemos boicotea a la misma para evitar poner luz sobre la verdad de los contratos suscritos con Hidraqua porque les interesa más poner el ventilador de la calumnia que la respuesta objetiva y certera sobre dichos contratos" señala Almagro en el comunicado. 

"Parece que no se entera mucho de la gravedad de las cosas para, en un asunto tan serio, señalar al denunciante original (nosotros) y no a los artífices del fraude en la contratación pública. Un fraude que, más allá de las consecuencias penales, ya ha generado irregularidades constatadas en los tribunales" afirma Bernabé.

Los contratos prorrogados

El 11 de noviembre de 1988 entró en vigor el contrato con el que se privatizó la gestión del servicio municipal de agua potable en Orihuela en favor de Aguagest (ahora Hidraqua). El periodo del contrato era de 20 años, por lo que debía finalizar en 2008. Podía ser prorrogable diez años. En 1993 el Ayuntamineto adjudicó a la misma mercantil de forma directa la gestión del servicio municipal de saneamiento, en el que se incluía la gestión de las instalaciones para la depuración de aguas residuales. La finalización de ese contrato se hizo coincidir con el del servicio de agua potable, esto es, hasta noviembre de 2008. En 1995, se rubrica un nuevo convenio. En esa ocasión fue para la gestión del alcantarillado y al igual que en el anterior, también concluiría en noviembre del mismo año. Por tanto, tres contratos con la misma empresa, firmados en momentos distintos y cuya finalización correspondería al mismo día, 11 de noviembre de 2008. 

Pero siete años antes ese momento, el 2 de julio de 2001, se firma un convenio por el que se aprueba prorrogar el contrato primitivo, el de 1988, de la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable. La prórroga se estableció por un periodo de 10 años. De esta manera se acordaba que los servicios concluirían en noviembre de 2018. Un nuevo convenio llega en mayo de 2004. Éste pretende regular las condiciones de adjudicación y financiación de obras incluidas en los proyectos, valorado en 5,9 millones de euros, entre las que se encontraban infraestructuras hidráulicas a determinadas pedanías y núcleos urbanos. Es en la cláusula novena en la que se señala prorrogar los contratos de los tres servicios citados, aprobados en 1988, 1993 y 1995: servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de las aguas residuales del municipio. La prórroga que se fija es de otros 20 años. Es decir, cuatro años antes de la finalización del contrato inicial se prorroga dos décadas, con lo que concluiría en noviembre de 2038.

"Es evidente que ha habido irregularidades y fraude en la gestión del agua y que eso lleva más de 20 años generando sobrecostes de dinero público y engordando los beneficios de la Multinacional Suez -dueña de Hidraqua. Así que si esta nueva investigación sirve para dilucidar lo que la anterior no pudo, proteger el interés público de Orihuela y la legalidad, bienvenida sea" explica Bernabé.

El informe de la Junta Superior de Contratación Administrativa concluía que los tres contratos "deben considerarse extinguidos en la fecha de expiración de su plazo inicial [noviembre de 2008] no pudiendo considerarse conformes a derecho las prórrogas contractuales de todos ellos". También determina que las prórrogas de los contratos "implican modificaciones sustanciales de los contratos a los que afectan e incluyen prestaciones nuevas que se han convenido precindiendo de los procedimientos legales aplicables para su contratación".