SANTA POLA. El Ayuntamiento de Santa Pola, gobernado por el PSPV, Compromís, Esquerra Unida y la marca local de Podemos, ha decidido, vía decreto, anular el ascenso de un agente de Policía Local a oficial, por el turno de movilidad, al haber incumplido los requisitos de la prueba de acceso. Es decir, que el agente debía haber cumplido un periodo de servicios prestados como funcionario de carrera de dos años, pero cuando pasó del Ayuntamiento de Polop de la Marina -de donde procedía- a Santa Pola sólo había cumplido un año, un mes y 29 días.
Por todo ello, el consistorio ha dejado en el aire el ascenso, lo podía obligar al agente, Rubén Domingo García Ruiz, que es delegado sindical del CSIF, a volver a su puesto de trabajo original. Se da la circunstancia de que el afectado guarda enlaces parentescos -es cuñado- con el que era intendente de la Policía Local, José Miguel Zaragoza -hermano del entoces alcalde- e implicado en el caso de los uniformes.
En los informes recabados por el ayuntamiento santapolero, se pone de manifiesto que la decisión de la Junta de Gobierno por la que se aprobó el nombramiento de García Ruiz, abril de 2007, adolece de vicio de nulidad. Y ello obliga a la retroactividad del acuerdo; es decir, que debe declararse la nulidad del nombramiento de García Ruiz. Posteriormente, el 1 de julio de 2011, el agente fue nombrado oficial con carácter interino mediante acuerdo de la Junta de Gobierno. Y para ello, García Ruiz debía haber permanecido dos años como funcionario de carrera en la categoría de agente, algo que no ocurrió después de que así lo certificara el ayuntamiento de procedencia, el de Polop de la Marina.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Santa Pola ha decidido incoar expediente administrativo de revisión para declarar nulos los acuerdos de la Junta de Gobierno por los que se nombró primero agente de Policía en 2007 y, posteriormente, oficial, en 2012.
Se la circunstancia que varios de los protagonistas de los escándalos que afectan a la Policía Local de Santa Pola aparecen en esta historia. El tribunal que nombró a García Ruiz como agente estaba formado por el oficial Roque Alemañ y el concejal de Seguridad, Antonio Garcia Baile, ambos dos imputados en la causa de los uniformes. Otro agente implicado es Antonio Irles Filiu, condenado por prevaricación administrativa por un tema de subvenciones deportivas junto en el Ayuntamiento de San Fulgencio. La concejala de Personal era Loreto Serrano, recientemente nombrada candidata del PP a la Alcaldía de Santa Pola.
