Edificio de viviendas de protección pública en la zona de L'Alquería, en Sant JoanSANT JOAN D'ALACANT. La intención de crear un parque de vivienda social en Sant Joan d'Alacant se vuelve cada vez más latente. En la actualidad, el municipio cuenta con 68 viviendas de este tipo (42 propiedad de la Generalitat y 26 del Ayuntamiento), si bien el concejal de Vivienda, Javier Sánchez (PSOE), fija en alrededor de 150 la cifra inicial óptima para empezar con este proyecto. "Es el primer paso para, pasado un tiempo, ir creciendo", matiza. Un parque de vivienda pública que sería de titularidad municipal, al comprar las viviendas y gestionarlas el Ayuntamiento.
"Lo que sí sería de la Generalitat son las 42 ubicadas en L'Alquería, porque la parcela es suya", aclara. La administración valenciana ya las adjudicó a una cooperativa en régimen de cesión de uso -una fórmula intermedia entre el alquiler y la propiedad-. "Es decir, los cooperativistas no tienen la propiedad sobre la vivienda, pero sí el uso por un período de entre 75 y 99 años. Primero pagan una cantidad inicial para ser cooperativistas, después una cuota mensual durante unos 30 años (de 300-350 euros) y pasado este tiempo solo se harán cargo de los gastos de la comunidad", explica el edil.
Será a partir de la tercera semana de octubre cuando comenzará el proceso de difusión y captación para cubrir esas 42 viviendas. Por su parte, las 26 que son propiedad municipal se encuentran en proceso de concurrencia para que las entidades interesadas puedan presentar su solicitud hasta el 14 de noviembre. Es por ello que ninguna de estas 68 viviendas se encuentran ocupadas y todavía transcurrirá un tiempo hasta que esto pueda suceder, ya que, según señala Sánchez, el asunto "está en una fase bastante inicial".
En relación con el tema, el conseller de Vivienda y vicepresidente segundo, Rubén Dalmau (Unidas Podemos), visitará Sant Joan el próximo miércoles 21 de octubre para mantener una reunión con el Ayuntamiento. Un encuentro en el que se pondrá sobre la mesa el decreto aprobado en mayo por la Generalitat para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat mediante el derecho de tanteo y retracto y la posibilidad de que este derecho se pueda delegar en los municipios que así lo deseen. Entre los interesados se encuentra Sant Joan, que aprobó una moción relativa el pasado pleno de septiembre.
"Podemos presentó esta moción que, precisamente, iba en la línea de lo que la Concejalía de Vivienda ya estaba estudiando, así que votamos a favor y la aprobamos", traslada los hechos el edil. Por esta razón, el Ayuntamiento y la Generalitat firmarán un convenio para delegar el derecho que permitirá al Consistorio sanjuanero comprar "determinadas viviendas que se saquen a la venta", matiza Sánchez, quien ejemplifica con "las procedentes de ejecuciones hipotecarias, de daciones en pago o de grandes tenedores (entidades que puedan tener múltiples viviendas)".
Y es que Sant Joan figura como un municipio con necesidades de vivienda en el Informe realizado en 2020 por el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana. En cuanto a la financiación para este tipo de viviendas, el concejal expone que debe provenir de una doble vía: "Por un lado, de designar una partida específica para la adquisición de vivienda en los presupuestos de 2021 y, por otro, de recursos que la Generalitat aporte a los ayuntamientos para poder generar un parque de viviendas con un número notable de ellas".
A su vez, la Generalitat está adquiriendo una serie de viviendas por toda la Comunitat, las cuales tiene previsto ceder a la Entidad Valenciana de Vivienda. "Dentro de las que ya tiene hay once viviendas que se ubican en Sant Joan. Son de la Generalitat, pero estamos hablando con ella para que nos ceda la gestión del alquiler de las mismas", desvela Sánchez.
Además de estas adquisiciones de la Generalitat, de las 68 viviendas existentes en el municipio y de la adhesión al derecho de tanteo y retracto, Sant Joan cuenta con otra línea de acceso a la vivienda: las ayudas en régimen de alquiler. En los últimos presupuestos aprobados (septiembre de 2020) se diseñaron dos vías de ayuda: una para incentivar a que los propietarios y propietarias saquen sus viviendas al mercado -"garantizando el seguro de impago, con incentivos directos y/o bonificaciones en la contribución", enumera Sánchez- y otra destinada a aquellas personas que quieran acceder a las viviendas en régimen de alquiler.
De hecho, el Servicio Municipal de Vivienda -gestionado por la empresa municipal Personas y Ciudad-, tramitó en 2019 123 solicitudes de ayudas al alquiler y 35 solicitudes de familias en situación de emergencia habitacional. Unas cifras que se traducen en 167.912 euros que recibieron estos y estas inquilinas durante el año pasado. Este 2020 se ha experimentado un ligero crecimiento, tramitándose 140 solicitudes de ayudas al alquiler y 43 solicitudes de ayudas urgentes por situación excepcional por covid-19.
Para poder llevar a cabo todas estas actuaciones el concejal advierte que es necesario "mejorar la estructura del área de Vivienda, agregando más recursos humanos en pro de una tramitación más ágil de estas políticas en materia de alquiler y vivienda". Una vivienda a la que despoja del apellido "social" y propone la alternativa de llamarla "vivienda asequible para la ciudadanía. Vivienda social es un término asociado a la gente sin recursos o vulnerables. Nosotros hablamos de facilitar el acceso a la vivienda a la población, no solo a sectores vulnerables, sino también a clases medias o juventud; abrimos el abanico", alega.
