ALICANTE. Júbilo entre los alcaldes de la provincia de Alicante y en el seno de la Diputación después de que el Ministerio de Hacienda haya rectificado su fracasado decreto sobre el uso de los remanentes de crédito (el dinero no gastado por las administraciones locales desde 2012). Como ha anunciado la titular de Hacienda, María Jesús Montero, el futuro decreto del Gobierno eliminaría el cumplimiento de la denominada regla de gasto, lo que cada año obliga a los consistorios a cumplir con las previsiones de ingresos y gastos; se prorrogaría para el 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles (las que no generan gastos de mantenimiento con nuevo personal); se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. Y por último, también se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.
Los alcaldes están a la espera de la letra pequeña de ese futuro decreto, pues, sólo que permitiera utilizar el superávit de 2019, ya supondría una inyección total por parte de los ayuntamientos y la Diputación superior a los 250 millones de euros. Ahora bien, todos muestran mucha cautela con los detalles de la medida. Y una medida que se descarta el uso acumulado de los remanentes de los ayuntamientos; es decir, sólo se podría gastar el superávit de 2019, y claro está, el consistorio que disponga de ello. Si tiene dinero en las cuentas bancarias de otros años, no podrá hacerlo, como ya ha matizado el ministerio: "El nuevo Real Decreto-ley no adoptará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso", ha explicado el departamento de Montero.
¿Cuánto suman los superávits de 2019?
De acuerdo con los datos del propio Ministerio de Hacienda, los ayuntamientos de la provincia de Alicante cerraron el año 2019 con un superávit de unos 268 millones de euros, a los que habría que sumar los 58 millones de euros que tiene la Diputación de Alicante, a fecha de abril de 2020. Esas cifras, actualmente, no son reales porque durante la pandemia todos los ayuntamientos pudieron hacer uso de un 10% de ese superávit para gastos sociales y a ello, suman los consistorio que redujeron deuda o los ajustes que les impuso el propio ministerio.
Por ello, la cifra que podrían destinar los consistorios a obras financieramente sostenibles sí que podría rondar los 250 millones de euros, más otros 30 millones que podría aportar la propia Diputación de Alicante. Se trata de una estimación. Ahora bien, en caso de que pudiera llevarse a cabo, existe otro obstáculo: ese decreto que autorice el gasto en determinadas obras, como viene sucediendo años atrás, se aprobará con toda probabilidad en octubre, por lo que las administraciones locales dispondrían de solo dos meses para sacar a licitación las obras, en caso de que cuenten con los proyectos técnicos elaborados. De ahí que sea muy importante que los plazos de ejecución se alarguen hasta 2021 y que las obras que vienen ejecutándose desde 2019 también se prolonguen después del parón que han sufrido con el confinamiento.
Además de poder disponer de los recursos, el hecho de que se elimine la regla de gasto permite a los consistorio que no cumplen con ella disponer de esos recursos. Le suceden a unos cuantos de la provincia, como Agost, Albatera, Alcoy; Algorfa, Benidorm, Calp, El Campello, Camp de Mirra, Crevillent, Daya Nueva, Elche, Pilar de la Horadada, Torrevieja; Sant Joan d'Alacant, Roajles, Pego, Monóvar, Xixona, Guardamar o Finestrat, entre otros muchos. Y algunos de ellos, no cumplen con la regla de gasto, pero si con la estabilidad financiera.
Ahora bien, los que no tienen superávit, o lo tienen negativo, no podrán gastar esas partidas para obras financieramente sostenibles. Es el caso de Alcoy, Albatera, Dolores, Jacarilla, Rojales, Tibi o Los Montesinos. En estos casos, esos consistorios disponen de remanentes de otros ejercicios y en la actualidad están sometidos a un plan económico financiero.
¿Qué tipo de obras se pueden hacer?
Falta por qué tipo de obras se pueden hacer y si el Gobierno cambiar el criterio de las denominadas obras financieramente sostenibles. Hay que recordar que en el primer decreto -el no aprobada- se apostaba mucho por la digitalización y la movilidad eléctrica o la eficiencia energética. En la actualidad, si se prorroga las normas vigentes, las obras que se podrían hacer son las siguientes:
Todas aquellas obras encaminadas a mejorar los sistemas de alumbrado, alcantarillado o recogida de basuras de la zona.
Acciones encaminadas al cuidado, el respeto al medio ambiente y la eficiencia energética (por ejemplo, colocar alumbrado público en base a farolas solares).
Inversiones destinadas al desarrollo y eficiencia de los modelos productivos, tanto en agricultura, ganadería y pesca como en otros sectores industriales y energéticos.
Mejora de infraestructuras, canales de comunicación y sistemas de transporte.
Cuidado de jardines, parques públicos y otras zonas verdes.
Rehabilitación de edificios de servicio público o que estén destinados a ser usados por la comunidad local.
Obras para la recuperación de zonas dañadas (por ejemplo, para reparar daños en infraestructuras provocados por el viento, crecidas de ríos, etc).
