Una de las terrazas instaladas por uno de los establecimientos de la Plaza de Gabriel Miró. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los vecinos del Centro Tradicional de Alicante reaccionan frente a la nueva regulación extraordinaria habilitada por el Ayuntamiento para favorecer la actividad de la hostelería durante el proceso de desconfinamiento. En concreto, el colectivo vecinal ha registrado una denuncia en los juzgados en la que acusan al primer edil, el popular Luis Barcala, de cometer un delito de prevaricación a través del decreto de Alcaldía dictado el pasado 13 de mayo, por el que se autoriza la ocupación de una mayor superficie de vía pública para reabrir las terrazas con el avance del departamento de salud a la Fase 1 de la desescalada.
Según pudo constatar este diario, en su escrito de denuncia, registrado este lunes, los residentes consideran que esa regulación municipal vulnera las condiciones establecidas a través de la Orden SND/399/2020 dictada por el Ministerio de Sanidad, en la que se establecen las condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración. ¿En qué sentido? En primer término, la denuncia del colectivo vecinal apunta que, a través de ese decreto y de sus sucesivas reformulaciones, se permite incrementar el área de vía pública destinada a la instalación de veladores sin supervisión municipal previa.
Según la denuncia, esa permisividad da "vía libre a que cada bar o restaurante ocupe suelo público según su buen entender". "Es algo que no cabe en derecho y ello porque la ocupación de la vía pública no es baladí", concreta la denuncia. "Es necesario que por parte del Ayuntamiento se analice si la ocupación entra en confrontación con otros derechos e incluso si es conveniente, por ejemplo, por motivos de salud pública, si no se puede dar el hecho de que se pueda ampliar una terraza hasta la puerta de un asilo o centro de día donde residen o visitan personas de alto riesgo de contagio del covid-19", abunda el escrito.
Así, el colectivo vecinal insiste en su escrito en que, a partir de ese nueva regulación excepcional, "se prescinde de cualquier procedimiento para la solicitud de ampliación de terrazas, eliminando la posibilidad de obtener cualquier permiso" con carácter previo, puesto que el decreto establece que "el permiso para la referida ocupación (de superficie) se entenderá concedido de manera automática".
El escrito, subraya, además que el decreto ampara también que locales que no disponían de veladores antes de la crisis del coronavirus puedan instalarlos ahora, pese a que la orden ministerial solo contempla la posibilidad de "reapertura", no la colocación de terrazas nuevas que no dispusiesen de permiso previo. Además, añade -al hilo de esta misma reflexión- que el decreto autoriza la ocupación de espacio reservado como franja de estacionamiento, previa presentación de un plano de ubicación, cuando -a juicio del colectivo- "cualquier concesión de suelo público, aunque sea temporal, debe analizarse previamente por el Ayuntamiento y ello para evitar arbitrariedades y aberraciones".
La denuncia insiste, además, en que ese decreto se ha ido ampliando y modificando con posterioridad para incluir otras posibilidades que, a su juicio, también incumplen los parámetros de funcionamiento establecidos en la orden de Sanidad. Como viene informando Alicante Plaza, el decreto se modificó en primer lugar para posibilitar también la ocupación de mayor superficie para la distribución de veladores en zona peatonal, siempre que se respetase el tránsito de la ciudadanía. Y, en segundo término, se volvió a adaptar para extender el horario de funcionamiento de los veladores: hasta la medianoche entre el domingo y el jueves, y hasta la 1:00 horas los viernes y sábados.
La denuncia sostiene que la regulación municipal contraviene la orden del Ministerio de Sanidad "a sabiendas y con el único fin de favorecer al lobby de hosteleros, que todos estamos de acuerdo en que hay que ayudar, pero no poniendo en peligro la salud de los demás"
La denuncia subraya, al respecto, que con esa extensión horaria no se consigue mitigar una pretendida concentración de personas. Es más, sostiene que, mediante esa regulación, "se da el hecho de que en la ciudad de Alicante habrá más terrazas, más mesas y sillas de bares y restaurantes que las que había antes de la pandemia, lo que provoca que haya en la calle más contacto social que antes, algo que va claramente contra el espíritu de la Ley en la que se basa para dictar estas resoluciones". Y además, "ello a sabiendas y con el único fin de favorecer al lobby de hosteleros, que todos estamos de acuerdo en que hay que ayudar, pero no poniendo en peligro la salud de los demás". Por ello, el escrito entiende que se dan los requisitos para que se instruyan diligencias por un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, en la medida en que, según la denuncia, se adopta una decisión injusta a sabiendas, y solicita al juzgado al que se turne la denuncia que abra el procedimiento correspondiente. Así, pide que se tome declaración al primer edil como denunciado.
Por lo pronto, lo cierto es que, hasta ahora, el equipo de Gobierno (PP y Cs), a través de las concejalías de Ocupación de Vía Pública, Hostelería y Seguridad, ha venido explicando que la Policía Local es la que se encarga de supervisar la instalación de las terrazas -una vez ya instaladas- para comprobar que su disposición cumple los requisitos de accesibilidad para los peatones, así como las condiciones de seguridad para el tránsito de vehículos (en el caso de las que se asientan sobre zona reservada al estacionamiento).
En esta línea, durante este pasado fin de semana -el primero desde que la ciudad de Alicante progresó hasta la Fase 1 del proceso de desconfinamiento- la Concejalía de Seguridad informó sobre el despliegue de un dispositivo de vigilancia especial, compuesto por 200 agentes de Policía Local, con el fin de supervisar el respeto de los aforos y las distancias entre mesas de las terrazas de la hostelería. Seguridad concretó este lunes que, entre sábado y domingo, se cerraron tres bares y se impusieron 17 denuncias a otros tantos establecimientos hosteleros por diversos incumplimientos respecto a las distancias de seguridad y aforos.
Sea como fuere, fuentes municipales apuntaron este martes, a consulta de este diario, que el equipo de Gobierno no tenía constancia de la denuncia ni de los términos en los que se presenta. En esta línea, las mismas fuentes subrayaron que "el marco de actuación que se ha seguido desde el Ayuntamiento en todas las decisiones adoptadas hasta ahora ha sido el de habilitar medidas para favorecer la recuperación de la economía de la ciudad en general y que siempre se ha actuado con el correspondiente asesoramiento legal".
La presentación de la denuncia no es la primera acción legal emprendida por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional contra el Ayuntamiento. El colectivo interpuso un contencioso por vulneración de derechos fundamentales frente a lo que consideran falta de control del ruido asociado a la autorización de locales hosteleros en el centro de la ciudad, que acabó con una sentencia a su favor, en la que se conminaba al Ayuntamiento a acordar la declaración de una Zona Acústica Saturada (ZAS) en el entorno de la calle Castaños. El Ayuntamiento -y ahora también los establecimientos hosteleros situados en ese entorno- recurrieron esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Ese recurso sigue en trámite, así como la petición de ejecución provisional se sentencia solicitada por los vecinos.
