Acceso al campus de la Universidad de Alicante de San Vicente del Raspeig. Fotos RAFA MOLINA ALICANTE. La Universidad de Alicante afronta una semana decisiva: el jueves 3 de diciembre, su comunidad educativa y administrativa elegirá al séptimo rector o rectora de su historia, al sucesor de Manuel Palomar. Lo hará en unas condiciones excepcionales, en medio de una pandemia, que el pasado mes de marzo agitó todo el sistema educativo español, con la particularidad de que la inicial convocatoria -prevista para mayo- se ha tenido que posponer hasta este diciembre. Se hará con voto presencial, pese a las múltiples voces que solicitaban una convocatoria telemática para evitar aglomeraciones de gente, y con dos candidatos en liza, José Vicente Cabezuelo y Amparo Navarro, ambos surgidos del equipo rectoral de Palomar.
Casi 30.000 personas que integran la comunidad académica están citados a las urnas este jueves: 25.635 alumnos; 2.552 profesores, y 1.383 integrantes del personal administrativo. Y son los que decidirán al rector o rectora que marcará el futuro de una institución con 203 millones de euros de presupuesto, pero con grandes incógnitas por resolver que lastran su presente y quién sabe si su futuro, si no se toman medidas para impulsar determinados procesos, más allá de afrontar cuestiones que afectan al sistema universitario español y valenciano, como la financiación o el encaje laboral de los profesores no asociados. Estos son los retos, que según Alicante Plaza, la Universidad de Alicante debe abordar en los próximos años.
La Universidad de Alicante se ha mostrado en los últimos años muy poco activa a la hora de atraer talento a sus instalaciones y ha tenido dificultades para retener el que tenía. O incluso, sacar más partido al talento. Quizás su principal exponente ha sido el nombre de Francis Mojica, considerado el «padre» de la técnica CRISPR, ha sido nominado a los Premios Nobel en el último año. Otros nombres que han sonado con fuerza en los últimos años han sido el de Javier García Martínez, Premio Jaime I de las Nuevas Tecnología, en 2014, o Fernando Maestre Gil, recién galardonado en 2020 con el Premio Jaime I a la Protección del Medio Ambiente. La última incorporación ha sido la vinculación de Nuria Oliver, que ubicará a su grupo de investigación de Inteligencia Artificial de la Red Ellis en el Parque Científico de la UA gracias a la aportación de la Generalitat Valenciana. Hay quien considera que el campus de San Vicente debería ser más ambicioso para atraer investigadores como elemento de motivación para los estudiantes de los últimos años de los grados. Y, a su vez, poner todos los medios a su alcance para retener el talento y sus trabajos de investigación. Y evitar casos como el de Juan Luis Nicolau, ex decano de la Facultad de Económicas, que fichó por la Universidad Politécnica de Virginia, en Estados Unidos.
Otro de los retos que tendrá que hacer el futuro rector es rejuvenecer a la plantillas de profesores. Muchos agentes que la Universidad de Alicante debe hacer un esfuerzo por incorporar profesores más jóvenes y con atractivo para el estudiando. La mayoría coincide que la cátedras se asumen cuando el profesor está en la parte final de su trayectoria, a partir de los 60 años, pero ello no es obstáculo para el campus pueda incorporar profesores más jóvenes y con trayectorias atractivas en empresas o instituciones. Ambos candidatos son conscientes de ello y deberán abordarlo en los primeros años de mandato.
Quizás sea el principal problema no sólo de la Universidad de Alicante, sino de todo el sistema universitario en general. ¿Cuáles son los objetivos de la UA? ¿Cómo se consiguen? ¿Y si son evaluables? Y en ese caso, quién debe velar por todo ello, si la Generalitat Valenciana como competente en materia universitaria, o el rector de cada centro. Se echa en falta, también en la UA, una modernización de los sistemas de trabajo y de los procesos. Parte de la comunidad universitaria se queja de la excesiva burocracia para que la iniciativa de un departamento pueda poner en marcha cualquier iniciativa, como permisos o autorizaciones por parte de órganos superiores. Y los plazos que se emplean, que se dilatan en el tiempo. A ello se suman otras obstáculos como departamentos duplicados, áreas que no aportan valor añadido o retiros dorados que se les otorga a determinados profesores. ¿Existe control de todo ello? ¿O se hace la vista gorda en determinados casos? Eso es lo que deberán decidir los futuros candidatos.
Aunque los candidatos defienden los procesos de transparencia de la Universidad de Alicante, hay lagunas, que a veces se entremezclan con los problemas de gobernanza. Decisiones básicas que tardan meses en resolverse con decisiones trascendentales que adoptan en los últimos consejo de gobierno (diciembre o julio) que apenas no son conocidos por la mayoría de la comunidad universitaria. Como dicen algunos testimonio, "mover papeles cuesta mucho; tomar decisiones importante, no tanto". Al margen de ello, hay una serie de asuntos pendientes, que afectan a colectivos del campus, como el personal administrativo, con los que las universidades hacen verdaderos malabares con muchas funciones externalizadas en fundaciones o empresas privada. En el caso de la UA, la última auditoría de la Intervención de la Generalitat ya detectó opacidad en terminados procesos como la gestión de los servicios y la cuantificación del personal que conforma el campus.
El 30% del personal administrativo de la UA es interino, cifra mucho mayor si vemos lo que sucede en el profesorado: el 58% es personal laboral, no funcionario, según los datos de los sindicatos de la Universidad de Alicante. Conclusión: el futuro rector o rectora deberá forzar la convocatoria de oposiciones para regularizar a buena parte de su personal. De lo contrario, se reproduce la situación actual.
La pandemia y la implantación de un sistema dual de clases, alternando presencialidad y sesiones telemática, ha desvelado problemas de evaluación en muchas facultades. Como comentan muchos profesores, los exámenes online se ha convertido en verdaderos coladeros de masivos aprobados, de ahí que una parte importante de la comunidad de profesores insiste en que es mejor que los exámenes sean presenciales y con controles de DNI. La recuperación de la presencialidad, en tanto en cuanto, remita la pandemia, puede hacer aliviar las quejas de los profesores, pero mientras el campus de la UA viva en esta excepcionalidad que es el sistema dual, deberá poner remedio para evitar que el nivel académico se degrade.
Aunque los dos candidatos dan por buena la forma con la que se convocaron las elecciones, de manera presencial, lo que parece impensable es que la Universidad de Alicante no haya sido capaz de buscar una solución al voto telemático. Vale que la empresa contratada para ello fue a concurso de acreedores, y fue imposible en la convocatoria electoral de mayo, pero en septiembre, cuando se activó el proceso, con la convocatoria de diciembre, la UA tuvo tiempo de sobra para buscar una empresa alternativa (la empresa quebrada tuvo un comprador del mismo sector), o para haber desarrollado un sistema propio, como hizo para implantar un sistema informático propio de clases online, sin depender de los grandes operadores de Internet.
Los dos candidatos defienden el sistema de sedes universitarias que la UA tiene distribuidas por toda la provincia de Alicante. Consideran que es una manera de estar pegado al territorio. La cuestión aquí es saber si las sedes cumplen su función de contenedores académicos (y culturales) o si se han convertido en una excusa para premiar retiros dorados de profesores. O destinarles a plazas de baja exigencia. El debate puede surgir con el tiempo.
Es un debate de todo el sistema universitario, y también muy relacionado con la Gobernanza. ¿Quién controla la empleabilidad de los alumnos? ¿Se consigue ese objetivo? Muchos voces han reclamado la necesidad de que las universidades, y en especial, la de Alicante, trabaje de manera más coordinada con el sector empresarial para conocer sus demandas y, por lo tanto, equilibrar su oferta con la demanda del mercado. El debate no es si sobre esta u otra facultad, no. Lo que se plantea es que cada grado debe cumplir unos objetivos de empleabilidad. Y si la Universidad de Alicante es un campus atractivo porque su territorio genera puestos de trabajo a los que nutre.
Al margen de estas nueve cuestiones, hay otras que han aparecido en el debate entre los candidatos durante éstas últimas semanas, como la movilidad (ahora, despejada con la bajada presencia de alumnos en el campus, o solventada parcialmente con la puesta en marcha con la Línea 2 del Tram) o la sostenibilidad del campus, una ciudad de 30.000 personas que con unos hábitos muy coincidentes. Pero en lo que coinciden la mayoría, e incluso los dos candidatos, es que la Universidad de Alicante necesita un impulso para convertirlo en un centro moderno, atractivo, digital y disruptivo antes las necesidades de su territorio frente a lo que da la sensación de que parece ahora: un elefante burocrático instalado en la zona de confort.
