Carlos Mazón, presidente de la Diputación.ALICANTE. La pequeña, pero trascendente modificación que hizo el Partido Popular en la Diputación de Alicante a principios de mes para ampliar los plazos de la justificación de la contabilidad de su grupo político, entre 2015 y 2018 -bajo el mandato de César Sánchez-, se abordará este viernes en sesión plenaria. Será en un pleno extraordinario, convocado a las ocho de la mañana para aprobar un informe que facilita que el partido que dirige Carlos Mazón, presidente a su vez de la institución, pueda acudir a una auditoría externa para justificar en qué se ha gastado la subvención pública de cada grupo político y si su gasto es acorde a la normativa de la Diputación. Hay que recordar que en esos tres años del mandato anterior, hay unos 440.000 euros transferidos al partido, y que el grupo Compromís considera que no están debidamente justificados, de ahí que lo haya denunciado ante el Tribunal de Cuentas y ante la Fiscalía.
Para poder acudir a un auditor que haga el trabajo de acreditación de esas cantidades, la secretaria ha elaborado un informe ex profeso. Y en él, se dice que que se trata de "otra modalidad de justificación es la prevista en el artículo 74 del referido Reglamento de Subvenciones, que como se ha comentado en el punto anterior es de aplicación supletoria, el cual prevé una reducción de la información a incorporar en la memoria económica a que se refiere el apartado 2 del mencionado artículo 72, siempre que la cuenta justificativa vaya acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas".
La decisión se justifica en que la Intervención carece de medios para realizar la auditoría de cuenta justificativa; que el control financiero de beneficiarios de subvenciones de la Diputación de Alicante no se realiza con medios propios, sino que se contrata con empresas externas especializadas, y que el personal que hace ese tipo auditorías está más especializado.
A juicio de Compromís, el informe contradice los anteriores documentos emitidos durante cuatro años por la propia institución y reconoce por primera vez que "efectivamente el Partido Popular llevaría diversas legislaturas justificando fraudulentamente ingresos al partido".
Compromís denuncia que, entretanto, a la coalición valencianista (como a otros partidos en la Diputación) se le ha abierto un procedimiento para devolver parte de su subvención en base a criterios que juzga como una vendetta por haber destapado este caso. Resulta extraordiario para los valencianistas que "se les exija devolver dinero previamente acreditado a todos los partidos mientras al Partido Popular se le abre un nuevo proceso a la carta para solventar irregularidades". Compromís ha recordado como "por norma general a cualquier asociación o ayuntamiento que no justifique correctamente una subvención en tiempo y forma se le obliga a devolver el dinero".
La coalición considera "escandaloso" la existencia de este informe y no entiende por qué al PP se le ofrece esta salida cuando el Tribunal de Cuentas y la fiscalía Anticorrupción están analizando ya los ingresos desde la Diputación en cuentas del partido".
Además ha recordado que este el informe incluso prevé un gasto para la administración pública para facilitar al PP un nuevo trato al contratar una auditoría externa a una empresa. “Que reciban un trato VIP después de reconocer que la justificación no es correcta es escandaloso, pero que el trato VIP además nos cueste dinero ya es injustificable”, ha destacado Compromís.
