Miembros de la corporación municipalEL CAMPELLO. El pleno ordinario del mes de junio de El Campello ha permitido el debate de asuntos que durante el estado de alarma no ha sido posible tratar, debido a la necesidad de ceñirse a los temas de urgencia y/o relacionados con la crisis sanitaria del covid-19. La sesión plenaria del jueves 25 de junio ha traído la aprobación -no unánime y con posturas contrarias- de dos puntos importantes para el municipio: por un lado, la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil y, por otro, el proyecto de explotación de la piscina municipal.
El protocolo general de actuación entre el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento para la construcción de un edificio para la Guardia Civil ha obtenido la aprobación, con los votos favorables del equipo de gobierno (PP, Ciudadanos y Vox), la abstención de RED y las negativas de PSOE, Compromís, Esquerra Unida y Podem. Antes de la exposición de motivos, el alcalde, Juanjo Berenguer (PP), ha expresado que la pretensión de llevar el tema adelante atiende al "posicionamiento estratégico dentro de las infraestructuras de seguridad que, entendemos, necesita el municipio".
La concejala de Vox, María José Sañudo, ha expresado que "en un municipio costero y eminentemente turístico como es el nuestro, la seguridad ciudadana debe ser condición indispensable y pilar básico en la gestión municipal", considerando que el "primer paso" para cumplir con este objetivo es "dotar de infraestructura a quienes velan por nuestra seguridad". Sin embargo, Eduardo Seva, portavoz del grupo municipal RED ha alegado que existen "otras prioridades, como que una quinta o sexta parte del municipio no tiene alcantarillado y otras necesidades que requieren de ese dinero".
En este sentido, el edil de Podem, Eric Quiles, ha hablado de prioridades: "Unos partidos priorizamos la sanidad, educación o transición ecológica y otros se quieren gastar el dinero de los presupuestos en la construcción de un edificio". Además, considera que "se debería invertir en los cuerpos de seguridad en los que tenemos total competencia que, en este caso, es la Policía Local, aumentando tanto recursos humanos como materiales".
Postura que secunda Pedro Mario Pardo, portavoz de EU, opinando que el tema está "fuera de contexto y viene como un capricho personal del alcalde, porque no se puede entender que teniendo deficiencias en el ámbito municipal, estemos destinando dinero a asuntos donde la responsabilidad es de otras instituciones". Ante estas declaraciones, el alcalde ha aclarado que "la aprobación de este punto no es excluyente, ya que se va a acometer la construcción de este edificio, así como otros temas".
Por su parte, el portavoz del PSOE, Vicente Vaello, ha recordado que el tema se remonta a "hace casi siete años" y que el convenio primero establecía que el Ayuntamiento pone el terreno y el Estado paga el edificio. "Sin embargo, nos llega una propuesta del equipo de gobierno donde se dice que, además de ceder el terreno -5.500 metros cuadrados-, costeará la construcción del nuevo edificio, que no nos corresponde pagar, sino que tendría que asumir el Ministerio de Interior", se queja.
En este sentido, desde Compromís, Cristina Boix no niega la "precariedad absoluta" en la que se encuentra la Guardia Civil, pero pide la retirada de este punto en el orden del día, alegando que ya existía un convenio previo. A pesar de esta petición, el Consistorio ha seguido adelante con el asunto después de votar su retirada, que ha obtenido los votos a favor de continuar del equipo de gobierno y la postura contraria de las formaciones opositoras.
La sesión plenaria ha contado con tres puntos en el orden del día que versaban sobre la piscina, dos llevados desde el equipo de gobierno y uno en forma de moción del grupo EU. Es, quizás, el apartado sobre el proyecto de explotación del complejo deportivo de la piscina y las instalaciones anexas el más notable y el que mayor debate ha suscitado, obteniendo un resultado favorable, con el sí de PP, Cs y Vox; las abstenciones de PSOE, Compromís y RED y los votos en contra de EU y Podem.
La aprobación de este punto supone "el primer paso para licitar el contrato de gestión del complejo deportivo y abrir, de una vez por todas, esta instalación, que es una prioridad para este equipo de gobierno y para la ciudadanía", ha expuesto el concejal de Deportes, Cristian Palomares (PP). Unas palabras ante las que Eric Quiles (Podem) se ha mostrado sorprendido, al no entender la "prioridad en un tema con más de una década de duración. No se cumplen las condiciones que creemos necesarias y el proyecto puede acabar de una forma bastante nefasta", justifica el voto de su formación política.
El servicio de mantenimiento se prestaría mediante gestión indirecta, es decir, a través de una empresa externa. Por este motivo, EU se posiciona contraria y expresa que el "error" del equipo de gobierno es "entender esta instalación como un complejo de una empresa privada que tiene que dar beneficios y no como un complejo deportivo que tiene que cumplir una labor social y de salud a nuestro pueblo". Asimismo, el concejal del grupo, Pedro Mario Pardo, recrimina que "vuelven a llevar un proyecto para 12 años donde la empresa gestionará unas instalaciones que le van a salir gratis, mientras que nosotros llevamos más de seis millones invertidos en la construcción y los terrenos están valorados en más de dos millones. Creo que el baño nos está saliendo bastante caro", anota.
Una consideración a la que se adhiere, desde el PSOE, Vicente Vaello, afirmando que "el mantenimiento de la misma está costando bastante dinero". Por su parte, Eduardo Seva (RED) alega que "se deberían analizar más los informes de viabilidad" y propone "una evaluación externa, por parte de técnicos que no sean de El Campello". Es Benjamín Soler quien, desde Compromís, plantea alternativas para la reapertura de la piscina: "No estoy apoyando la municipalización del complejo de la piscina, porque la mayoría sabemos que eso sería inviable. Pero no cierra la puerta a explorar otras opciones, como una explotación por lotes, lo que reduciría los años de explotación del complejo y el posible escenario de renuncia de un solo licitador".
