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rechaza la petición presentada por la fiscalía anticorrupción

Juicio del Plan General de 'Brugal': el tribunal acepta la retirada de la confesión de Ortiz

30/06/2020 - 

ALICANTE. El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia encargado de enjuiciar el presunto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el caso Brugal, ha admitido el escrito de renuncia al acuerdo de conformidad suscrito por el constructor Enrique Ortiz, presentado por su defensa el pasado 23 de junio, tras descartar la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, este lunes, en la que solicitaba que se dejase sin efecto la validez de esa retractación.

Tras un breve receso en el desarrollo de la vista para adoptar una decisión definitiva, la presidenta del tribunal, Monserrat Navarro, ha apuntado que, en los casos en los que no exista conformidad de todos los acusados en un juicio, debe escucharse a los interesados para que expresen si ratifican o no sus respectivos escritos de confesión en el inicio de la vista. En ese trámite, tanto Ortiz, como su hermano, Virgilio Ortiz, y Santiago Bernáldez (vinculado a las empresas del constructor), han confirmado que renunciaban a sus escritos de confesión.

Por su parte, el promotor ilicitano, Ramón Salvador, que también había alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con las acusaciones que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y Esquerra Unida (EU), sí ha ratificado ese pacto, con lo que acepta la pena acordada. Su condena, eso sí, queda aplazada hasta el momento en el que se dicte la sentencia para el conjunto de los nueve procesados.

En virtud de ese acuerdo, Salvador aceptaba tres meses de prisión por el delito de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, después de admitir haber negociado la recalificación de unos terrenos de su propiedad en el Pla de Xirau. Esa pena quedará en suspenso durante 2 años, tras el pago de una multa de 14.500 euros y una indemnización al Ayuntamiento de Alicante, por responsabilidad civil de la misma cuantía. Además, se le eximía de cualquier otra responsabilidad civil, dada su escasa participación en el conjunto de los hechos.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el resto de las acusaciones -que se habían adherido al escrito de la acusación pública en contra de la retirada de la confesión de Ortiz- han hecho constar su queja respecto a la decisión del tribunal. 

El juicio ha proseguido, después, con la exposición de las cuestiones previas, en el que el conjunto de las defensas prevén poner el acento en las supuestas incorrecciones cometidas en la instrucción de la causa.

En esta línea, el letrado defensor de Virgilio Ortiz y Santiago Bernáldez, Alejandro Bas, ha sostenido que sus dos representados figuraban como acusados a partir de una intervención telefónica captada a la esposa de Enrique Ortiz, por lo que ha solicitado que se anulase la autorización de esos pinchazos.

La defensa de Sonia Castedo, ejercida por los abogados José María Asencio e Ignacio Gally, ha pedido la incorporación de las distintas decisiones judiciales acordadas sobre el sobreseimiento de las diligencias seguidas a colación del llamado caso Rabasa en el que se investigó si el constructor Enrique Ortiz pudo haber influido en la exalcaldesa en la tramitación del Plan Parcial de Rabasa, en el que se preveía la construcción de 13.000 viviendas, primero, y el desarrollo de una tienda de la multinacional Ikea, después.

Acto seguido, ya en el planteamiento de sus cuestiones previas, los defensores de Castedo han alegado que se había vulnerado su derecho a la defensa en la medida en que, durante la instrucción de la causa, no se le notificó en tiempo y forma el levantamiento del secreto de sumario acordado en junio de 2011 para que pudiese acceder al contenido de las diligencias en el plazo de 20 días, pese a que ella misma había solicitado expresamente con carácter previo que se levantase esa situación. 

Según sus defensores, no se le notificó ese trámite porque, para entonces, tras las elecciones autonómicas de 2011, Castedo iba a renovar su acta de diputada autonómica, con lo que adquiría la condición de aforada y el juzgado que dirigía la instrucción en ese momento iba a perder la competencia sobre el asunto. Así, la defensa de la exalcaldesa ha solicitado la anulación de todo lo instruido en relación a esa anomalía.

Pero, además, también ha reclamado la nulidad de todas las escuchas en los que se sustenta la mayor parte de las acusaciones al no disponer de "autorización judicial previa para que se practicasen", según ha subrayado el abogado, José María Asencio. En esta línea, ha sostenido que los hechos investigados en esta causa fueron objeto de un "hallazgo casual" a partir de otra investigación, relacionada con la adjudicación de la contrata de residuos de Orihuela. Así, ha señalado que esas escuchas se obtuvieron "de manera ilícita" y que los hechos hallados debieron remitirse al juzgado que fuese competente en su momento, algo que, según ha remarcado, no se produjo.

En esta línea, Asencio ha insistido en su argumentación en que los hechos investigados en relación a la contrata de la basura de Orihuela no guardaban ninguna relación con el Plan General de Alicante y, pese a todo, no se dio traslado de las diligencias a su debido tiempo. Así, ha apuntado que todos los autos en los que se autorizaron las escuchas, se realizaron desde el Juzgado de Orihuela hasta el año 2010, sin tener en cuenta que se estaba autorizando pinchazos sobre hechos inconexos, lo que, en su opinión, supone "un fraude procesal". Esa situación, según ha expuesto, se atajó en cuanto el juzgado oriolano se inhibió y derivó la causa a los juzgados de Alicante, tanto por lo que respecta a las diligencias sobre el Plan Rabasa como sobre el conjunto del Plan General. 

La defensa de Castedo solicita la nulidad de las escuchas y de todos los autos al considerar que se causó indefensión

Así, ha reclamado la nulidad de todos los autos dictados a partir del año 2006 puesto que se emitieron desde el juzgado de Orihuela cuando no era territorialmente competente. Igualmente, también ha insistido en apuntar la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva y la existencia de fraude de ley, al instruirse las diligencias desde un juzgado que no era el que correspondía. Por ello, ha solicitado la nulidad de todos los audios y de todas las pruebas que se practicaron con posterioridad a partir de esas grabaciones. 

Además, ha abundado en que también se violó el decreto al derecho de las comunicaciones en la medida en que se intervino las conversaciones de Castedo y de otros acusados antes de que resultasen formalmente imputados. Igualmente, ha incidido en que las actuaciones debían haberse remitido al TSJ, por la condición de diputados autonómicos de los dos exalcaldes, para que fuese el alto tribunal el que autorizase esos pinchazos.

Al margen de ello, ha incidido en la inconcreción con la que se condujo toda la investigación, sin que se precisase en qué consistía el supuesto tráfico de influencias que se atribuye a su defendida. Así, ha subrayado en esa falta de especialización, con otra alusión al sobreseimiento del caso Rabasa, en el que, según ha concretado, se consideró que no existía delito, salvo que se considerase que todo el plan urbanístico fuese un delito. "Aquí sucede lo mismo, no hay delito salvo que se considere que todo el Plan General es el delito", ha enfatizado.

Por último, ha considerado que "no se ha respetado el principio de idoneidad", puesto que "todo se basó en conversaciones". "No hay referencia a ningún delito concreto", ha insistido. "Son todo alusiones a reuniones en las que se iba a compartir información sobre el Plan General, luego resulta que los registros no se realizan hasta años después, cuando esa información ya es pública", ha apuntado. Después, se ha referido a los viajes a Ibiza, realizados en el yate propiedad de Enrique Ortiz, para preguntarse si su propietario también debió pagar una especie de alquiler, como se considera que debió hacerlo la exalcaldesa como arrendataria.

La sesión se ha dado por concluida por este martes, tras el fin de la exposición de las cuestiones previas de la defensa de Castedo. En principio, el juicio se retomará el próximo 7 de julio, con horario de mañana y tarde.

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