Juicio al caso Comercio: los abogados municipales niegan el fraccionamiento frente al interventor

ALICANTE. La declaración de los letrados de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Alicante en la tercera sesión del juicio por el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio, celebrada este miércoles, viene a contradecir las apreciaciones formuladas por el interventor municipal en su testimonio del martes, lo que acrecienta aún más las dudas sobre si fue o no legal el procedimiento por el que se tramitaron los 25 encargos bajo sospecha, entre noviembre y diciembre de 2016, bajo el mandato del socialista Gabriel Echávarri (presentó su dimisión en abril de 2018).

El exprimer edil (que también ejercía como edil de Comercio en el momento de los hechos) y dos de sus asesores, Lalo Díez (jefe de Gabinete de Alcaldía) y Pedro de Egea (asesor de la concejalía de Comercio), se sientan en el banquillo de los acusados como supuestos responsables de un delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía solicita para los tres una pena de 10 años de inhabilitación, mientras que sus respectivas defensas plantean su absolución.

En la sesión de este miércoles se había programado la declaración de Manuel Cordón y Pablo Núñez de Cela, dos de los máximos responsables de la Asesoría Jurídica municipal. Es decir, el departamento adscrito jerárquicamente a la Alcaldía que se encarga de asistir para garantizar la seguridad jurídica de las decisiones municipales, por mandato directo del alcalde, del concejal en el que se delegue la competencia de Servicios Jurídicos, de la Junta de Gobierno o del pleno.    

El primero en prestar testimonio ha sido Manuel Cordón, el letrado jefe del servicio que firmó el informe jurídico solicitado a instancias del interventor municipal en el momento en el que trascendieron las dudas sobre el presunto fraccionamiento. Dicho informe, según Cordón, se elaboró con el fin de que se aclarase cuál es el procedimiento requerido para tramitar contratos menores y determinar cuándo existe fraccionamiento. Cordón -que ha explicado que él no redactó el informe, pero que sí lo suscribió al compartir plenamente su contenido- ha confirmado que en ese documento no se incluían conclusiones definitivas sobre si existió o no fraccionamiento de contratos. No se incluían porque resolver sobre esa cuestión "era una competencia de la intervención" y no se podía interferir en el ámbito de las funciones de otro órgano municipal, según ha explicado. "La Ley de Haciendas Locales establece que la competencia de control y fiscalización de cuestiones financieras es del interventor, por lo que no podíamos invadir ese ámbito", ha apuntado Cordón.

Sea como fuere, además, ha señalado que, después, tras mantener una reunión para tratar sobre el asunto con el propio Echávarri, le expuso que, en su opinión, "no existió fraccionamiento" y que en todo caso podía haberse producido una "irregularidad administrativa". A preguntas del fiscal, Felipe Briones, Cordón ha añadido que llegó a esa impresión tras analizar la memoria elaborada por el asesor de Comercio, Pedro de Gea, en la que pudo comprobar que los contratos no tenían una relación de interdependencia entre sí y que, por lo tanto, no constituían una unidad funcional. Con todo, ha señalado que esa opinión no se plasmó por escrito en un informe porque no se le solicitó desde Alcaldía, ni desde la Junta de Gobierno.

En esta línea, ha apuntado que si el interventor hubiese apreciado que existía fraccionamiento, debió haber emitido un dictamen de reparo, lo que habría permitido que se emitiese un hipotético informe para tratar de levantar ese reparo con una argumentación jurídica. Sin embargo, ese supuesto (el dictamen de reparo del interventor) no se dio. Se optó por plantear una solución alternativa: la anulación del procedimiento de pago de los 25 contratos por el procedimiento ordinario, para que se abonasen por el trámite de reconocimiento de crédito extraordinario.

A preguntas de los letrados de la defensa, además, ha reafirmado que, en el momento en el que se tramitaron los contratos menores objeto de controversia, sólo se requería para su tramitación la presentación de la correspondiente factura. También ha sostenido que el jefe de servicio de Comercio, Diego Agulló, había explicado que los servicios contratados se habían prestado y, además, a precio de mercado. Y, por último, ha precisado que "absolutamente nadie" le presionó para que actuase de un modo u otro en relación a los encargos de la polémica. "Ninguno de los alcaldes me ha manifestado presión alguna a lo largo de mi trayectoria", ha dicho.

Los letrados de la Asesoría Jurídica alegan que no incluyeron conclusiones en su informe sobre los contratos bajo sospecha porque el control y fiscalización de cuestiones financieras "es competencia del interventor"

Tras Cordón, ha comparecido el letrado asesor Pablo Núñez de Cela: el autor material del informe de la Asesoría Jurídica. Y como su predecesor, ha confirmado que en su opinión tampoco existió un fraccionamiento. En esta línea, ha coincidido en que así lo manifestó en esa reunión con Echávarri en la que participó junto a Cordón. Y también ha ratificado que el informe que él elaboró no recogía conclusiones ni se pronunciaba sobre la existencia o no de fraccionamiento porque ese extremo era de la estricta competencia del interventor.

Además, también ha abundado en que el informe se realizó para favorecer "una solución" como procedimiento extraordinario, ya que lo solicitó el interventor municipal cuando no tenía capacidad jerárquica para solicitarlo. "La Asesoría Jurídica depende de Alcaldía", ha ratificado, en la línea de las manifestaciones de Cordón. En todo caso, ha recalcado que aunque el informe lo hubiese solicitado el alcalde de manera directa (como hubiese sido preceptivo), su contenido habría sido el mismo: no se habría concluido si había o no fraccionamiento de contratos puesto que eso correspondía decidirlo al interventor. 

Respecto al papel de Echávarri, ha señalado que él era conocedor de que el interventor había pedido un informe a Asesoría Jurídica y que, cuando se planteó la solución de la anulación de los contratos, no puso ninguna objeción. En relación al procedimiento para tramitar contratos menores, ha señalado que la firma del concejal correspondiente es la última que sanciona el procedimiento y ha expuesto que un asesor municipal no puede firmarlos porque no tiene competencias para ello. En todo caso, "en el día a día de una concejalía se entiende que podría encargar su tramitación", ha dicho, "siempre que él fuese el vehículo transmisor de la orden del concejal".

Al ser preguntado sobre su opinión sobre la fórmula de los contratos menores ha señalado que debería aplicarse de forma "restrictiva". Eso sí, ha apuntado que se trata de un procedimiento de contratación "ágil, útil y legal". Y, por último, ha señalado que para que existiese fraccionamiento de contratos tendría que darse el supuesto de "conectividad absoluta" entre los encargos, sin que tuviese ninguna relación el hecho de que se tramitasen en una misma fecha o a un mismo proveedor.

Tras los letrados municipales ha comparecido la diputada autonómica de Ciudadanos (Cs), Yaneth Giraldo, quien fuese portavoz municipal del partido durante el pasado mandato. Su testimonio ha sido el más breve, ya que se ha limitado a explicar que presentó denuncia en los juzgados -como también lo hizo el PP- en relación a los hechos al tener conocimiento sobre las presuntas anomalías. Según Giraldo, de esas irregularidades tuvo constancia después de consultar la documentación de los contratos, cuando se llevaron a la Junta de Gobierno.

El cuarto en prestar declaración, también en calidad de testigo, ha sido el actual portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido: segundo teniente de alcalde y edil de Contratación en el momento en el que sucedieron los hechos. Su testimonio tampoco ha aportado hechos de relevancia para esclarecer la legalidad del procedimiento, puesto que se ha ceñido a explicar cuándo tuvo conocimiento del conflicto que se planteaba con los 25 contratos. 

Bellido ha apuntado que Echávarri le informó a él y al vicealcalde, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), sobre la existencia de "un problema administrativo" antes de la reunión de la Junta de Gobierno en la que se iba a tratar sobre la cuestión y que se trataba de dilucidar si la tramitación de esos contratos "se había hecho bien o no". Para ello, según ha recordado, se acordó requerir un dictamen al Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Generalitat. 

Después, al ser preguntado sobre cómo se tramitaban los contratos menores en las áreas en las que él ejercía competencias, ha señalado que procuraba que se solicitasen varios presupuestos en aquellos que se concertaban por un importe considerable.

La ronda de declaraciones se ha cerrado con la comparecencia de varios técnicos municipales adscritos a la Concejalía de Comercio. El primer de ellos, técnico de dinamización comercial, ha apuntado que lo habitual en la concejalía era pedir tres presupuestos cuando el importe a contratar superaba los 500 euros. Además, ha confirmado que despachaba los asuntos con el jefe de servicio, Diego Agulló, y que no firmaba ninguna factura que no hubiese encargado él mismo. En todo caso, también ha ratificado que si una factura se introducía en el sistema informático para que fuese firmada por el responsable político -el concejal del área- era porque ningún técnico la había rechazado previamente.

Acto seguido ha comparecido la jefa del departamento de Comercio, quien -a preguntas de la Fiscalía y de los abogados de las defensas- ha centrado su testimonio en la organización de la Gala de Premios al Comercio. Así, ha manifestado que el encargo relacionado con la organización del acto de la Gala en sí misma, fue tramitado por De Gea y que, por ello, se negó a firmar la aceptación de su factura. No obstante, ha admitido que ella sí había firmado las tres facturas restantes relacionadas con esos premios (los correspondientes al mantenimiento de la página web, la impresión de trípticos con las bases del concurso y las inserciones publicitarias) porque sí los había encargado ella de manera directa. No obstante, también ha señalado que en ediciones anteriores (no en la de 2015, cuando se organizó a través de una subvención) también se había procedido a tramitar cuatro facturas por separado con motivo de la organización de la Gala.

La jefa de Comercio también ha respondido sobre su declaración previa, durante la fase de instrucción, en relación al suplemento de crédito por el que la Concejalía de Comercio pasaba a disponer de un presupuesto extra de 200.000 euros. En esta línea, ha ratificado que ella advirtió de que la llegada de ese dinero era "un dardo envenenado", ya que no daba tiempo entre noviembre y diciembre para convocar concursos y contratar posibles actuaciones.

El jefe del departamento de Mercados, por su parte, ha señalado respecto a los contratos relacionados con mejoras en los mercados municipales que él regresó de días de vacaciones y no tenía conocimiento de que se hubiesen encargado. Además, ha señalado que ningún técnico quería firmarlos porque nadie los había tramitado.

Por último, el técnico auxiliar del mercado de Benalúa ha explicado que él sí informó a Diego Agulló de que se había concertado la contratación de cartelería para el mercado, antes de que se produjese su traslado a otro mercado.   

El juicio prosigue este jueves con la declaración de los representantes de las empresas beneficiarias de los contratos. El proceso finalizará el viernes con los informes de conclusiones.