SANTA POLA. El juzgado de Elche ha confirmado que el Ayuntamiento de Santa Pola deberá indemnizar a la empresa Centro de Salud del Agua con 1,8 millones de euros por las obras ejecutadas en el proyecto de la piscina cubierta (que todavía está sin acabar), pero no satisfechas por el consistorio en su día. Con esta comunicación, adquiere firmeza el fallo del TSJ que fijó el pago de una indemnización de 1,8 millones de euros tras la resolución del contrato entre el consistorio y la adjudicataria de la obra el 5 de noviembre de 2015. En un primer fallo, el juzgado ilicitano dio la razón al ayuntamiento, y estableció una cantidad de 540.000 euros a su favor. Sin embargo, ambas partes recurrieron ante el TSJ, quien elevó la indemnización a 1,8 millones de euros. Ahora, el fallo ya es firme -fue comunicado el pasado 12 de mayo-, por lo que Santa Pola deberá ejecutar el pago, más los intereses.
El proceso de contratación del proyecto arranca en 2006, cuando el equipo de gobierno entonces liderado por Miguel Zaragoza adjudica la obras de construcción y explotación de la piscina municipal por valor de 4,7 millones a cambio de una explotación de 40 años. Las empresas adjudicatarias eran: Midascon SL, Colaboradores de la Administraciones Públicas SL, Altius Levante SL, Altius Gestión de Instalaciones Deportivas SL y Altius Mediterráneo.
Las obras se paralizaron el 8 de enero de 2009 y el motivo fue que Midascon SL, que era la encargada de la ejecución material de las obras, entró en concurso de acreedores. Pese al compromiso de reiniciarlas, la obra quedó definitivamente paralizada. En septiembre de 2013, la junta de gobierno aprobó las modificaciones realizadas en el proyecto y elevó el presupuesto total de la contrata en 6,1 millón de euros. Entonces, la obra ya estaba ejecutada al 82%. El 2014, se inició el proceso de resolución del contrato ante los incumplimientos del contrato y se incautaron las garantías de la empresa. De esta manera, en 2015 se inició el proceso de liquidación con un cantidad resultante de 540.000 euros en favor del consistorio. Entonces, la empresa interpuso recurso que en principio, dio la razón al consistorio. Posteriormente, el TSJ elevó la cuantía hasta a los 1,8 millones.
El grupo de ediles del PSPV-PSOE es quien ha hecho público que el fallo ha adquirido firmeza y por tanto, advierte que la cantidad a satisfacer es más elevada, si se tienen en cuenta los intereses: 2.085.667,95 euros, según sus cálculos. En un comunicado de prensa, los socialistas consideran que "la incompetencia y las mentiras del PP (de la época de Zaragoza, en la que la actual alcaldesa era la concejala de Infraestructuras y el concejal de Hacienda y Contratación resulta ser el primer teniente de Alcalde en la actualidad) ha llevado al Ayuntamiento casi a la quiebra económica".
El grupo socialista recuerda algunos pasajes de las sentencias que han dado fruto a este fallo firme. "El Juzgado de Elche dice en su resolución que “la Administración – esto es, el Ayuntamiento de Santa Pola – incurrió en negligencia, a la vista de la tardanza en hacer los debidos requerimientos a la entidad concesionaria y tardar más de 6 años, desde la fecha en que tuvo conocimiento de la paralización de las obras, en resolver el contrato”.
También recuerdan que el TSJCV, en su sentencia, dice que "fue el 8 de enero de 2009 cuando el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la paralización de las obras de la piscina, y que ni siquiera le envió un triste escrito preguntándole a la constructora las razones de dicha paralización hasta que no pasaron 7 meses". "Hasta el 13 de marzo de 2013, es decir, 4 años y 2 meses después de la paralización, la Junta de Gobierno Local (en la que el PSOE no estaba ni tan siquiera invitado en aquellos momentos), no empezó con los trámites oportunos para reclamarles los daños y perjuicios a la empresa". "4 años sin hacer nada, y la piscina en ruinas. Pero, eso sí, en las campañas electorales bien que el PP anunciaba a bombo y platillo que terminarían la piscina. Lo que realmente hacían era engañar a todos/as los/as santapoleros/as", señalan en el comunicado.
Los socialistas hacen hincapié en que al concejal de Hacienda del PP "se le llegó a caducar el expediente administrativo por dejadez", y hasta que el PSOE no llegó al gobierno municipal, en junio de 2015, no se empezó a trabajar en serio por intentar solventar el marrón que el PP había dejado al pueblo de Santa Pola con la piscina cubierta. "Fue el PSOE el que solicitó los informes técnicos y jurídicos correspondientes, ya en agosto de 2015. Fue el PSOE el que acordó la liquidación provisional del contrato en septiembre de 2015 y, después, la definitiva en noviembre de ese mismo año", recalcan.
Para "mayor escarnio", insiste el PSOE, para el edil de Hacienda de entonces , el TSJCV dice en su sentencia, en relación con las supuestas subvenciones que el Ayuntamiento cobró en su momento de la Generalitat y de la Diputación, lo siguiente: “Si esta Sala no entiende mal, nos están diciendo que el objetivo era engañar a la Generalidad Valenciana y Diputación Provincial de Alicante para cobrar unas subvenciones, por tanto, no se podía certificar ni la proporción de obra realizada ni los precios reales. […] Respecto a las subvenciones (…) nadie ha demostrado a este Tribunal que las subvenciones existan, cantidades, condiciones, si se han pagado, cantidad en que han sido en su caso disminuidas. Denegamos cualquier petición relativa a este concepto”.
"Lo más curioso de la cuestión, es que los/as concejales/as socialistas nos hemos enterado de que esta sentencia es firme porque lo hemos solicitado por registro de entrada, pero del actual Equipo de Gobierno nadie ha llevado este punto al Pleno. Y creemos que la importancia de esta sentencia es razón más que suficiente para dar cuenta al máximo órgano de decisión del Municipio de Santa Pola", concluye el comunicado socialista.
