ALICANTE. La crisis del coronavirus ha destapado un dilema al que cada institución le está dando una solución con muchos matices: el de las obras públicas que promueven las administraciones y, por este extensión, la propia construcción privada. Ante tal dilema, la Federación de Obras Públicas de la provincia de Alicante (FOPA) ha logrado que la Subdelegación del Gobierno certifique que las obras pueden mantener su actividad siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto que justifica la declaración del Estado de Alarma.
De acuerdo con lo trasladado por la propia Subdelegación, y avalado así por FOPA, las obras pueden continuar cumpliendo medidas de higiene, salud y distancias de seguridad". Según ha comentado el presidente de FOPA, Javier Verdú, desde el lunes, el 98% de las obras de la provincia de Alicante están en marcha y si hay alguna que se ha paralizado es por discrepancias con las medidas de seguridad que se han esclarecido al momento.
Sin embargo, este miércoles, dos de las principales instituciones públicas, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Alicante, ambas gobernadas por el PP en coalición con Ciudadanos, han dado dos versiones diferentes sobre si deben continuar las obras públicas o deben paralizarse.
Así, el Ayuntamiento de Alicante ha dejado la decisión en manos de las empresas y para facilitar la decisión ha suspendido los plazos para que las empresas puedan implementar las medidas de seguridad que consideren oportunas. En teoría, según FOPA, la falta de medidas sanitarias sería puntual, pues la mayoría de los proyectos adjudicados están en marcha. La medida, aprobada por decreto de Alcaldía, pasa la pelota a las empresas: la medida trata de respaldar las decisiones que tomen las empresas en atención a la protección de sus plantillas suspendiendo los plazos contractuales de ejecución de obras públicas municipales en los supuestos en que las adjudicatarias así lo soliciten. La suspensión de los plazos contractuales se adopta inicialmente por un periodo de 30 días que -no obstante- podrá ser prorrogado si continúa la situación de emergencia.
Horas más tarde de adoptarse la decisión del Ayuntamiento de Alicante, la Diputación Provincial no ha conferido esa misma posibilidad a las empresas; es decir, que las obras deben continuar y sólo se paralizarán si no cumplen con las medidas sanitarias establecidas. Y que ese papel de control de que se cumplen las medidas lo ejercerá la propia corporación provincial. Así, en este contexto, la Diputación ha elaborado una batería de medidas a adoptar en las obras del Área de Cooperación en el marco preventivo actual generado como consecuencia de la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19. “Ante este nuevo escenario, se va a comprobar que en el ámbito de las actuaciones contratadas por el Área de Cooperación se estén aplicando las disposiciones precisas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores”, ha dicho el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez.
Las instrucciones han sido trasladadas a las direcciones facultativas y a los coordinadores de seguridad y salud. En ellas se establece el deber de valorar el estado de la obra desde la perspectiva de la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros ajenos a la misma. Si tras realizar este análisis se determina que no se puede garantizar la salud de los trabajadores se procederá a la suspensión de la obra.
Es decir, que ante un mismo dilema, dos soluciones: el ayuntamiento concede autonomía a la empresa, y le ha puesto facilidades; la diputación es la que ejerce el control y en caso de que se den las condiciones de seguridad, u otras que puedan afectar a la continuidad del proyecto, se paraliza.
