La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, y el alcalde, Luis Barcala, votan en un pleno, en imagen de archivo. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La modificación presupuestaria por un importe de 38 millones aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Alicante hace justo un mes prosigue su recorrido en los cauces que suelen resultar habituales, tras superar su fase de exposición al público. El bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) prevé rechazar los seis escritos de alegaciones presentados por colectivos vecinales y de comerciantes tras asumir el informe emitido por los técnicos de la Concejalía de Hacienda. En él, se concluye que esas reclamaciones no se ajustan a los supuestos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004 y, por tanto, no deben ser tenidas en consideración.
En realidad, esos seis escritos de alegaciones formulados por las asociaciones de vecinos del PAU-2, Nuevo Moralet, Federación San Gabriel Activa, Lo Cheperut y por el Colectivo de Comerciantes por Alicante comparten un objetivo común: todos reivindican la consignación de fondos para que se ejecuten proyectos en sus respectivos barrios o ámbitos de influencia. Justo aquellos que se incluyeron como compromisos políticos en la fase de negociación del presupuesto ordinario, a principios de 2019. Y a eso se aferra precisamente el informe de los técnicos de la Concejalía de Hacienda para descartar su incorporación: los cambios planteados no se refieren a cuestiones técnicas.
Así, la propuesta de rechazo se someterá al dictamen de la comisión informativa de Hacienda convocada para el próximo lunes día 14. Y esa misma propuesta de desestimación se elevará a la consideración del pleno de octubre (el próximo jueves 31) con la intención de que el cambio contable pueda entrar en vigor a partir de esa fecha.
A priori, aunque matemáticamente podrían hacerlo, nada parece indicar que los cuatro grupos políticos que ejercen labores de oposición (PSPV-PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox) vayan a unir sus 16 votos en esa sesión para bloquear su aplicación con sus respectivos noes. Por lo pronto, en el pleno de septiembre, los cuatro partidos se decantaron por la abstención, lo que dio alas a la modificación de crédito defendida por PP y Cs.
Nada parece indicar que la oposición vaya a unirse para impedir que el cambio contable entre en vigor
Eso sí, incluso en la probable hipótesis de que la modificación presupuestaria quede aprobada de forma definitiva, el bipartito seguirá teniendo que enfrentarse a un reto si cabe todavía más complejo: la licitación de las obras a las que se dota de fondos por un montante de 28 millones.
¿De qué actuaciones se trata? De los proyectos incluidos en las llamadas inversiones financieramente sostenibles, a ejecutar con el remanente del presupuesto del año anterior. Entre ellas figuran obras como la conexión ciclista y peatonal de la EUIPO a Urbanova por 3.033.350 euros; la renovación de pavimentación de calzadas por 2.999.511 euros; la reurbanización de la segunda fase de la avenida Padre Esplá por 2.500.000 euros; la reurbanización del barrio de Rabasa por 2.450.000 euros; la renovación de alumbrado para mejora de eficiencia energética en barrios y polígonos industriales por 1.964.769 euros; la mejora del polígono Llano del Espartal con 1.860.987 euros; la rehabilitación de instalaciones deportivas por 1.677.171 euros o la instalación de placas solares para la mejora de la eficiencia energética en centros escolares por 1.161.853 euros, entre otras.
Los concursos para encomendar todas esas actuaciones deben estar convocados entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre. Es decir, PP y Cs disponen de un margen de maniobra de solo dos meses para impulsar los correspondientes expedientes de contratación: un plaza más que ajustado que expone a ese departamento municipal a un esfuerzo adicional con el consiguiente riesgo de colapso. Todo, además, en un momento en el que el bipartito trata de lanzar los próximos presupuestos municipales de 2020, con el objetivo de que puedan aprobarse también antes de que concluya 2019 para no reducir plazos de ejecución. En el seno del equipo de Gobierno se confía en superar el doble reto sin excesivas dificultades. Por lo pronto, incluso el propio alcalde, Luis Barcala, viene sosteniendo que la mayoría de esas inversiones ya están preparadas para licitarse.
