La vicealcaldesa y líder de Cs, Mari Carmen Sánchez, y el alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, en el pleno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Tres debates especialmente sensibles, y no relacionados directa y exclusivamente con la ciudad de Alicante, han conseguido dividir -por primera vez de manera significativa y evidente- las posiciones mantenidas en el salón de plenos por los dos partidos que conforman el equipo de Gobierno: Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). Y el mérito (si puede considerarse como tal) se lo debe apuntar Vox, que habría conseguido que los populares les acompañasen en sus postulados, mientras Cs mantiene sus pretensiones de desmarque en busca del espacio político del centro.
La división de la posición de voto en el bloque del bipartito se ha desencadenado en el debate sobre la declaración institucional presentada por el partido de Santiago Abascal para solicitar que Alicante deje de estar considerado como municipio de predominio valenciano-parlante en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. También sobre una segunda propuesta defendida por Vox para que se impartan sesiones formativas y campañas publicitarias sobre los riesgos que supone el aborto para las mujeres.
Y, con antelación, en la propuesta defendida por Unides Podem EU para defender la legislación vigente en materia de educación sexual frente a las restricciones que promueve el llamado 'pin parental' defendido por Vox (y ya implantado en algunas autonomías como la de Murcia).
En las tres iniciativas, el PP se ha posicionado junto a Vox, mientras que Cs ha sumado sus cinco votos a los 13 de los grupos que conforman el eje progresista: PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís. ¿El resultado? PP y Vox han sido derrotados en las tres votaciones.
Por partes. En la defensa de la propuesta sobre el valenciano, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ha defendido que su propuesta trata de propiciar "la adaptación de la Ley a la realidad social", ya que, a su juicio, "en esta ley se miente, puesto que se dice que Alicante es un municipio valenciano-parlante". Así, ha señalado que "según la encuesta de 2015, el uso del valenciano es mínimo, de un 12,13%, frente al 84% del castellano; y eso en el ámbito familiar". Por ello, ha recalcado que la adscripción de Alicante a la zona valenciano-parlante "es un arma más de esa política expansiva de la lengua de la que hace gala Compromís", ha señalado.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha respondido que la declaración institucional es una muestra más de "los intentos de la derecha por volver a los tiempos del NO-DO y de romper el consenso constitucional". "Es un ataque al Estatuto de Autonomía y a la Constitución", ha incidido, "cuando lo que cabe es avanzar en la defensa de los derechos lingüísticos de los valenciano-parlantes que se ven vulnerados todos los días". "No se puede sostener de ningún modo que en Alicante el castellano esté en peligro", ha abundado. "El problema", ha señalado, "es que PP y Cs puedan secundar esa iniciativa; si la derecha se alinea en esa posición de la extrema derecha". Por último, ha llegado a tildar la propuesta de una traición a la historia y la tradición de Alicante y ha señalado que supone "escupir al escudo de la ciudad". Con todo, ha señalado que la iniciativa no tiene ningún recorrido político efectivo, ya que se queda en una declaración sin más consecuencias.
En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz de Unides Podem EU, Xavi López, quien ha insistido en la necesidad de defender la tradición valenciano-parlante de Alicante como seña de identidad. Además, ha anunciado su intención de proponer un reglamento municipal de uso del valenciano que no se planteó durante el pasado mandato.
El portavoz adjunto de Cs, Antonio Manresa, también ha reaccionado frente a la propuesta de Vox al considerar que se trata de "un elemento más de esta guerra de imposiciones". "El problema no es hablar; el problema es imponer, que es lo que está haciendo Compromís", ha enfatizado. Así, ha señalado que "la lengua no se puede imponer" y ha señalado que, en todo caso, "Cs estaría de acuerdo en apoyar una propuesta de reprobación frente al conseller Vicent Marzà por su política impositiva, pero no podemos apoyar una declaración que al final también acaba en el mismo resultado de imposición", ha enfatizado.
El portavoz de PSPV-PSOE, Paco Sanguino, ha manifestado "estar de acuerdo en que se debe ejercer la libertad, pero desde la responsabilidad de mantener un legado histórico". "Lo que ha reseñado usted del 12% representa 700 años de historia en esta ciudad", ha señalado. En esta línea, ha señalado que el PP ha mantenido el predominio lingüístico valenciano en Alicante con hasta 8 consellers distintos, por lo que ha planteado a Vox la posibilidad de retirar la propuesta. También ha retado al PP a no apoyar la iniciativa desmarcándose de Vox, en un gesto en el que no ha tenido éxito.
Por el PP, ha intervenido la edil de Educación, Julia Llopis, quien se ha mostrado sorprendida porque "al parecer ahora la culpa de lo que está pasando con la lengua la tienen las familias, y que no la tiene ni Compromís, ni el PSPV", ha dicho. "¿Cuándo comienza esa guerra plurilingüe? En el 2016, con la llegada del Botànic, que lo único que hizo fue robarnos a las familias el derecho a decidir", ha señalado. En esta línea, ha vuelto a acusar a Compromís de practicar "el sectarismo". "Hay que revisar esa zonificación, por eso las familias pedimos esa modificación, aunque lo cierto es que eso debería ser por familias y no por territorio", ha concluido.
El portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá. Foto: RAFA MOLINAEn la segunda de las declaraciones institucionales defendidas por Vox, relacionada con el asesoramiento y la publicidad sobre los riesgos que supone el aborto para la mujer, se ha vuelto a reproducir el mismo escenario. Ortolá ha insistido en la necesidad de facilitar mayor información para fomentar la prevención con el propósito de "preservar los derechos del nasciturus". Por su parte, los grupos del eje progresista han sostenido que las mujeres que se someten a un aborto en los supuestos legales que permite la legislación reciben una completa información sobre las consecuencias que conlleva esa decisión. Y en esa postura se ha sumado la edil de Igualdad y Juventud, María Conejero, desde las filas de Cs.
No obstante, la también edil de Acción Social (además de Educación), Julia Llopis, ha incidido en que, pese a que la redacción de la propuesta no es la que debería, el PP coincidía en el fondo del planteamiento y que debía apoyar que se facilitase más información sobre los riesgos de un aborto. Acto seguido, ha tomado la palabra el alcalde, Luis Barcala, para disipar dudas y explicar la posición de voto. Así, ha explicado que "en este pleno hemos debatido ya sobre la importancia de la educación y de la formación, así que no vemos qué problema existe en que se facilite más información desde esos ámbitos".
Por último (aunque, en realidad, ha sido la primera iniciativa en debatirse), el desencuentro entre PP y Cs también se ha producido en el debate sobre la propuesta formulada por Unides Podem EU para manifestar el apoyo a la legislación en materia de derechos de los niños y el rechazo a "cualquier tipo de censura educativa que posibilite a los padres privar a sus hijos de recibir enseñanza y formación en valores constitucionales como el derecho a la igualdad". En resumen, una propuesta hasta cierto punto preventiva frente al ya citado 'pin parental' defendido por Vox. En este debate, Cs también ha marcado distancias respecto al PP en sendas intervenciones protagonizadas por el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, y por la edil de Educación, Julia Llopis.
Santos Pérez ha defendido su apoyo a la propuesta al sostener que resulta imprescindible que se facilite información y formación sobre la diversidad sexual, religiosa e ideológica, y ha añadido que le hubiese gustado, por su experiencia personal, "que se le hubiese explicado qué es ser homosexual". Llopis, por su parte, ha defendido la propuesta de Vox al sostener que, en último término, de lo que se trata es de que "existe un problema con la educación, por la intervención de los partidos de la izquierda, que ha generado desconfianza en las familias".
Lo cierto es que en el transcurso del resto del pleno -de cerca de 8 horas de duración y, otra vez, marcado por un tono bronco y por el cruce de descalificativos- los dos socios de Gobierno se han mantenido alineados hasta el punto de llegar a compartir intervenciones a través de un único portavoz, como bloque. PP y Cs también han conseguido sumar a Vox a sus dos propuestas institucionales relacionadas con el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en la educación de sus hijos y para instar a Pedro Sánchez a explicar (y romper) sus acuerdos con "populistas, independentistas y herederos de ETA).
Juntos, igualmente, han rechazado la propuesta defendida por PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís para modificar el reglamento del pleno. E incluso las dos fuerzas no han tenido reparos en respaldar algunas de las iniciativas defendidas por los grupos progresistas como la creación de una comisión sobre el futuro del servicio de transporte público en autobús, otra sobre la isla de Tabarca y otra sobre la conservación de los BICs.
Así que, en principio, nada hace indicar que las diferencias puestas de manifiesto durante la sesión vayan a suponer el cese de su convivencia política al frente de la gestión municipal, pese a que este episodio se sume a otras fricciones ya desencadenadas desde la firma del pacto de gobierno: el proceso de elección del nuevo director del Teatro Principal, el recurso frente a la sentencia de la ZAS del Centro o la negociación del presupuesto, todavía pendiente de aprobación.
De hecho, la lectura de las coincidencias entre PP y Vox también podría calibrarse justo en esa dirección, a modo de intento de acercamiento para conseguir el respaldo que el bipartito necesita (gobierna en situación de minoría, con 14 concejales en una corporación de 29 ediles) para que su propuesta de planificación económica prospere con más votos a favor que en contra.
Sea como fuere, al margen del progreso que pueda tener la negociación del presupuesto tras el desenlace del pleno, y de la comparecencia del concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, para explicar el estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con los funcionarios para mejorar sus condiciones laborales, la sesión también sirvió para que el PP, Cs y Vox volviesen a rechazar otra propuesta presentada por el PSPV-PSOE para instar a la Diputación a sumarse al Fondo de Cooperación de la Generalitat.
En ese debate se produjo la primera intervención del mandato del concejal del PP y presidente de la Diputación, Carlos Mazón, en el pleno. El popular ha incidido en que, en las conversaciones que viene manteniendo con los representantes de la Generalitat, ya ha puesto de manifiesto que el equipo de Gobierno de la institución provincial (también compuesto por PP y Cs) solo promoverá su participación en ese fondo si se cumplen tres condiciones: que no sea de adscripción obligatoria, que se cambie el criterio de primar a los beneficios con más población, y que se resuelva la transferencia de las competencias impropias asumidas por la Diputación como la gestión del Doctor Esquerdo, el Hogar Provincial y el Instituto Pedro Herrero.
Y, por último, también merece mención aparte la falta de propuestas de acuerdo promovidas por el equipo de Gobierno sometidas a debate; la atribución de responsabilidades al interventor municipal en el bloqueo de la gestión municipal, que el bipartito ha deslizado en varios momentos del debate; así como la multitudinaria protesta llevada a cabo por los funcionarios, frente al incumplimiento del acuerdo de compromisos firmados por el alcalde, Luis Barcala, en la antesala de las elecciones municipales de mayo.
