Los terrenos del sector de Rabasa situados en los márgenes de la Avenida de la Universidad. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los propietarios del suelo premium de Rabasa, la franja de suelo libre situada a ambos lados del eje de la Avenida de la Universidad, ganan la batalla frente a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada por el tripartito en julio de 2017. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) acaba de estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo que esa agrupación de propietarios presentó hace dos años frente a ese cambio de planeamiento en una sentencia por la que levanta la restricción por la que se limitaba la posibilidad de desarrollar superficies comerciales solo en suelos urbanizables, situados en los márgenes de los llamados ejes estructurantes (básicamente las grandes avenidas de la ciudad). Dicho recurso se interpuso en paralelo al presentado por la sociedad Urbanika, propiedad del promotor Enrique Ortiz, con la que se inició la tramitación del llamado Plan Rabasa.
Los dueños de esos terrenos (una bolsa de cerca de 250.000 metros cuadrados en la cuadrícula que conforma el cuartel militar, el paraje de las lagunas de Rabasa, el trazado de la A-7 y la avenida de la Universidad) decidieron acudir al al alto tribunal, al tiempo que lo hacía Urbanika, al considerar que aquella modificación del PGOU (la número 35) coartaba las posibilidades de desarrollo de sus propiedades, adquiridas hace más de 25 años, sin tener ninguna relación ni vinculación con el suelo propiedad de Ortiz (concentrado fundamentalmente en el entorno de las lagunas de Rabasa).
En concreto, a través de esa modificación, se cambiaba la redacción del artículo 95 del PGOU para dar cabida sólo a la implantación de nuevas medianas superficies siempre que reuniesen ciertas condiciones, como que se circunscriban a esas avenidas principales de la red primaria y que se situasen en suelo urbanizable. Y esa es la circunstancia que no se cumple con los terrenos de ese grupo de propietarios, dado que todavía mantiene la calificación de suelo rústico (no urbanizables), al no haber llegado a tener efectos ni el denominado Plan Rabasa impulsado por las sociedades de Ortiz, ni la ATE Alicante Avanza que le sucedió después, en la que se contemplaba la instalación de una tienda de Ikea y un macrocentro comercial anexo.
Con la modificación, en todo caso, se supeditaba el desarrollo comercial del suelo a la presentación de un plan urbanístico con el que se promoviese la recalificación del suelo. Es decir, se introducía un paso previo que debería aprobar tanto el Ayuntamiento como la Generalitat (como en toda propuesta de recalificación) antes de que dicho proyecto comercial pudiese ser viable.
Ahora, la sentencia (adelantada parcialmente por el diario El Mundo en su edición de Alicante), anula la restricción que coartaba las posibilidades de futuro para el desarrollo comercial de ese suelo, sin que por el momento exista ningún plan definitivo para su transformación, según confirmaron representantes de la agrupación de propietarios consultados por Alicante Plaza. Desde el archivo de la ATE de Alicante Avanza tan solo se han registrado tanteos por parte de varios inversores, pero sin ninguna concreción definitiva, según las mismas fuentes.
De hecho, como viene informando este diario, Ikea no baraja ningún plan concreto a corto o medio plazo para la implantación de una de sus tiendas de gran formato ni en Rabasa ni en ningún otro punto de Alicante, ya que sigue apostando por la venta por internet y por otro tipo de formatos como los establecimientos urbanos, que faciliten la experiencia de compra de sus clientes.
Además, como también ha informado Alicante Plaza, cualquier proyecto para la implantación de una futura gran superficie en Alicante -y en el resto de la Comunitat- quedará limitada a las condiciones previstas en el Plan de Acción Sectorial Comercial de la Comunitat Valenciana (Patsecova) trazado por la Conselleria de Economía, de aprobación inminente.
En ese plan, entre otras condiciones, se limita el desarrollo de futuros complejos comerciales a que dispongan de una superficie máxima de 125.000 metros cuadrados. Por lo pronto, además, la sentencia del TSJ todavía no es firme. El Ayuntamiento de Alicante, ahora gobernado por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), podría recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) en defensa del acuerdo aprobado con los votos de PSOE, Guanyar, Compromís y del edil no adscrito Fernando Sepulcre. Sin embargo, ese hipotético recurso no parece probable en la medida en que tanto PP como Cs votaron en contra de la modificación del PGOU. Es más, los populares llegaron a presentar una enmienda (que quedó rechazada) para que sí se diese cabida a la implantación de centros comerciales en ese eje de suelo de Rabasa.
